Iglesia de campaña con los refugiados en origen © Youtube

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Mons. Gallagher: Proteger a las minorías religiosas es "responsabilidad primordial de los Estados"

Discurso en la sede de las Naciones Unidas

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(ZENIT – 1 oct. 2018).- Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y Jefe de la Delegación de la Santa Sede, pronunció un discurso durante el 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 28 de septiembre de 2018, en New York, cuyo tema ha sido Libertad de la persecución: Minorías religiosas cristianas, pluralismo religioso en peligro.
Mons. Gallagher ha asegurado que los cristianos siempre han coexistido con los musulmanes y han sido parte del tejido de Oriente Medio. Sin embargo –ha expresado– en las últimas décadas, algo ha sacudido esta convivencia «relativamente armoniosa»; los cristianos y otras minorías religiosas y étnicas en Oriente Medio «han soportado dificultades, presiones, discriminación e incluso una persecución mortal», ha observado el Secretario.
Por ello, el Arzobispo ha propuesto tres puntos para proteger a las minorías religiosas o étnicas de la persecución, que es –ha definido él mismo– una «responsabilidad primordial de los Estados» para con todos y cada uno de sus ciudadanos, independientemente de su raza, religión u origen étnico.
Igualdad de todos ante la ley
En primer lugar, Mons. Gallagher ha apuntado que la clave para cuidar de las minorías es el «pleno respeto» del estado de derecho y la plena igualdad de todos ante la ley basada en el principio de ciudadanía, independientemente de las diferencias religiosas, raciales o étnicas.
Asimismo, el prelado ha alertado de las «recientes brutalidades» contra las minorías religiosas o étnicas, perpetradas por «sujetos no estatales violentos que operan en Estados con instituciones débiles», y ha expresado que la comunidad internacional tiene una «grave responsabilidad» ante tales atrocidades, «que continúan incluso mientras estamos hablando aquí», señaló.
Regreso a sus hogares
En tercer lugar, el representante de la Santa Sede ha exhortado a los Estados a «garantizar las condiciones para que las minorías religiosas y étnicas regresen a sus lugares de origen y vivan con dignidad y seguridad, con los marcos sociales, económicos y políticos básicos necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad».
Publicamos a continuación el discurso pronunciado por Mons. Paul Richard Gallagher en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
***
Discurso de Mons. Paul Richard Gallagher
Su Excelencia, Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría,
Excelencias, damas y caballeros,
Me gustaría agradecer a Hungría el haberme invitado a intervenir en esta discusión de alto nivel sobre «Libertad de la persecución: minorías religiosas cristianas, pluralismo religioso en peligro».
Es un hecho histórico indiscutible que el cristianismo comenzó en Oriente Medio. Sin embargo, la dura verdad es que las antiguas comunidades cristianas sufren en la región del nacimiento del cristianismo. La población cristiana en Oriente Medio ha disminuido drásticamente en los últimos años y, en algunos lugares, puede no sobrevivir, sin importar cuán profundas sean sus raíces.
Los cristianos siempre han coexistido con los musulmanes y han sido parte del tejido de Oriente Medio. Tal hecho, evidente por sí mismo, sirve para recordar al mundo una vez más que los cristianos tienen todo el derecho de vivir en paz y libertad. En efecto, a lo largo de dos milenios, las comunidades cristianas en Oriente Medio han contribuido activamente a sus respectivas sociedades. Han sido fundamentales en la protección y promoción de las antiguas culturas de la región. La comunidad siria todavía habla y reza en arameo, el lenguaje de Jesús. La diáspora cristiana de Oriente Medio ha difundido su cultura en todo el mundo. Durante largos períodos de la historia, cristianos y musulmanes han vivido pacíficamente, unos al lado de los otros, a pesar de los casos esporádicos de violencia basados ​​en una manipulación política de la religión o la etnia.
En las últimas décadas, sin embargo, algo ha sacudido esta convivencia relativamente armoniosa. Los cristianos y otras minorías religiosas y étnicas en Oriente Medio han soportado dificultades, presiones, discriminación e incluso una persecución mortal. Como el patriarca caldeo testificó ante el Consejo de Seguridad en mayo de 2015: «Los grupos extremistas islámicos se niegan a vivir con los que no son musulmanes. Los están persiguiendo y desarraigando de sus hogares y destruyendo todos los rastros de su historia», un patrimonio inmenso e irremplazable de la humanidad.
Esta no es solo una cuestión religiosa; es una cuestión de derechos humanos fundamentales. Mientras para los cristianos los que han sido asesinados por la fe son mártires, para todas las personas de fe o sin fe, han sido víctimas de las más escandalosas violaciones de los derechos humanos. Estos crímenes atroces exigen, por lo tanto, una respuesta no solo de los cristianos y de otras personas de fe; ante la ley, exigen una respuesta de las autoridades públicas, cuyo deber es proteger a su gente y proporcionarles un espacio en el que prosperar, crear sociedades armoniosas y ser ciudadanos respetuosos de la ley.
La «protección» es una responsabilidad primordial de los Estados para con todos y cada uno de sus ciudadanos, independientemente de su raza, religión u origen étnico. Durante la primera parte del siglo XVI, cuando surgía el concepto de Estados soberanos nacionales, el fraile español Francisco de Vitoria describió la responsabilidad de los gobernadores de proteger a sus ciudadanos como un aspecto de la razón natural compartida por todas las naciones, y una regla para un orden «internacional» cuya tarea es regular las relaciones entre los pueblos. Las Naciones Unidas se basan en este principio fundamental.
La “protección” se convierte en una responsabilidad más específica y urgente para un Estado cuando partes de su población, simplemente por el hecho de ser minorías, objetivo de persecución, están sometidas a todas las formas de violencia física, subyugación, detención falsa, expropiación de bienes, esclavitud, exilio forzado, asesinato, limpieza étnica y otros crímenes de lesa humanidad.
