CALI, jueves, 20 enero 2005 (ZENIT.org).- A más de 35 años de cárcel han sido condenados, cada uno, dos acusados por el asesinato del que fue arzobispo de Cali (Colombia), monseñor Isaías Duarte Cancino, quien se había alzado con firmeza contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.
El prelado fue tiroteado el 16 de marzo de 2002 al salir de la iglesia del Buen Pastor, en uno de los barrios más pobres de Cali –la segunda ciudad más poblada de Colombia–, donde había presidido la celebración del matrimonio de un centenar de parejas.
Su muerte conmovió al país y al mundo católico porque, en su calidad de arzobispo, se convirtió en el representante de mayor jerarquía de la Iglesia asesinado en el país.
En el mismo suceso, el párroco Joaquín Córtez, quien acompañaba al arzobispo, resultó herido pero salvó la vida.
El lunes pasado, el juez de lo Penal Rubén Darío Plazas condenó a Alexander de Jesús Zapata Ríos –alias «Cortico»– a 36 años y 7 meses de prisión como «coautor de homicidio agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas», mientras que sentenció a 35 años y 7 meses de prisión a John Freddy Jiménez –«Basilio»– como «coautor determinador (servir de contacto) del homicidio en concurso con porte ilegal de armas», informa el diario colombiano «El Tiempo».
«Me alegro como ciudadano, como colombiano, que este crimen no quede en la impunidad como tantos otros magnicidios», manifestó el arzobispo de Cali, monseñor Juan Francisco Sarasti.
Más de medio centenar de testigos han intervenido en el proceso, dos de los cuales pidieron protección y fueron la clave, según el juez Plazas, para aclarar el crimen.
Según uno de esos testimonios, Zapata secundó el ataque al lado de Carlos Augusto Ramírez –«Calvo»–, quien fue asesinado el 10 de mayo del 2002 en la cárcel de Palmira.
Zapata Ríos y Ramírez Castro fueron vinculados al proceso el 15 y 16 de abril del 2002. Otro testigo, un hombre que ocho días antes de su declaración había ingresado al programa de reinserción, implicó a John Freddy Jiménez como supuesto enlace de las «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia» (FARC) para contratar a los sicarios.
De acuerdo con el diario, la decisión del juez Plazas no vincula de manera directa a la guerrilla de las FARC en la autoría intelectual, pero para la Fiscalía este grupo fue quien ordenó la muerte del religioso. Otras versiones vinculan a narcotraficantes en el crimen.
Desde la archidiócesis de Cali la condena se ha acogido con una «impresión positiva», según explicó el responsable de comunicaciones, el padre José González, en declaraciones al diario colombiano «El País».
«Es una condena de acuerdo con lo que ellos hicieron. Para nosotros los católicos y para Cali en general fue muy grave –reconoció–, pero cuando ocurren este tipo de sacrificios lo que espera la comunidad, la ciudad, es que por lo menos se vea a la persona responsable y la condena por lo que hizo».
En su opinión, por lo menos queda clara «la autoría material» del crimen. «La Fiscalía, particularmente la de Derechos Humanos, ha hecho un estudio exhaustivo, ha sido muy delicada y muy consecuente con la archidiócesis de Cali», apuntó.
En cuanto a los condenados, manifestó: «Para ellos hay que repetir la palabra que estaba preparando» monseñor Duarte Cancino «antes de que lo asesinaran: “Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”».
