En particular, los obispos católicos se dirigen «a la Comunidad Sudafricana de Desarrollo, a la Unión Africana y a las Naciones Unidas» para que emprendan, si es necesario «sanciones concretas».
El comunicado fue publicado al final de la sesión plenaria de la Conferencia de Obispos de Sudáfrica, el 11 de agosto.
«La situación de Zimbabwe de hambre y malnutrición, de violencia política, intimidación y uso inmoral de las ayudas alimenticias por parte del gobierno exige una más clara e inmediata intervención por parte del gobierno africano y por parte de la Unión Africana», afirmaron los obispos.
«Con más de tres millones de desplazados como consecuencia de la crisis de Zimbabwe, se ha creado una generación de exiliados y refugiados. No se puede dejar que esta situación continúe. El gobierno de Zimbabwe debe atender a su propia gente», añaden.
«Además, deben adoptarse decididas medidas por parte de la comunidad internacional para asegurar una honesta elección en Zimbabwe en 2005, especialmente a través de un seguimiento independiente internacional y regional del proceso de que precede a las elecciones, como requisito para que la misma elección sea válida».
El comunicado analiza en segundo lugar la situación de Sudán, donde «decenas de miles de personas han sido asesinadas y más de un millón han sido desplazadas en la región de Darfur, y a otras partes del país, como es el caso del distrito de Malakal, que en silencio afronta una violencia igualmente devastadora provocada por las milicias apoyadas por el gobierno de Jartum».
Una investigación de las Naciones Unidas informó el 6 de agosto que no hay duda de que el gobierno de Sudán es «responsable» de lo que ha sucedido en Darfur. «Nosotros mismo hemos sido personalmente testigos de algunas de estas atrocidades en nuestras visitas a Sudán», aseguran los prelados.
«Por este motivo, la Unión Africana debe asumir una acción particular contra el gobierno de Sudán y excluirle de todos sus órganos, como la Comisión de Derechos Humanos. Además, debe presionar al gobierno de Sudán para que aplique las disposiciones de la Unión Africana sobre buen gobierno y promoción de los derechos humanos».
Al concluir, los obispos constatan: «Con el aumento de la guerra contra al terrorismo, se da una continua erosión de una cultura de derechos humanos en el mundo de hoy».
«Pedimos a todos los miembros de la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad –exhortan los prelados– que trabajen juntos para acabar con las guerras y las divisiones, que promuevan la reconciliación, que exhorten a los líderes políticos a un gobierno trasparente y responsable, y que construyan comunidades y naciones en las que la gente pueda vivir con dignidad y en las que experimente una adecuada calidad de vida».
Los obispos confirmaron su compromiso para mantener contactos con los líderes eclesiales y políticos de Zimbabwe, Sudán y otros países de África para promover un final duradero de los conflictos africanos.
Con este objetivo, la Conferencia ha establecido un instituto de solidaridad y paz internacional.
