WASHINGTON, viernes, 16 enero 2008 (ZENIT.org).- La Unión de Libertades Civiles (ACLU) de los Estados Unidos ha presentado una demanda contra los fondos adjudicados por el Gobierno estadounidense al Servicio de Migraciones y Refugiados porque esta institución no promueve el aborto.
Monseñor John Wester, obispo de Salt Lake City, responsable de esta institución eclesial en Estados Unidos, ha denunciado la falta de lógica de esta demanda presentada este lunes.
La demanda denuncia el contrato que concedió el Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios (HHS) al Servicio de Migraciones y Refugiados para luchar contra el tráfico de seres humanos.
La ACLU aduce que el contrato es una violación, tanto por parte de la Iglesia como del Estado, porque no financia el aborto y la contracepción, como parte de sus servicios a las víctimas de tráfico de seres humanos.
El obispo Wester expresó su esperanza de que «el Departamento de Justicia de Estados Unidos monte una vigorosa defensa contra esta demanda inmerecida, especialmente porque puede dañar a los más débiles de nuestra sociedad, y a la libertad religiosa».
El prelado indicó que la red de servicios sociales de la Iglesia en Estados Unidos es excelente.
«El Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios lo reconoció cuando eligió [al Servicio de Migraciones y Refugiados] para implementar los esfuerzos dirigidos a afrontar la lacra del tráfico humano», aclara.
«El Servicio de Migraciones y Refugiados ha proporcionado de modo eficiente servicios humanitarios de la máxima calidad, en cooperación con numerosas agencias, ya sean confesionales o no. Más de 1.100 personas fueron atendidas, entre abril de 2006 y el 30 de diciembre de 2008», informa.
Los servicios que las víctimas del tráfico «necesitan desesperadamente», y que la Comisión Episcopal ayuda a proporcionar, incluyen «alimentos, refugio, servicios legales, coordinación con la ayuda legal, visitas médicas, tratamientos de salud mental, planificación segura, atención a los niños, ayuda para la inserción laboral, y acceso a beneficios por su situación, tales como ayudas públicas a los refugiados», explicó el obispo.
Y añadió: «Estos servicios sostienen la dignidad humana y la Iglesia desea contribuir a ofrecerlos».
«El ‘servicio’ que la ACLU querría forzar a pagar a los contribuyentes afectaría, en lugar de favorecer, a la dignidad de esta gente, en situación de extrema necesidad en nuestra sociedad. No ayuda a las víctimas del tráfico descalificar a la Iglesia, en su convenio con el Departamento de Servicios de Salud y Humanitarios sólo porque no ofrecerá servicios que faciliten el aborto o la contracepción», subraya el obispo estadounidense.
El obispo Wester explicó que el Tribunal Supremo ya había rechazado, con una sentencia de 1980, una demanda de la ACLU, en la que «indicó claramente que una ley o política no viola ‘la primera enmienda a Constitución, ya que esta logra «hacer converger o armonizar a quienes profesan algunas o todas las religiones».
«La limitación de fondos para el trabajo en este programa –concluye el prelado–, es simplemente una expresión más de un sentimiento, extendido en las políticas públicas, que se ha inoculado en las leyes federales durante décadas, tanto en los Parlamentos de las administraciones demócratas como republicanas».
Traducido del inglés por Nieves San Martín