El deber de defender no solo se refiere a la “responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad”, tal como se define en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, [1] sino también de todas las violaciones de sus derechos humanos fundamentales y de sus derechos como ciudadanos.
Las violaciones de los derechos religiosos de las minorías además de las violaciones más atroces como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad, también incluyen diversas formas de discriminación incorporadas en las estructuras legales y administrativas, que se traducen  en obstruccionismo burocrático y pesadas cargas administrativas con respecto a la construcción de lugares de culto y escuelas.
Por lo tanto, esa protección debe ir más allá de la mera prevención de la aniquilación intencionada o real de las minorías, y ha de incluir el análisis y la solución de las causas profundas de la discriminación y la persecución en su contra. En este sentido, me gustaría mencionar brevemente tres elementos, que considero esenciales en nuestros esfuerzos a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la persecución y la discriminación contra las minorías religiosas, de hecho, de todas las minorías.
En primer lugar, creo que la clave para proteger a las minorías religiosas o étnicas de la persecución es el pleno respeto del estado de derecho y la plena igualdad de todos ante la ley basada en el principio de ciudadanía, independientemente de las diferencias religiosas, raciales o étnicas. Las leyes deben garantizar inequívocamente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin excepción, incluido el derecho a la libertad religiosa. Incluso en lugares donde la ley otorga un estatus especial a una religión en particular, una ley que priva a un individuo o a una comunidad de libertades fundamentales no es una ley justa.
Este diciembre celebramos el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración establece que «todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley». (Art. 7). Garantiza «la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». (Art. 18). Estas libertades fundamentales deben aplicarse a todos los pueblos en todos los rincones del globo: en Iraq, Siria o Libia, tanto como en los Estados Unidos, Italia o Japón. La igualdad de todos ante la ley debe ser un elemento esencial en nuestra defensa a favor de los cristianos perseguidos y de otras minorías religiosas y étnicas -de hecho, de todas las personas- en Oriente Medio.
En segundo lugar, las recientes brutalidades contra las minorías religiosas o étnicas han sido perpetradas por sujetos no estatales violentos que operan en Estados con instituciones débiles. La comunidad internacional tiene una grave responsabilidad ante tales atrocidades que continúan incluso mientras estamos hablando aquí. Al adoptar universalmente el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, la comunidad internacional se comprometió a ayudar a los Estados a ejercer esta responsabilidad de proteger, ayudándolos a desarrollar la capacidad de proteger a sus poblaciones de crímenes atroces y a tomar medidas colectivas de manera puntual y decisiva. [2] La comunidad internacional no ha podido cumplir con este compromiso. Hay que sacudirla de su inercia y divisiones.
En tercer lugar, si hemos fracasado en proteger a las minorías religiosas y étnicas de ser sometidas a las violaciones más graves de sus derechos humanos fundamentales, debemos trabajar para restablecer sus derechos. La justicia para los sobrevivientes exige no solo justicia contra los perpetradores de los crímenes; también exige que tratemos de devolverles lo más posible lo que les han arrebatado. Esto significa garantizar las condiciones para que las minorías religiosas y étnicas regresen a sus lugares de origen y vivan con dignidad y seguridad, con los marcos sociales, económicos y políticos básicos necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad. No basta con reconstruir viviendas, escuelas y lugares de culto, lo cual es un punto crucial, como ocurre en varias ciudades de la llanura de Nínive gracias a la generosidad de gobiernos como Hungría u organizaciones caritativas como Ayuda a la Iglesia Necesitada o los Caballeros de Colón. También es imperativo reconstruir la sociedad, sentando las bases de la coexistencia pacífica sobre la base de la ciudadanía.
Esta lista está lejos de ser exhaustiva, pero cumplirla ya contribuiría a proteger a las minorías étnicas y religiosas perseguidas en Oriente Medio y en otros lugares.
Deseo concluir recordando la grave y específica responsabilidad de los líderes religiosos de hacer frente y condenar el abuso de creencias y sentimientos religiosos para justificar el terrorismo y la violencia contra los creyentes de otras religiones. Deben enseñar un firme y claro «¡No!» a toda forma de violencia, venganza y odio perpetrada en nombre de la religión o en nombre de Dios, y un «¡Sí!» igualmente firme y claro al derecho de toda persona de seguir en conciencia a Dios, tal como él o ella creen que Dios los llama a adorarlo y seguirlo. Si se respetara la libertad fundamental de conciencia y creencia, no necesitaríamos ninguna «protección especial» o «específica» para nadie.
Gracias por su amable atención.
_______________________
[1] Resultados de la Cumbre Mundial 2005,
138-139.
[2] Resultados de la Cumbre Mundial 2005, 138-139.
© Librería Editorial Vaticano

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Rosa Die Alcolea

Profesional con 7 años de experiencia laboral en informar sobre la vida de la Iglesia y en comunicación institucional de la Iglesia en España, además de trabajar como crítica de cine y crítica musical como colaboradora en distintos medios de comunicación. Nació en Córdoba, el 22 de octubre de 1986. Doble licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Universidad CEU San Pablo, Madrid (2005-2011). Ha trabajado como periodista en el Arzobispado de Granada de 2010 a 2017, en diferentes ámbitos: redacción de noticias, atención a medios de comunicación, edición de fotografía y vídeo, producción y locución de 2 programas de radio semanales en COPE Granada, maquetación y edición de la revista digital ‘Fiesta’. Anteriormente, ha trabajado en COPE Córdoba y ABC Córdoba.

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