MADRID, miércoles, 19 diciembre 2007 (ZENIT.org).- Continúan en España las detenciones de médicos y enfermeros –el 17 de diciembre las últimas–, acusados de delitos relacionados con abortos practicados no sólo fuera de la actual ley de 1985 –que despenaliza la interrupción del embarazo sólo en tres supuestos– sino fuera de casi todas las legislaciones existentes en Europa.
Algunos de los crímenes de que se acusa a los detenidos, descritos por los medios de comunicación, son especialmente espeluznantes, con niños abortados de hasta siete meses, que vivirían autónomamente fuera del seno materno.
Ante esta situación, el debate sobre este tema vuelve a la sociedad española, como en los años previos a la ley de 1985, con la particularidad de que el país se encuentra en precampaña electoral.
Movimientos pro abortistas piden al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una ley de plazos, que estaba fuera de su programa electoral. Ante esta presión de sus militantes, el primer ministro ha decidido reconsiderar el tema y estudia la introducción en España de una ley de plazos.
El Foro Español de la Familia y el Instituto de Política Familiar, según informaba ayer la agencia Veritas, califican la posibilidad de un cambio en la legislación sobre el aborto, para introducir un sistema de plazos, como «inconstitucional».
El Foro ha solicitado un «referéndum del pueblo español» en el caso de que se opte por cambiar la ley, señalando que «la vida humana desde el momento de la concepción constituye un valor protegido por el artículo 15 de la Constitución Española».
Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, recuerda que «el Tribunal Constitucional sólo admitió que se pudiese despenalizar el aborto cuando se acreditase la existencia de un grave conflicto entre la vida humana del no nacido y otros bienes o valores de igual rango constitucional», por lo que afirma que «una ley que permitiese el aborto libre durante determinado plazo sería inconstitucional».
Para el Instituto de Política Familiar, los delitos de los que se acusa a los detenidos constituyen un fraude de ley.
Este fraude de ley ha hecho que España se haya convertido en el «coladero» de Europa en cuando a abortos ilegales, ya que la señal primera de alarma, junto al trabajo de voluntarios españoles, la dio un reportaje de una televisión nórdica que avisaba de la cantidad de mujeres extranjeras que venían a este país para realizar abortos que sus legislaciones no permiten.
De hecho, la investigación sobre las mujeres que abortaron continúa y algunos tribunales de otros países están investigando, y llamando a declarar, a mujeres por la posible comisión de un delito de aborto ilegal en España.
El Instituto de Política Familia, ante estos hechos denunciados por los medios de comunicación, afirma que la norma «no se arregla cambiándola por otra ley, que aumentará aún más el número de abortos, sino combatiendo dicho fraude, eliminando aquello que provoca dicho ‘coladero’ e implantando medidas que remuevan los motivos que abocan a las mujeres al drama del aborto».
Por Nieves San Martín
