Argentina: La Iglesia no es ni parte ni mediadora en el diálogo político

MENDOZA, 17 enero 2002 (ZENIT.org).- El arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia, aseguró que el diálogo político es el «camino necesario para encontrar soluciones válidas en medio de la tremenda crisis que vive la patria», pero precisó que «la tarea de conducirlo con éxito, corresponde al gobierno en sus diversas instancias, y no a la Iglesia».

En declaraciones publicadas por AICA, señaló, sin embargo, que «la Iglesia se ofrece como ámbito propicio para que dicho diálogo se realice a la luz y por impulso de valores humanos y evangélicos, que permitan y garanticen llegar a buen término. Cuando se comprueba y reconoce que la crisis es fundamentalmente moral, dichos valores y la conversión del corazón para vivirlos, son imprescindibles».

«La Iglesia, por tanto, no es una de las partes que establece el diálogo, ni actúa como mediador --aclaró--. Tampoco es una ONG más, entre otras; aunque reconoce que algunas de ellas, con sus asesores y larga experiencia, pueden ofrecer una valiosa ayuda para que el diálogo y la concertación se realicen con provecho».

En un mensaje titulado «La Iglesia y el momento actual», el prelado mendocino también se refirió al papel que debe cumplir Cáritas Argentina en la tarea asistencial a los más pobres, recordando que «en la gravísima situación social vivida, el Estado en todos sus niveles tiene un papel impostergable e irremplazable que cumplir, con la urgencia, creatividad, transparencia, austeridad y sentido social, que tanto se ha pedido y recomendado».

Monseñor Arancibia sostuvo que «la Iglesia, sobre todo a través de Cáritas, siente la obligación de expresar el compromiso libre, constante, generoso y abnegado de todos sus hijos, con renovado y privilegiado amor hacia los más pobres».

«Además --subrayó--, la Iglesia está dispuesta a colaborar con la ayuda oficial al Estado, sobre todo la que pueda realizarse a través de los municipios, si bien quiere empeñarse a toda costa para que esa colaboración sea ordenada a través de acuerdos previos y claramente establecidos».

En este sentido, el arzobispo ofreció una serie de condiciones que «conviene prever y determinar». A saber:

--Que la Iglesia pueda intervenir no sólo en la ejecución sino también en la preparación de los proyectos en los cuales colabora.

--Que el Estado no prometa ni comprometa ayuda en nombre de la Iglesia, y que por tanto se respete la libertad de la Iglesia para decidir en las obras que emprende.

--Que el Estado no aparezca derivando a la Iglesia la tarea que por su función propia y por la misma legislación le corresponde.

--Que no pida la intervención de la Iglesia sólo para garantizar la transparencia del manejo de fondos.

--Que las promesas de subsidio para obras de la Iglesia sea formulada con suficiente garantía.

--Que los agentes pastorales no sean usados sólo para repartir donativos.

--Que siempre la responsabilidad de cada institución quede establecida de antemano y se prevean las formas necesarias de control y rendición de cuentas.