VIENA, martes, 21 de julio de 2009 (ZENIT.org).- La extensión de la objeción de conciencia a todas las temáticas éticamente sensibles ha aparecido como un desafío actual para el ejercicio de la libertad religiosa en Europa, en el seminario «Libertad de religión o de creencias», celebrado en Viena el 9 y 10 de julio.
Actualmente, sólo la objeción de conciencia relativa al servicio militar obligatorio está reconocida entre los compromisos de la OSCE.
Uno de los relatores que intervino en el seminario, la profesora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Italia, Ombretta Fumagalli Carulli, destacó la necesidad de la extensión de la objeción de conciencia.
En su opinión, debería reconocerse también en otras áreas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y la investigación con embriones humanos.
«En Europa, como en Norteamérica, son de hecho recurrentes los casos en los que médicos, farmacéuticos y enfermeros que se niegan a practicar abortos son despedidos», señaló en su discurso, del que se hace eco la edición diaria en lengua italiana de L’Osservatore Romano del pasado 17 de julio.
«Funcionarios son obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo o a dimitir -denunció–; jueces que han expresado la opinión de que la adopción de menores no debe permitirse a parejas homosexuales son alejados de la magistratura o destinados a otras funciones».
Fumagalli también aseguró en su discurso que la libertad de religión o de creencias se sigue violando a diario en la región de la OSCE, a pesar de los numerosos compromisos de los Estados miembros.
En este sentido, denunció «episodios de violencia por motivos religiosos contra cosas (particularmente lugares de culto y cementerios) y personas (incluidos homicidios)».
También persecuciones por parte de autoridades públicas (arrestos, incautaciones arbitrarias e ilegales), negaciones sistemáticas de los visados a religiosos y voluntarios y limitaciones indebidas a la importación y a la distribución de material religioso.
Entre los actuales desafíos de Europa, la profesora también se refirió a las condiciones para el efectivo y pleno ejercicio de la libertad religiosa en cuanto a los lugares de culto.
También indicó que «el sistema de registro de las confesiones, de por sí no conflictivo con la libertad religiosa, se ha convertido en un caballo de Troya para limitar una serie de derechos, como la posibilidad de tener en propiedad un lugar de culto, de instituir seminarios e institutos de formación para el clero, o de garantizar la asistencia espiritual en las cárceles, hospitales y fuerzas armadas».
Fumagalli habló de desafíos más intangibles al constatar que «también permanece en el fondo, por ahora silenciosa en la sede de la OSCE pero viva en circuitos culturales de sociedades secularizadas, la convicción de que las religiones, en lugar de factor de progreso y de bienestar, son un hecho negativo a combatir».
En su opinión, «la reedición, en términos modernos, de un tal ateísmo antireligioso, con la eventual pretensión además de que éste sea tutelado por la OSCE, consagrando un derecho a la supresión de la religión, significaría dar un paso en atrás».
Significaría, para la profesora, «volver a las opciones políticas de los Países del Este que garantizaban libertad sólo a la propaganda antirreligiosa».
Y advirtió: «Nos sumergiríamos entonces en una situación de falta de libertad que precisamente la OSCE ha contribuido a superar con sus logros en la salvaguarda e implantación de la libertad religiosa».
La profesora destacó que en el seminario celebrado en la sede de la OSCE «no se ha puesto en duda la función de las religiones en la construcción de la ciudad del hombre, pero no hay que bajar la guardia».
El encuentro «Libertad de religión o de creencias» ha sido organizado por la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE.
En él, los representantes de los Estados de la OSCE, y la Santa Sede como miembro participante, han abordado tres grandes temas: la salvaguarda de la libertad de religión o de creencias, el status de las confesiones religiosas y los lugares de culto.
Los participantes han estado de acuerdo en los logros establecidos a favor de la libertad de religión o de creencias, pero también han constatado que los gobiernos no hacen lo suficiente para que se cumplan esos compromisos, señala un comunicado de la OSCE.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) está conformada actualmente por 56 Estados miembros, de Europa (incluyendo la Federación Rusa, Turquía y todos los países de la Unión Europea), Asia Central y América (Canadá y Estados Unidos).
Participación de la sociedad civil
Antes del seminario, un centenar de representantes de la sociedad civil de toda la región de la OSCE instaron a los Estados participantes a «crear activamente una atmósfera en el espacio público en la que, con libertad de religión o de creencias, se pueda prosperar mejor y en la que las comunidades religiosas y de creyentes puedan participar en un pleno y fructífero diálogo».
Las organizaciones Observatorio para la Libertad Religiosa (de España), Alliance Defence Fund (EEUU), Paneuropa Union (Austria) y la plataforma christianophobia.eu les presentaron un documento con recomendaciones.
Los representantes de la sociedad civil celebraron también encuentros y un pleno con diversas intervenciones.
Una de las personas que intervino en este pleno fue el portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), Pablo Rodríguez, que expuso la situación de España respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
«En España no se ha llegado a un consenso en lo relativo a al concepto de «tolerancia», y la asignatura de Educación para la Ciudadanía que se imparte obligatoriamente en las escuelas ha provocado ya más de 15.000 familias objetoras, cifra no despreciable» declaró Rodríguez.
Lo dijo ante los enviados de los países miembros y los cientos de ONG internacionales presentes en la sala, según un comunicado del OLRC.
Rodríguez manifestó la preocupación del Observatorio por «la posibilidad de que, en España, determinados derechos que parecían consolidados se están viendo cuestionados en leyes recientes o borradores y proyectos de ley actuales».
Estas normas, explicó, «afectan a materias tan fundamentales como el derecho de los padres a que la educación de los hijos se desarrolle en coherencia con las creencias de los padres».
Materias como «la objeción de conciencia de los médicos, personal sanitario y farmacéuticos en cuestiones relativas al aborto y la bioética -añadió–, o la presencia de la religión, incluyendo sus manifestaciones externas, en la vida en comunidad y en la vida pública».
