El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas ha emitido recientemente un informe en el que insta al Principado de Andorra a legalizar el aborto. En su escrito, este comité «hace notar con preocupación» que «la interpretación del derecho a la vida en la Constitución» de este país es «una limitación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres» y «exhorta» al Estado a «despenalizar el aborto y facilitar el acceso al aborto legal en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, violación, incesto y malformación fetal grave».
Estas recomendaciones son fruto de la comparecencia de la delegación andorrana ante el comité del CEDAW a principios del mes pasado en Ginebra, según ha informado el Diari d’Andorra esta semana.
En el documento, entre otras cuestiones este organismo de la ONU pide también al pequeño Estado que «garantice un acceso asequible para las mujeres y las niñas a los métodos modernos de anticoncepción y las eduque sobre los riesgos del embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA».
El CEDAW tiene una agenda que cumplir para implantar la ideología de genero y el supuesto derecho al aborto en todo el mundo. En este sentido, el comité pretende tener resueltas y recogidas todas estas cuestiones de cara al próximo informe que ha de entregar Andorra en octubre de 2017. Aunque la delegación andorrana esperaba las referencias sobre el aborto, las observaciones de las Naciones Unidas van mucho más allá de lo previsto, al afectar directamente a su Constitución, al derecho a la vida y pedir su despenalización.
Andorra, fundada en el 824, es un país independiente y de habla catalana situado en la frontera entre Francia y España, al norte de Cataluña y en plena cordillera pirenaica. Miembro de la ONU a partir de 1993, año en que se aprueba en referéndum la actual Constitución democrática –el 14 de marzo-, desde 1607 el Principado cuenta con dos copríncipes que ostentan la jefatura del Estado, que reinan, pero no gobiernan: el obispo de la Seu d’Urgell y el jefe del Estado francés, representado por el prefecto del departamento de Pirineos Orientales. Hasta 1981, el poder ejecutivo residía en el Consejo de los Valles, organismo que desde ese año pasa a ser titular del legislativo, mientras que un jefe del Gobierno es titular del ejecutivo y responsable ante el Consejo. Dotada Andorra de una moderna Constitución, el gobierno ejecutivo es escogido por los componentes de la Cámara andorrana elegidos en sufragio universal.
El sistema de copríncipes permite ahora ejercer la jefatura de Andorra, conjuntamente con el representante del jefe del Estado francés, al arzobispo Joan-Enric Vives, titular también desde el 16 de junio de 2003 de la diócesis de Urgel. Nacido en Poblenou, en Barcelona, Mons. Vives ha sido secretario del arzobispado de Tarragona y ha sido también coadjutor de la Seu d’Urgel con el anterior obispo Joan Martí Alanis, figura clave en la modernización política de Andorra.
