SANTIAGO, sábado, 19 abril 2008 (ZENIT.org).- Publicamos el mensaje emitido tras la 95ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile.
«El Señor ama la justicia y el derecho;
la tierra está llena de su amor» (Sal 32, 5)
Introducción: animar la esperanza. Ante la realidad social y cultural que vivimos hoy, la mirada de los cristianos es de fe y esperanza. Fuimos creados para compartir la felicidad, el amor, la vida y la paz de Dios. Buscamos estos bienes, y Dios nos guía en este camino. Por eso los buscamos con esperanza, apoyándonos en Jesucristo resucitado, que es nuestra esperanza. Es la esperanza en la vida nueva y plena que Él nos regala, y que la ofrece a todos. El presente se puede vivir de otra manera, de una manera nueva, cuando se tiene esperanza. Somos salvados en la esperanza, nos dice el Papa Benedicto XVI. «Es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo» (cfr. Spe Salvi, 26 y 27).
Desde estas convicciones, la situación política e institucional que vive el país, ha sido objeto también de nuestra oración profunda y de seria reflexión en nuestra Asamblea Plenaria. Anteriormente ya habíamos alertado sobre el progresivo deterioro de nuestra convivencia y los preocupantes signos de violencia en el hogar, los colegios y en la ciudad en general. Esta situación también se extiende peligrosamente a la arena de la discusión pública, en un año de elecciones. Al respecto queremos compartir algunas preocupaciones y desafíos.
1. Respeto por las personas e instituciones. La persona humana es el fundamento y fin de la comunidad política. Esto significa, ante todo, trabajar por el reconocimiento y el respeto de su dignidad, mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre para construir el bien común. La comunidad política contribuye a este objetivo cuando actúa a favor de la creación de un ambiente en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. En síntesis, ella está sólidamente fundada cuando tiende a la promoción integral de la persona y del bien común, en un clima del respeto por las personas y las instituciones (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 318-391).
A la luz de este principio fundante de toda convivencia social, nos preocupa el clima beligerante y el fuerte tono que se apodera del debate político, que puede afectar seriamente la orientación al bien común de la actividad y los proyectos públicos. Es sano proteger la libertad de pensamiento y de acción, es sano que exista un amplio espacio para el disenso y que ante los asuntos de Estado concurran distintas miradas que contribuyen a mejores proyectos y decisiones. Esto favorece y consolida nuestra institucionalidad. Pero la falta de respeto hacia personas e instituciones instalada como costumbre daña profundamente a una sociedad. El nivel de descalificaciones personales y agresión verbal que hemos oído a algunos actores políticos en las últimas semanas no se corresponde con la responsabilidad que la ciudadanía les ha confiado. Por otra parte, resulta arbitraria la costumbre de diversas autoridades y dirigentes políticos de evaluar positivamente a las instituciones cuando sus decisiones son de su agrado, y de rechazar su legitimidad, amenazar con destituciones y aun convocar a desconocer sus decisiones cuando no lo son.
Para vivir en democracia necesitamos no sólo la existencia de una Contraloría General de la República, que vele por la legitimidad de los actos de gobierno y de la administración pública, y también por su transparencia, sino además que ejercite sus funciones gozando del respeto y el apoyo que se merece en el cumplimiento de su tarea, que puede resultarles ingrata a quienes se vean investigados. En una democracia moderna el Tribunal Constitucional existe para velar por la adecuación de los preceptos y ordenamientos jurídicos a la Constitución. Sus fallos deben ser acatados, como los de cualquier tribunal. Sus miembros fueron nombrados responsablemente por quienes corresponde. Llamar a la desobediencia es un camino peligroso, que conduce al caos institucional. Otra cosa es el análisis de sus deliberaciones o estudiar proyectos para optimizar su institucionalidad.
A quienes se han visto agredidos por expresar sus convicciones, sea por su respeto a la vida o porque su conciencia de creyente les pide respetar la vida y el derecho de los padres a educar a sus hijos, les expresamos nuestra solidaridad y respeto y, al mismo tiempo los animamos en su testimonio. A todos los católicos, especialmente los responsables del bien común, les exhortamos a ser coherentes con sus creencias, particularmente en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la intangibilidad de toda vida humana ya concebida.
2. Respetar y acoger la vida. En medio de la pasión que ha despertado el anuncio del fallo del Tribunal Constitucional sobre la distribución y recomendación en el sistema público de salud de los métodos llamados «de anticoncepción hormonal de emergencia», también conocidos como «píldora del día después», creyentes y no creyentes concuerdan en que la vida es un bien que nos ha sido dada y que la debemos cuidar. Lo que la razón humana es capaz de reconocer por sí sola, la fe lo reafirma cuando postula que el ser humano es creación de Dios, por lo tanto una realidad sagrada poseedora de derechos, sobre todo el derecho a que se le respete su vida. Defender este derecho es la base de una sociedad auténticamente democrática y humana.
