CIUDAD DEL VATICANO, martes 3 de noviembre de 2009 (ZENIT.org).- Con «amargura» y sobre todo con «perplejidad» ha recibido la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos con la que ha condenado este martes a ese país por colocar crucifijos en las escuelas.
Un comunicado de prensa, emitido por la Oficina para las Comunicaciones Sociales de la CEI, basándose en una primera lectura de la sentencia, considera que en ella «se ha impuesto una visión parcial e ideológica».
El caso había sido planteado al Tribunal de Estrasburgo por Soile Lautsi, ciudadana italiana de origen finlandés, que en año 2002 había pedido a la escuela estatal «Vittorino da Feltre» de Abano Terme (Padua), en la que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento.
Según la sentencia de Estrasburgo, el gobierno italiano tendrá que pagar a la mujer un resarcimiento de 5.000 euros por daños morales.
La primera sentencia de la historia de este tribunal en materia de símbolos religiosos en las aulas de clase considera que la presencia del crucifijo en la escuela constituye «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y de «la libertad de los alumnos».
Según ha anunciado el juez Nicola Lettieri, que defiende Italia en el Tribunal de Estrasburgo, el gobierno italiano presentará un recurso contra la sentencia.
El comunicado de prensa del episcopado italiano considera que esta sentencia «suscita amargura y muchas perplejidades».
«Ignora o descuida el múltiple significado del crucifijo, que no sólo es un símbolo religioso, sino también un signo cultural –añade la nota–. No tiene en cuenta el hecho de que, en realidad, en la experiencia italiana, la exposición del crucifijo en los lugares públicos está en armonía con el reconocimiento de los principios del catolicismo como parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, confirmado por el Concordato de 1984», que regulas las relaciones Iglesia-Estado en ese país.«De este modo, se corre el riesgo de separar artificialmente la identidad nacional de sus orígenes espirituales y culturales», aclara.
Según el episcopado, «no es ciertamente una expresión de laicidad, sino una degeneración en laicismo, la hostilidad contra toda forma de relevancia política y cultural de la religión».
Por su parte, el jurista Giuseppe Dalla Torre, rector de la universidad LUMSA de Roma, considera en declaraciones al servicio de información de la CEI, SIR, que el argumento del tribunal constituye un «razonamiento equivocado basado sobre un presupuesto: el crucifijo puede obligar a una profesión de fe. Sin embargo, el crucifijo es un símbolo pasivo, es decir, no obliga en conciencia a nadie».
