El Parlamento de Cataluña ha aprobado este lunes la Resolución 1/XI que proclama el inicio del proceso hacia la independencia, aboga por desobedecer a las instituciones españolas e insta a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica. La votación, 72 sufragios a favor y 63 en contra, ha vuelto a reflejar la división que vive la sociedad catalana.
El obispo de Getafe, Mons. Joaquín María López de Andújar, ha escrito con fecha de ayer una carta titulada “Ante la amenaza secesionista en Cataluña”. En ésta, el prelado asegura que “poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable”.
Asimismo, Mons. López de Andújar invita “a todos los miembros de la Iglesia a elevar oraciones a Dios a favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España”.
En el texto secesionista, el Parlamento de Cataluña proclama el inicio del “proceso de desconexión democrática” con España para lograr el “empoderamiento” de la ciudadanía. Además, por si quedase alguna duda de su intencionalidad, el documento insta al Gobierno regional a cumplir exclusivamente los acuerdos que surjan de la Cámara catalana. Es decir, se anuncia la desobediencia a las “instituciones del Estado español” y la vulneración de las leyes vigentes, y se señala directamente al Tribunal Constitucional, del que se dice que está “deslegitimado” tras la sentencia del Estatuto catalán de 2010.
Para posibilitar la anunciada “desconexión” de la legalidad española, la Resolución 1/XI indica que en el plazo máximo de 30 días se iniciará la tramitación de las leyes que hagan factible el proceso constituyente de “un estado catalán independiente en forma de república”, así como las relativas a la Seguridad Social y la Hacienda pública. Eso significa que antes de que se celebren las elecciones generales en España, el próximo 20 de diciembre, la Cámara autonómica habrá seguido dando pasos hacia la secesión, pero para entonces el Tribunal Constitucional ya habrá suspendido la citada resolución y habrá advertido al Parlamento de Cataluña y a su presidenta Carme Forcadell de que no facilite ese proceso bajo el peligro de incurrir en desobediencia.
El Gobierno de España, como había avisado, ha puesto la maquinaria en marcha un minuto después de que el Parlamento catalán aprobara la propuesta independentista de Junts pel Sí y la CUP. El presidente Mariano Rajoy ha firmado ayer su petición al Consejo de Estado para que elabore un dictamen con el que podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo aprobará y el presidente rubricará el miércoles, en un Consejo de Ministros extraordinario.
