Según un comunicado distribuido por la CMDH, el gobierno viola el «derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos», señalado en el artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, «al aplicarse programas de Salud Sexual y Reproductiva que contienen la esterilización forzada».
El organismo aseguró que «en distintas organizaciones se han recibido quejas de personas a las cuales se les ha aplicado el Dispositivo Intrauterino (DIU) sin consentimiento en las instalaciones del sector salud, en mujeres que realizan su parto en estas instituciones».
En este sentido, cita el caso de Rocío Garrido Juárez, a quien se le colocó un DIU inmediatamente posterior al parto, sin su consentimiento en el Hospital de Huejotzingo, Puebla, en el año 1996.
Otro testimonio registrado es el del Dr. Francisco Martínez Aguilar, que fue despedido por negarse a aplicar DIU’s a las mujeres que atendía por embarazo y que tuvieran tres hijos, estuvieran o no de acuerdo.
La CMDH aseguró «que las practicas de esterilización forzada, se llevan a cabo en nuestro país a partir de 1974 en que se dieron inicio a los programas de Planificación Familiar», y precisó que «la esterilización forzada es una política perversa y de corte totalitario».
Asimismo, denunció que estas prácticas coercitivas tienen como blanco las zonas de escasos recursos, donde «es muy difícil el acceso a la información y sobre todo de organizaciones que defienden sus derechos».
Según la organización, el sector salud «no frena estas prácticas y amenaza a los médicos con mantener el empleo» por «responder a las condiciones de apoyo económico que fijan organismos tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y las fundaciones pro-abortistas norteamericanas y neomalthusianas».
