CIUDAD DEL VATICANO, lunes, 10 enero 2005 (ZENIT.org).- De acuerdo con el promotor de Justicia de la Ciudad del Vaticano, Nicola Picardi, una eventual adhesión al Tratado de Schengen permitiría adecuar este Estado a los niveles europeos y mejoraría la calidad de su administración judicial.
Picardi hizo su sugerencia el sábado, al intervenir en la inauguración del 76º Año Judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, en presencia del cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, y de los más altos cargos de la magistratura italiana, recoge «Radio Vaticana».
Como ya adelantó en año pasado, fenómenos como el terrorismo internacional sugieren un ajuste en el terreno judicial en el Vaticano, donde, según añadió, también se impone acelerar la resolución de los procesos penales.
Picardi señaló la desproporción actual entre el número de litigios tanto respecto a la población residente en el Vaticano como al tipo de delitos cometidos.
Según los datos que expuso, en Italia, de una población de 57 millones de personas, la relación media entre habitantes y procedimientos civiles es del 5,3%, y llega al 10% en la relación entre población y procedimientos penales. En la Ciudad del Vaticano –con 492 habitantes– la proporción se eleva al 86% en materia civil y hasta el 106% en materia penal.
Lejos de estar relacionadas con una «mayor litigiosidad» de quien vive en el Vaticano –con un porcentaje inferior al 2% de casos judiciales internos–, estas elevadas cifras se deben al paso por el interior de los límites vaticanos de 18 millones de peregrinos y turistas –sobre todo en la Basílica y en los Museos–, circunstancia que involucra la mayoría de las veces a extranjeros en los procesos, con las «consiguientes dificultades jurídicas y prácticas».
Citó el ejemplo del caso de las notificaciones de los hechos penales, que siguiendo por tradición la vía diplomática llegan a ser tramitadas en tiempos que van de un mínimo de seis meses a varios años, dilatando desmesuradamente los procesos. El resultado es que los litigios que llega a afrontar el Tribunal finalizan tras una media de 1303 días, según citó la emisora pontificia.
Para el promotor de Justicia del Vaticano la duración es «alarmante» y «anómala», y «tampoco puede ser justificada» por delitos particularmente complejos, pues la gran mayoría son hurtos –cuyos autores en un 90% quedan impunes–, apropiaciones indebidas, estafas y falsificaciones.
Este es el contexto en que Nicola Picardi sugirió medidas que permitan al sistema judicial vaticano funcionar de forma oportuna, autónoma e independiente, señaló la necesidad de una mayor valoración del papel del «Juez único» y de una mayor cooperación con los órganos judiciales y las policías del resto del mundo.
Desde esta perspectiva añadió que «merecería ser atentamente examinada la eventualidad de la adhesión del Estado de la Ciudad del Vaticano al Tratado de Schengen», que además de la eliminación de las fronteras internas prevé también la intensificación del «intercambio de información, de relaciones operativas, de iniciativas preventivas y represivas en tutela de la seguridad de las personas».
Las normas del Acuerdo de Shengen –forman parte de la legislación de la Unión Europea– reglamentan la libre circulación de las personas en el interior del espacio europeo. Busca suprimir los controles en las fronteras interiores entre los Estados signatarios mientras que refuerza los controles en las fronteras exteriores.
Con el fin de conciliar libertad y seguridad, esta libre circulación se acompaña de medidas «compensatorias» por las que se trata de mejorar la coordinación entre los servicios de policía, aduanas y justicia y de adoptar las medidas necesarias para combatir, en particular, el terrorismo y la criminalidad organizada.
