El Gobierno de España ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley del aborto, la segunda reforma desde su despenalización en 1985, que sustituirá a la actual ley de plazos que permite la finalización del embarazo hasta la semana 14, y que está en vigor desde 2010.
La nueva norma, presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.
El ministro de Justicia ha defendido en numerosas ocasiones la reforma de la ley con el fin de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985.
La resolución del alto tribunal garantizaba los derechos de la mujer y los del no nacido, mientras que la actual legislación aprobada durante el Gobierno del Partido Socilista (PSOE), señala el ministro de Justicia, sólo protege los de la madre.
La actual norma establece el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre o graves anomalías en el feto, siempre que en este único caso haya un dictamen emitido por dos médicos distintos a los que practican el aborto. Tampoco hay límite de tiempo en caso de anomalías incompatibles con la vida o de enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.
El Gobierno siempre ha defendido la vuelta a una ley de supuestos como la de 1985, que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en caso de violación, hasta 22 semanas en caso de malformaciones en el feto y sin límite si la salud física o mental de la madre estaba en riesgo.
Según ha avanzado Ruiz-Gallardón en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la iniciativa, esta establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea «necesario» por existir «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer» o que el embarazo sea resultado de un delito contra su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.
El ministro de Justicia también ha explicado que en ambos supuestos habrá determinadas condiciones: que el aborto sea «necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma» y que no hacerlo vaya a suponer «un menoscabo duradero» para la salud de la mujer, entre otras.
En cuanto a la existencia de problemas fetales, Gallardón sólo ha concretado que en caso de que «exista riesgo psíquico para la mujer» por la existencia de anomalías fetales «incompatibles con la vida», se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro sobre el estado del feto, en el que «quede probada» dicha incompatibilidad con la vida. Las mujeres podrán acogerse a este supuesto durante la primeras 22 semanas de gestación. Se podrá realizar después cuando las anomalías no se hayan detectado antes o haya peligro para la mujer. En los demás supuestos, se llevará a cabo un parto inducido.
La nueva norma elimina la posibilidad de que las menores de edad puedan abortar sin que medie consentimiento paterno y garantiza la objeción de conciencia para todos los médicos. Asimismo, se prohíbe la publicidad que difunda la práctica del aborto.
«Lo que no cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada aún cuando no haya conflicto», ha subrayado Alberto Ruiz-Gallardón.
Tras la aprobación de la reforma de la ley, organizaciones de mujeres de todo el país están convocando movilizaciones en distintas ciudades para este viernes. La protesta central está convocada a las siete de la tarde frente al Ministerio de Justicia, en Madrid.
Las convocatorias, divulgadas por la Federación Estatal de Organizaciones Feministas y que se van ampliando a medida que pasan las horas, consisten fundamentalmente concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en las distintas ciudades, en las sedes del Partido Popular y en plazas significativas.
Por su parte, una veintena de miembros de la plataforma Derecho a Vivir y Hazteoir.org se han concentrado a las puertas de la Moncloa, donde se ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley del aborto, para aplaudir que se «despenalice» a la mujer y no a quienes «se enriquecen y viven del negocio del aborto».
La portavoz de Dereceho a Vivir, la doctora Gádor Joya, ha asegurado que «es un día histórico» porque, aunque no se haya anunciado el fin del aborto, «hoy se da un paso que nos acerca a esta meta». «En España rige una nefasta ley del aborto» y derogar esa ley es algo que valora «muy positivamente».
Los integrantes de estas organizaciones han portado la pancarta «Por el aborto cero, seguimos adelante», han proclamado «vida sí, aborto no» y han cantado «¡Que viva la vida!» con la melodía de «¡Que viva España!» de Manolo Escobar.
Por otra parte, representantes de diferentes partidos de la oposición han firmado este martes en el Congreso de los Diputados el Pacto entre mujeres por los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo, un documento que han suscrito cerca de 200 asociaciones, plataformas y organizaciones de mujeres de toda España, y que han presentado a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
En el acto, han participado la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE de la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, así como la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié. También han estado presentes las dos diputadas de Izquierda Unida, Ascensión de las Heras y Caridad García Álvarez, así como la diputada del BNG, Rosana Pérez, y el parlamentario de Amaiur, Jon Iñarritu.
«Pedimos a nuestras parlamentarias que suscriban un pacto entre mujeres que garantice los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo valer su condición de parlamentarias, ejerciendo como nuestras legítimas representantes y oponiéndose a cualquier reforma de la actual ley que signifique un retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres», reclaman en el texto enviado a las diputadas y que ha firmado en primer lugar Soraya Rodríguez.
En este documento, piden a su vez que se pacten entre las mujeres los derechos que «sólo conciernen a las mujeres» y, por ello, apelan a su condición de mujeres por encima de cualquier ideología. «Hacer realidad este pacto significa garantizar la igualdad y la libertad y con ellas la democracia», subraya el texto.
Desde su despenalización en 1985, España acumula casi dos millones de abortos.
