CIUDAD DEL VATICANO, 28 enero 2002 (ZENIT.org).- ¿Qué debe hacer un abogado cuando un cliente recurre a sus servicios para alcanzar el divorcio, en ocasiones por motivos inconfesables?
A este interrogante respondió este lunes Juan Pablo II al encontrarse con los abogados y jueces del Tribunal de la Rota Romana, institución de la Santa Sede encargada, entre otras cosas, de pronunciar sentencia sobre causas de declaración de nulidad de matrimonio.
El pontífice afrontó de este modo una situación común en muchos países: el abogado es pagado para acabar con matrimonios. Una circunstancia que tampoco libera de problemas de conciencia a los jueces, que deben pronunciarse sobre este tipo de sentencias.
El Santo Padre comenzó enunciando el principio de fondo: «los agentes del derecho en el campo civil tienen que evitar estar personalmente involucrados en todo lo que pueda implicar una cooperación con el divorcio».
«Los abogados, al ejercer una profesión liberal, pueden declinar siempre el uso de su profesión para una finalidad contraria a la justicia, como es el divorcio», aclaró el Papa.
«Sólo pueden colaborar en una acción en este sentido –siguió diciendo– cuando, según las intenciones del cliente, no está orientada a la ruptura del matrimonio, sino a otros efectos legítimos, que sólo se pueden alcanzar en un determinado ordenamiento jurídico a través de la vía judicial».
El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2383, explica que «si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral».
El pontífice dejó claro de este modo, que la tarea del abogado no debe se la de destruir familias, sino la «de ayuda y reconciliación de las personas que atraviesan crisis matrimoniales».
De este modo, aclaró, los «abogados se convierten verdaderamente en servidores de los derechos de las personas, evitando ser simples técnicos al servicio de cualquier interés».
Es más complicada la situación de los jueces, pues como reconoció el Papa «los ordenamientos jurídicos no reconocen una objeción de conciencia para eximirles de pronunciar sentencia».
«Por tanto –explicó–, por graves y proporcionados motivos pueden actuar según los principios tradicionales de la cooperación material en el mal. Pero también ellos tienen que encontrar los medios eficaces para favorecer las uniones matrimoniales, especialmente a través de una obra de conciliación conducida sabiamente».
