El arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, calificó como una ofensa la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condena a la Iglesia por un caso de pederastia.
«Qué sentido tiene una condena a la Iglesia católica, es decir, a los católicos de Colombia, qué culpabilidad puede haber por parte de la Iglesia como tal frente a una cosa privada de un individuo y que no está de ninguna manera dentro de lo que la Iglesia pide a sus sacerdotes», añadió.
«Uno no entiende cómo, por un acto individual, personal, totalmente contrario a lo que pide y enseña la Iglesia, después se condene, no sé si haya casos parecidos con otras instituciones, por ejemplo, en el campo de la educación, cuántos profesores no pudieron estar implicados en esto, y jamás se ha dicho que queda castigado el Ministerio de Educación o el Gobierno por estas cosas, porque son actos individuales».
En declaraciones a una radio local, recogidas por la página web de la CEC, el prelado colombiano indicó que hasta la fecha la Iglesia no ha sido notificada oficialmente sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que condena a esta institución por un caso de pederastia.
Monseñor Castro Quiroga afirmó que el sacerdote cuyo caso motivó la sentencia de la Corte debe responder de forma individual y no hacerse extensiva la condena a toda la institución.
«No tengo en este momento presente si haya casos de pederastia, creo que ha habido en el pasado algunos pero son casos muy excepcionales como para decir que la Iglesia Católica es responsable, esto sencillamente es una ofensa a la Iglesia», apuntó.
Por último, el presidente de la CEC rechazó ese tipo de actos que están claramente prohibidos por los estatutos y dijo que no se puede decir que la Iglesia ha tenido algún tipo de participación en los mismos.
La sentencia, que los medios locales calificaron de histórica, señala que la Diócesis de Líbano-Honda, en el departamento de Tolima, tiene responsabilidad en el abuso de dos hermanos de 7 y 8 años por parte de un sacerdote, unos hechos que se produjeron en 2007.
La Corte Suprema de Justicia sostiene que «no existen clérigos que se administren solos o estén por fuera de la autoridad de una iglesia particular, es decir de una diócesis u otra circunscripción eclesiástica que le sea asimilable», y en consecuencia obliga a pagar a la institución 800 millones de pesos (unos 245 mil euros).
El fallo, sobre el que no cabe recurso, es el primero contra la Iglesia en Colombia, al declarar responsable civil a una de sus diócesis.
