(ZENIT – 9 agosto 2018).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), con base al Evangelio, el magisterio de la Iglesia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, insta al gobierno nacional a «cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país».
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este miércoles, 8 de agosto, la detención del líder opositor Julio Borges por su supuesta responsabilidad en el atentado del que salió ileso Maduro el pasado sábado y que dejó siete heridos.
Maduro acusa a la ultraderecha
La noche del martes, 7 de agosto, el jefe de Estado venezolano acusó a los diputados Borges y Juan Requesens de estar implicados en el atentado sufrido el pasado sábado, atribuyendo el hecho a «la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana» y aseguró no tener dudas de «que el nombre de (el expresidente colombiano ) Juan Manuel Santos está detrás de este atentado».
Tras estos acontecimientos, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, consciente del «momento crítico» que vive el país y tomando en cuenta «muy especialmente la situación generada» por el presunto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, ha publicado algunas consideraciones en un comunicado.
Mons. Roberto Luckert, Arzobispo Emérito de Coro y Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV y Pbro. Saúl Ron Braasch, Vicario General de Justicia y Paz, advierten de que los hechos punibles que se investiguen «deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación», condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes.
Detenciones arbitrarias
Además, consideran que «las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas», supuestos que atentan a todo evento «contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos».
En la nota, los prelados de Venezuela, recuerdan que el Consejo Moral Republicano, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, de acuerdo a sus competencias y atribuciones constitucionales «están en la obligación de velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos».
Violaciones de Derechos Humanos
Esto es: «Investigando de oficio las denuncias que conozcan, amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades y desviaciones de poder, interponiendo las acciones necesarias, que conduzcan a determinar la responsabilidad de los funcionarios de cualquier instancia que vulnere los Derechos Humanos», indican los obispos venezolanos.
Asimismo, la Comisión recuerda al Consejo Moral Republicano la obligación de «proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos» y a «investigar las responsabilidades administrativas» de los funcionarios que vulneren estos derechos.
Invitamos a todos los grupos y vicarias de Derechos Humanos a «estar atentos» de violaciones de derechos humanos, «sistematizar» todas las acciones y «denunciar» en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso, notifican en el comunicado.
