CIUDAD DEL VATICANO, lunes 7 de marzo de 2011 (ZENIT.org).- El cardenal Attilio Nicora, presidente de la Autoridad para la Información Financiera – organismo instituido por el Papa con un Motu proprio – como director al abogado casacionista Francesco De Pasquale, según ha informado hoy la Santa Sede.
De Pasquale, 62 años, tiene una experiencia de más de veinte años en cuestiones monetarias, prevención y lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, además de ser experto en la valoración del grado de conformidad de los ordenamientos estatales con los estándares internacionales antiblanqueo.
En un entrevista concedida a Radio Vaticano, el profesor Marcello Condemi, profesor de Derecho Económico de la Universidad G. Marconi de Roma y miembro del Consejo directivo de la Autoridad para la Información Financiera, comentó el nombramiento y la actividad de la Autoridad, subrayando que los poderes de esta última “están diseñados por el artículo 33 de la ley número CXXVII en materia de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo”.
A su constitución (ver www.zenit.org/article-37794?l=spanish) ha seguido la construcción material de la Autoridad por parte del Pontífice, que “en tiempos rapidísimos ha procedido a buscar y a nombrar las personas que constituyen el Consejo Directivo”, órgano fundamental para el funcionamiento de la Autoridad, pues a éste tocan, como dice el Estatuto, “todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria”.
El Consejo Directivo es también “responsable de la organización y del funcionamiento de la estructura de la Autoridad, cuya autoridad programa, dirige y controla”, que consiste, en síntesis, “en a prevención y en la lucha contra el reciclaje de fondos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo”.
El nombramiento por parte del Papa de las personas que componen el Consejo – en primer lugar lugar el presidente, cardenal Nicora – el 19 de enero de 2011, es decir, sólo después de 20 días de la publicación de la ley antireciclaje (el 30 de diciembre de 2010), ha permitido a la Autoridad, “en espera de la entrada en vigor de la ley n. CXXVII en materia de anti blanqueo, fijada para el 1 de abril de 2011”, “empezar a trabajar de cara a las delicadas tareas que le esperan”.
Tras haberse dotado de una sede, “fijada en términos de Estatuto en el Estado de la Ciudad del Vaticano, y concretamente en Palazzo San Carlo”, se está dedicando a revisar las entidades que “por características tipológicas y operativas, se considera que son susceptibles de vigilancia anti blanqueo.
El abogado De Pasquale, subrayó Condemi, es “una figura de gran nivel profesional”, y desde 1990 ha sido miembro de la delegación italiana en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Respecto a la prosecución por parte de la Santa Sede del camino hacia la adecuación del propio ordenamiento a los estándares internacionales en materia de anti blanqueo de capitales, Condemi indicó que la ley aprobada por el Papa “constituye una sólida base normativa de prevención”.
“Baste pensar en la introducción del delito de autoblanqueo, que no podrá dejar de producir efectos relevantes también en el frente de la identificación de las eventuales operaciones sospechosas”, indicó.
En las pasadas semanas, además, la Santa Sede se ha dirigido a MONEYVAL, un organismo del Consejo de Europa vinculado al GAFI, expresando “la propia determinación de proseguir en el camino emprendido”, y manifestó la propia disponibilidad a adherirse formalmente a los organismos internacionales dedicados para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y, por tanto, a los modos con que éstos trabajan”.
Ante la próxima entrada en vigor de la ley vaticana, el profesor Condemi explicó que la Autoridad “está trabajando tenazmente” para poder “recibir eventuales operaciones sospechosas que le pudiesen llegar, tratarlas como prevé la ley y enviarlas, en los casos necesarios, a la Autoridad judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
“El camino está ya trazado y la Autoridad se está moviendo con rapidez, aunque con las dificultades de una institución naciente, en el cumplimiento de las leyes fuertemente queridas, en primer lugar, por el Sumo Pontífice y por su Secretario de Estado, en el surco de la misión pastoral a la que está llamada la Iglesia, que no puede dejar de reflejarse también en la transparencia de las relaciones económicas y financieras”, concluyó.