En efecto, no podemos olvidar la verdad que está en juego, la primera en materia de derechos humanos. Nadie tiene la potestad, en ninguna circunstancia, de dar muerte a una vida humana inocente, incluso pensando que así se están salvaguardando otros bienes. Por eso mismo, hay que proteger la vida que está por nacer, como lo afirma nuestra Constitución Política. Nuestro pasado reciente quedó marcado por el desprecio y por la defensa del derecho a la vida. Y lo que subyace en la discusión es si ese fármaco atenta o no contra una vida humana, la más indefensa de todas. No podemos retroceder en el respeto de este valor fundante de nuestra vida social. Tenemos que compatibilizar todos los demás derechos con este deber irrenunciable de la protección de la vida.
En medio de la discusión pública suscitada en torno al fallo del Tribunal Constitucional, cuya argumentación aún no ha sido dada a conocer, queremos reiterar nuestro compromiso permanente a favor de la vida del que está por nacer. Hay personas que basan sus reflexiones afirmando que no está demostrado que la píldora del día después sea abortiva. Pero, quien quiere proteger absolutamente la vida de todo ser humano exige que se demuestre que no impide su desarrollo. Y en esto, los mismos fabricantes dicen que puede inhibir la anidación.
Nuestro compromiso con la vida humana nos llama a rechazar tanto su distribución en el sistema de salud pública como su comercialización en farmacias. El amor y respeto por la vida nos motiva a pedir a todos los poderes del Estado que promuevan políticas públicas coherentes con el derecho a que se respete la vida, que es sagrada. Con la misma fuerza llamamos a la comunidad católica y a todas las personas y familias del país a promover, posibilitar y apoyar actitudes y conductas que reflejen el amor y respeto por la vida, lo que debe expresarse en las opciones cotidianas de la gente.
Tales opciones requieren de una forma adecuada y de un contexto favorable que debemos construir co
n generosidad entre todos y que debiera traducirse en que las familias puedan contar con ingresos suficientes, oportunidades de educación y empleo para acoger a los hijos y vivir en condiciones dignas. Si sabemos que la familia, comunidad natural donde se experimenta la sociabilidad humana, contribuye en modo único e insustituible al bien de la sociedad, ¿cómo avanzar hacia una sociedad que respete los derechos de la familia y esté a su servicio? (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 213, 252 y ss).
3. Campaña electoral que escuche y acoja la participación de la gente. Superar la «crispación» de la política y la violencia verbal, recuperando para la política su finalidad propia que es el bien común, en un clima de amistad cívica, resulta fundamental por el escenario electoral que se avecina. Es de esperar que los candidatos y sus partidos políticos ofrezcan al electorado un debate de altura, poniendo sobre la mesa los temas que afectan y preocupan a los habitantes de las comunas, sin populismo ni demagogia. La confianza de los electores hacia sus autoridades se construye a partir de la coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple. Los ciudadanos quisieran ver en los candidatos lo mejor de su vocación de servicio público: que antes de formular sus programas se acerquen a la gente, la escuchen y conozcan sus inquietudes, necesidades y angustias.
También a los votantes nos corresponde una crucial tarea como ciudadanos que asumen su responsabilidad en la construcción del bien común, cual es la de obtener una información adecuada antes de decidir, en conciencia, a qué persona confiaremos nuestra adhesión mediante nuestro voto. Esperamos que este debate, tan necesario a nivel de barrios y municipios, no se contamine con otras polémicas de coyuntura ni con otros procesos electorales de los cuales nos tendremos que ocupar en su debido tiempo. Esperamos que los próximos eventos electorales sean una oportunidad para que se exprese, también de parte de los jóvenes, el compromiso y la participación ciudadana que es «uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 190).
4. Amistad cívica, valoración del diálogo y los acuerdos. Creemos que no se han valorado en su justa medida los esfuerzos por establecer amplias bases de acuerdo sobre temas políticos, económicos y sociales, algunos de los cuales han derivado en mesas de diálogo cuyos frutos significativos celebramos y esperamos se multipliquen.
Abordar la tarea política requiere algo más que apego a los procedimientos formales. La convivencia política «adquiere todo su significado si está basada en la amistad cívica y en la fraternidad. El campo del derecho en efecto, es el de la tutela del interés y el respeto, el de la protección de los bienes materiales y su distribución según reglas establecidas. El campo de la amistad, por el contrario, es el del desinterés, el desapego de los bienes materiales, la disponibilidad interior a las exigencias del otro. La amistad civil, así entendida, es la actuación más auténtica del principio de fraternidad que se ha quedado en gran parte sin practicar en las sociedades políticas modernas y contemporáneas» y que es preciso potenciar para la política en Chile, por el bien de su futuro y de su gente (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
Necesitamos que se dignifique el servicio público. No hay otra misión más noble al servicio de la sociedad civil que favorecer el bien común, y preocuparse de manera preferente por el bien de los marginados y desprotegidos. Agradecemos a los que sin buscar sus propios intereses y con sacrificio se desempeñan en el servicio público, ya sea en el Estado o en otras instituciones que buscan el bien de la sociedad y de los sectores necesitados. Los ciudadanos quieren ver a sus dirigentes, de los diferentes partidos políticos, dialogando para solucionar los grandes problemas, y no en permanente disputa y descalificación. Y cuánto bien harían los medios de comunicación social si difundieran las grandes votaciones, casi de consenso, a las cuales llega ese diálogo a la hora de aprobar la mayoría de las leyes.
