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Ante los últimos hechos ocurridos en nuestro país en el ámbito político y jurídico y que crean en la ciudadanía desconcierto y perplejidad, los Obispos del Paraguay queremos ofrecer nuestra visión de Pastores.
Esta es una responsabilidad ineludible que la compartimos con todos los cristianos y personas de buena voluntad que quieren construir una nueva sociedad.
1. EL HECHO
La Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría suspender en forma temporal el considerando del fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral que inhabilita al Presidente de la República a asumir como presidente del Partido Colorado.
2. LAS SOMBRAS
Esta actuación del máximo tribunal de la República deja serias dudas en amplios sectores de la ciudadanía, sobre la legalidad de la decisión y sobre la actuación de los magistrados.
Los Obispos recogemos la preocupación e indignación que produjo la decisión judicial en los principales actores políticos y sociales de nuestro país.
Nos parecen atendibles las razones de forma y de fondo expuestas por los especialistas que hemos consultado para expresar que nos encontramos ante un hecho que significa violentar el espíritu y la letra del Artículo 237 de la Carta Magna.
Las circunstancias en que se produce la decisión de la Corte y la posición e influencia del recurrente proyectan sombras e incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial y daña los fundamentos de la institucionalidad democrática.
3. RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
Si todos los ciudadanos estamos obligados a respetar y a cumplir los preceptos de la Constitución y de las leyes de la República, los más altos exponentes de los Poderes del Estado deben dar el ejemplo en este sentido.
El accionar de los gobernantes debe ser transparente e incuestionable. Las sospechas de supuestas maniobras políticas y mañas jurídicas para ensombrecer claros principios constitucionales, socavan la autoridad moral de aquellos y ponen en duda la existencia de un Estado de Derecho.
En este momento de tensión política y de confusión, las autoridades del Gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben respetar la Constitución Nacional y las leyes que rigen la vida de nuestra Nación. De no ser así, estarán poniendo en peligro la propia institucionalidad de la República y conducirán al país hacia el totalitarismo o el caos.
La ciudadanía deberá estar siempre alerta y vigilante para exigir el cumplimiento y respeto a los principios constitucionales.
Estamos todos convocados a trabajar generosamente por el bien común y a asumir con decisión la necesidad de construir una sociedad más honesta, fraterna, solidaria y justa.
4. SOBRE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE
Los Obispos creemos que la Constitución Nacional de 1992 necesita ser reformada. Tiene artículos, instituciones y principios que deberían ser revisados cuidadosamente para favorecer el logro de un verdadero “Estado Social de Derecho” que permita el desarrollo y la concreción de mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la República.
Una Convención Nacional Constituyente debe ser el fruto de un amplio Pacto Social entre las entidades políticas, organizaciones intermedias y la ciudadanía organizada. La Constitución resultante será entonces fundamento motivador del “Proyecto País” que irá cristalizándose enleyes favorables al desarrollo de la nación.
Consideramos que en el momento presente no se dan esas condiciones para abordar una tarea que requiere consenso de la sociedad nacional.
Percibimos que no hay un ambiente ni las actitudes propicias para el diálogo. El debate público está polarizado, lo que no permite una discusión seria sobre los fundamentos para una reforma constitucional.
Además, las razones que se aducen y los mecanismos que se proponen para modificar la Constitución denotan actitudes oportunistas y un peligroso sesgo autoritario.
Como en la anterior Reforma Constitucional, los Obispos ofrecimos una Carta Pastoral en la cual presentamos orientaciones pertinentes al espíritu y el contenido de la Carta Magna, es nuestra intención hacer lo mismo ante una eventual convocatoria a una Convención Nacional Constituyente.-
Asunción, 10 de marzo de 2006
FIRMAN LOS OBISPOS DEL PARAGUAY
