ROMA, viernes 4 de marzo de 2011 (ZENIT.org).- Negar la libertà religiosa “mina toda aspiración democrática, favorece la opresión y ahoga a toda la sociedad, que puede explotar con resultados trágicos”.
Monseñor Silvano M. Tomasi, observador de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, lo afirmó este miércoles interviniendo en la XVI Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos del Hombre sobre la Libertad Religiosa, celebrado en la capital suiza.
El prelado recordó que la libertad religiosa “es un valor para la sociedad en su conjunto” y que comporta consecuencias sociales como “coexistencia pacífica, integración nacional en las situaciones pluralistas de hoy, mayor creatividad dado que los talentos de todos se ponen al servicio del bien común”.
“Un clima de libertad religiosa real se convierte en la medicina para prevenir la manipulación de la religión con propósitos políticos de conquista del poder o de mantenimiento del mismo, así como la opresión de los disidentes y de las comunidades y minorías religiosas diferentes”, afirmó.
De hecho, subrayó, la discriminación y las luchas religiosas, “raramente, si las hay, no son solamente el producto de la diferencia de opiniones y prácticas religiosas. Bajo la superficie hay problemas sociales y políticos”.
En este sentido, lamentó la “creciente proliferación de episodios de discriminación y de actos de violencia contra personas y comunidades de fe y lugares de culto en muchas regiones geográficas diferentes del mundo”, subrayando que el conflicto religioso “es un peligro para el desarrollo social, político y económico”.
También, indicó, “polariza a la sociedad, rompiendo los vínculos necesarios para que florezcan la vida social y el comercio”, “produce una violencia que priva a las personas del derecho más fundamental de todos, el de la vida” y “siembra semillas de desconfianza y amargura que podrán superarse sólo en generaciones”.
Papel del Estado
El prelado recordó que el Estado “tiene el deber de defender el derecho a la libertad religiosa y tiene la responsabilidad de crear un ambiente en el que este derecho pueda ser disfrutado”.
Como establece la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de toda forma de Intolerancia y de Discriminación basada en la Religión o en las Creencias, “el Estado tiene que realizar muchos deberes en el funcionamiento diario de la sociedad .
Por ejemplo, observó, “no debe practicar la discriminación religiosa – en sus leyes, en sus políticas, o permitiendo de facto la discriminación por parte de empleados públicos”, sino “promover la tolerancia religiosa y la comprensión en la sociedad, un objetivo que puede lograrse si los sistemas educativos enseñan a respetar a todos y los sistemas judiciales son imparciales en la implementación de las leyes y rechazan la presión política dirigida a asegurar impunidad a quienes perpetran crimenes contra los derechos humanos contra los seguidores de una religión particular”.
El Estado debería también “apoyar todas las iniciativas dirigidas a promover el diálogo y el respeto mutuo entre las comunidades religiosas”, reforzando sus propias leyes “contra la discriminación religiosa – vigorosamente y sin selectividades”.
Debe también “proporcionar seguridad psicológica a las comunidades religiosas que son atacadas. Debe animar a la mayoría de la población a permitir a las minorías religiosas practicar su fe individualmente y en comunidad sin amenazas ni obstáculos”.
Percepciones falsas
“Para recoger los beneficios sociales de la libertad religiosa es necesario elaborar medidas específicas que permitan florecer el ejercicio prácico de este derecho”, subrayó monseñor Tomasi, llamando la atención sobre “tres percepciones falsas” sobre la libertad religiosa y de creencia.
En primer lugar, explicó que “el derecho a expresar y practicar la propia religión no se limita a los actos de culto”, sino que incluye “el derecho a expresar la fe a través de actos de servicio caritativo y social. Por ejemplo, prestar servicios sanitarios y educativos a través de instituciones religiosas”.
En segundo lugar, “las comunidades de creyentes tienen sus propias normas para cualificar a alguien para un cargo religioso, y para servir en las instituciones religiosas, incluidos los servicios de caridad”.
Estas instituciones “son parte de la sociedad civil, y no de los poderes del Estado”, por lo que “los límites que la ley internacional plantea a los Estados con respecto a las cualificaciones para los funcionarios y los servicios públicos no se aplican automáticamente a los actores no estatales”.
Por último, añadió, “existe el temor de que respetar la libertad de elegir y practicar otra religión, diferente de la propia, se basa en la premisa de que toda verdad es relativa y que la propia relición no válida de modo absoluto”.
“Esto es un malentendido”, concluyó monseñor Tomasi. “El derecho de adoptar, y de cambiar, una religión se basa en el respeto de la dignidad humana: el Estado debe permitir a toda persona buscar libremente la verdad”.