5. Probidad y transparencia. Gran parte de los debates más acalorados de la hora reciente se relacionan con denuncias de irregularidades en diversas instituciones, algunas con ribetes de escándalo. Y esto porque, «entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre los gobernantes y los gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 411).
Sobre todo hoy, cuando el país enfrenta una difícil situación económica y energética, que se traduce en un alza de precios de bienes y servicios que golpea duramente a los sectores más modestos, resulta incomprensible que algunas personas no cumplan de manera responsable sus tareas de servicio público, o peor aún, que abusen de sus cargos públicos o privados para obtener dividendos económicos, escalar en posiciones de privilegio o ejercer influencias ajenas al nivel ético que la sociedad les exige. Cuando se falta a la transparencia y a la probidad se erosiona la confianza pública, esencial para una sana convivencia. Hace algunos años los Obispos dijimos que esta «falta de confianza puede llegar a afectar nuestras legítimas esperanzas y aun la gobernabilidad del país» (Comité Permanente, 21 de marzo de 2003). A todos corresponde desplegar esfuerzos por construir una sociedad honesta y transparente, también a la Iglesia y sus organismos. Esperamos que las leyes de transparencia en la modernización del Estado y las propuestas recientemente hechas sean analizadas y ponderadas seriamente para avanzar en esta ámbito.
6. Soluciones que esperan. Este nuevo clima es del todo necesario para abordar otros campos que esperan pronta solución. Por eso, queremos hacer un llamado a autoridades y dirigentes a realizar todo lo que esté en sus posibilidades por resolver aquellas graves dificultades que enfrentan los sectores más pobres del país, y que continúan sin solución como una lista de asuntos «pendientes». Apreciamos la buena voluntad del Gobierno, del Parlamento y de sectores privados sensibles para avanzar en cuestiones de fondo, como la reforma previsional ya aprobada, las reformas legislativas acordadas en cuanto a la Educación, el Programa «Chile Crece Contigo» y otras iniciativas particulares, como la «Comunidad de Organizaciones Solidarias». Asimismo esperamos que los aportes del Consejo Asesor Presidencial de Equidad y Trabajo, que pronto conoceremos, den frutos de justicia social en materia de sueldo mínimo ético, de cancelación de imposiciones impagas, que se traduzcan en mayor bienestar para todas las familias del país. También esperamos creatividad y eficiencia para abordar las causas de los problemas de inseguridad que se viven en nuestras ciudades, y que afectan, a veces de manera dramática, sobre todo en las poblaciones pobres. Sabemos que diversas instituciones están abocadas a ello, y queremos recordar, con el Papa Juan Pablo II, que «los pobres no pueden esperar».
Sin perjuicio de los esfuerzos que se han hecho, hay algunos obstáculos que requieren una especial atención. Se trata de las problemáticas laborales que surgen desde varios sectores productivos y sociales, y que plantean la necesidad de no recurrir a la violencia, sino a un mayor diálogo y a acuerdos que armonicen el desarrollo, la productividad y la sustentabil
idad, por una parte, con la equidad, el bienestar y la paz social, por otra. Las crecientes demandas energéticas exigen con urgencia una política de Estado, con amplia y ponderada investigación, acompañada de la participación ciudadana; de este modo podrán superarse los desafíos éticos y de cuidado de la naturaleza que están implícitos. Además, resulta auspicioso que los temas indígenas comiencen a tratarse con una perspectiva más amplia, reconociendo que para Chile son una riqueza las aportaciones de las culturas de los pueblos originarios, y por tanto merece promoverse cuanto se haga para que tengan pleno acceso a una educación de calidad.
Son grandes los desafíos que el Señor nos ofrece a todas las personas de buena voluntad que tenemos la dicha de vivir en esta tierra. De un modo especial, a quienes compartimos la fe en Cristo nos cabe una crucial responsabilidad, pues de la adhesión a su Evangelio y de la vida nueva que brota del encuentro con el Señor surgirá la fuerza interior que será capaz de renovar las estructuras y transformar nuestra convivencia.
A la Virgen del Carmen, patrona de nuestra patria querida, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, y que siempre vela por los más débiles y afligidos, a ella confiamos nuestros anhelos y nuestras esperanzas.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile
Punta de Tralca, 18 de abril de 2008
