El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM-España) ha presentado esta mañana en Madrid el documento “Que no se ahogue la esperanza”, que recoge las propuestas que ofrece a los candidatos al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración e integración en la próxima legislatura del Parlamento Europeo.
La cuestión fundamental que se plantea en el documento es: ¿Qué programa, qué estrategia debe situar al actual Programa de Estocolmo en la política de fronteras, inmigración y asilo? En el texto se señala también que «la debida protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario».
Entre las propuestas de esta ONG de los jesuitas destacan la de estudiar nuevos canales para llevar la inmigración clandestina hacia la legalidad, como visados para la búsqueda de empleo, y la de garantizar la identificación y el acceso a la protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente, en Ceuta y Melilla.
Durante la presentación, el director del SJM-España, Miguel González ha propuesto que se organice una misión con un grupo de juristas expertos en protección internacional que puedan entrar en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para identificar a las personas susceptibles de protección.
Según ha precisado González, actualmente en España se están «incumpliendo los sistemas de identificación y de garantías que la propia legislación española establece» al tiempo que «se está impidiendo que las personas que pueden ser acreedoras de protección internacional hagan valer su derecho a solicitarla». «¿Por qué hay tantos sujetos de protección internacional que se tienen que jugar la vida para acceder a ella?», se ha preguntado.
Por su parte, la investigadora del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Cristina Cortázar ha indicado que España está «faltando flagrantemente» en Ceuta y Melilla a la garantía de los derechos humanos, pues la normativa confirmada por el Tribunal de Estrasburgo establece que ningún país europeo puede devolver a una persona que se encuentra bajo su jurisdicción a otro país donde vaya a sufrir torturas o trato inhumano y degradante.
Para Cortázar, no existe «ningún resquicio» por el que el Estado español «pueda hacer valer que estas devoluciones en caliente son conformes a la legalidad vigente». En esta línea, ha denunciado que se quiera modificar «a toda prisa» la Ley de Extranjería, según supone, «para legalizar estas devoluciones».
