La Administración Obama –en un último intento de suavizar diferencias con las Iglesias y confesiones- anunció una propuesta de modificación de su definición de «empleador religioso», para ostensiblemente excluir a algunas organizaciones del controvertido mandato del Sistema de Salud (HHS), que ha generado una agria polémica del gobierno con representantes religiosos y en especial con los obispos católicos de Estados Unidos. El citado mandato, que ahora se pretende suavizar, obligaba a todos los empleadores a proporcionar a sus empleados la posibilidad de acceder a tratamientos contraconceptivos.
En respuesta, la Asociación Médica Católica (CMA), la mayor asociación de médicos católicos de Norteamérica, anunció que estudiará cuidadosamente estas nuevas normas propuestas por el HHS y emitirá posteriormente una declaración más detallada.
Hay que tener en cuenta que esta es la cuarta revisión de la política propuesta por la Administración bajo el título Interim Final Rules, de 11 de agosto de 2011.
«Pero ninguna revisión de sus políticas será suficiente, a menos que aseguren que todos los estadounidenses, no sólo los de organizaciones religiosas reconocidas por esta Administración, tienen garantizada la libertad de conciencia en su vida diaria y en su trabajo. Es hora de que el gobierno de Obama obedezca y respete a la Constitución y deje de tratar de analizar quién está calificado para disfrutar de la libertad religiosa», afirma en un comunicado la CMA.
«La CMA –añade el comunicado- se propone una plena y completa restauración de los derechos de conciencia y libertad religiosa que han sido minados por las políticas de la Administración Obama».
Para mayor información: http://www.cathmed.org.
Por su parte Shenan Boquet, presidente de la organización provida Human Life International (HLI), aseguró que a pesar de las recientes propuestas de modificaciones a las políticas de Barack Obama, exige que sea abolida «toda la ley».
Las propuestas de modificaciones al Acta de Cuidado Asequible, del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS), supuestamente permitirían que los empleadores de organizaciones religiosas no pagaran seguros que incluyen medicamentos abortivos y anticonceptivos a sus trabajadores.
En un comunicado emitido el 4 de febrero, Boquet aseguró que «no sólo este último arreglo no es aceptable, sino que toda la ley sigue siendo una afrenta a los derechos humanos, especialmente al derecho a la vida».
El líder provida aseguró que «a pesar de que subsisten muchos interrogantes sobre lo que estas reglas propuestas (no definitivas) significan, y cómo serán implementadas, no vemos evidencia de que la Administración Obama tenga ninguna intención de escuchar a las voces disidentes».
«La componenda (compromise) propuesta incluye pequeños cambios marginales, muy probablemente destinados a reenviar el problema a los tribunales, en vez de simplemente admitir el derecho fundamental a la libertad religiosa, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», advirtió el presbítero.
Para el presidente de HLI, «mientras parece que algunas entidades adicionales pueden recibir alivio al injusto mandato, otros, tales como negocios con fines de lucro, y organizaciones sin fines de lucro a las que el gobierno considera insuficientemente religiosas, están aún sujetos a coerción».
«No está claro si Human Life International y organizaciones similares estarán protegidas de ser forzadas a participar en acciones que encontramos moralmente aborrecibles», indicó.
El padre Boquet señaló que el problema fundamental «permanece sin respuesta», pues «la secretaria del HHS, Kathleen Sebelius, tiene un poder casi ilimitado para hacer cualquier cambio de las reglas, cuando considere necesario, con poca supervisión del Congreso, y con nuevas estructuras masivamente burocráticas que tanto fortalecen como esconden los muchos aspectos antivida de la ley».
