Por Antonio Gaspari
ROMA, lunes 2 abril 2012 (ZENIT.org).- El 27 de marzo, en el europarlamento de Bruselas, en el ámbito de la segunda «semana europea por la vida», organizada por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) y por el Partido Popular Europeo (PPE), Sophia Kuby, directora ejecutiva de la European Dignity Watch* denunció el uso de ingentes fondos de la Unión Europea (UE) para asociaciones y programas evidentemente contrarios a la vida y a la familia.
Kuby hizo preguntas candentes, como «¿Es verdad que las ayudas al desarrollo y a la salud reproductiva de la UE son utilizados para practicar los abortos en los países en vías de desarrollo?».
«¿Hay negligencia en estas financiaciones o la UE lo hace conscientemente?». «¿Es aceptable que la UE utilice los fondos de los contribuyentes para financiar tales programas?». «Si hay negligencia, ¿qué medidas se propone tomar la UE para prevenir los abusos?».
La exponente de Dignity Watch pidió respuestas claras por parte de la Comisión.
En apoyo de la propia denuncia, la European Dignity Watch presentó el detallado informe The funding of abortion through EU developmente aid. An Analysis of EU’s Sexual and Reproductive Health Policy** en el que se documentan las financiaciones de la UE y la estrecha colaboración de la Comisión europea con la International Planned Parenthood Federation (IPPF) e la Marie Stopes International, las dos principales asociaciones que practican el aborto a nivel mundial.
Tales organizaciones abortistas no son las únicas entre las sostenidas por los fondos europeos.
Tras la presentación del informe, muchos eurodiputados se han dicho disponibles a apoyar a la European Dignity Watch a fin de que la Comisión de la UE responda y sobre todo ponga fin a una «financiación controvertida e ilegal en un sector sobre el que no hay ni competencia ni consenso».
El informe de Dignity Watch muestra de manera inequívoca que la UE es con diferencia el mayor donante mundial de fondos para asociaciones que practican abortos, políticas antivida y anti familia, con casi el 56% de la financiación total.
La financiación a las asociaciones antivida pasan a través de los fondos para el desarrollo y para la salud reproductiva. Para el periodo 2011-2013, la UE ha dispuesto 280 millones de euros para programas de mejora de la salud sexual y reproductiva en los países en vías de desarrollo.
Como es bien conocido, detrás del término salud sexual y reproductiva se esconden prácticas de interrupción del embarazo, difusión de contraceptivos abortivos, intervenciones de esterilización, etc.
Según la investigación de la European Dignity Watch, solo en 2007 la UE ha financiado los proyectos de la Marie Stopes International con 3,5 millones de euros más 9 millones de euros para los años 2005 y 2009. Con estos fondos del IPPF y la Marie Stopes International han promovido programas abortivos en Bangladesh, Camboya, Indonesia, Kenia, Sudáfrica, Papua Nueva Guinea; Bolivia, Guatemala y Perú.
Además, para esquivar las legislaciones antiaborto de Bangladesh, Indonesia y algunos países sudamericanos, han empleado un lenguaje ambiguo y mentiroso, es decir programas dirigidos a la «regulación menstrual».
Según Sophia Kuby, la Comisión debe explicar a los estados miembros cómo es posible que sean utilizadas ayudas al desarrollo para practicar abortos y políticas antivida.
El informe de la European Dignity Watch concluye invitando a la Comisión a garantizar «alimentos, agua potable, salud e instrucción a los niños en dificultad, en lugar de reducir su número».
