(ZENIT- 23 julio 2019).- Varias organizaciones revelaron en un comunicado, publicado el pasado 17 de julio de 2019, la “otra cara” de la inauguración del proyecto minero Cóndor Mirador, puesto en marcha en Ecuador.
Se trata de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la Pastoral Social Cáritas Ecuador y la Red Comunitaria Luchadores por el Agua.
En dicho comunicado se denuncia que el modelo extractivista, que se ha aplicado en Ecuador y en otros países de la Amazonía, constituye un sistema que únicamente concibe el territorio como un capital, un espacio para la extracción de recursos y que, además, no genera beneficios para las poblaciones afectadas.
Así, el texto pretende dar voz y defender a los pueblos indígenas y campesinos que habitan en el lugar que ha sido explotado y que se han visto amenazados por una actividad minera a gran escala facilitada por “las decisiones cómplices del gobierno” y “a favor del lucro económico para pocos y en otros lugares del mundo”.
Consecuencias para la comunidad
Las organizaciones señalan que la instalación de este proyecto de extracción minera ha constituido una auténtica “pesadilla” para las familias autóctonas, indígenas y campesinas, que se han visto obligadas a abandonar sus tierras y sus hogares.
Igualmente, subrayan que esta realidad ha sido también percibida por representantes de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la relatora de pueblos indígenas de la ONU, y por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, gobiernos locales, instancias de rendición de cuentas estatales, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Por otra parte, manifiestan que, aunque la empresa encargada de construir la infraestructura, EcuaCorriente S.A. (ECSA), defiende haber invertido 1,7 millones de dólares en programas de apoyo a comunidades autóctonas, existe una grave deuda social y ambiental que no puede ser compensada económicamente y que exige reconocer las consecuencias reales que esta iniciativa ha supuesto para los derechos de la comunidad y del medio natural.
Varias comunidades presentan un estado precario porque no poseen agua limpia ni acceso a fuentes hídricas y esto les ocasiona problemas de salud. Tal es el caso de Yanúa Kin, una población cuyos cultivos, animales y viviendas fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y los sedimentos generados por la empresa, lanzados a los ríos Wawayme, Tundayme y Kimi.
Además, debido al desvío del cauce del río Tundayme, las personas que dependen de él también tuvieron problemas.
Respuesta del Estado
Las asociaciones denuncian que el Estado no ha prestado atención a la demanda constitucional planteada en contra de dicha empresa y el propio Estado por los desalojos impuestos en las 11 concesiones que sobrepasan la extensión permitida, ya que conforme el Art. 4 del Mandato Minero un mismo titular no puede ostentar más de tres concesiones mineras.
Por otra parte, el Ministerio de Minería indica que el tiempo de vida del proyecto es de 30 años, pero la Ley menciona que la duración de una concesión minera es, como máximo, de 25 años.
Asimismo se puntualiza que no debe producirse actividad minera en áreas con alto valor ecológico y que el valle del Quimi, Tundayme, El Guismi y parte del Pangui, donde se despliega este plan minero, forman parte de la cordillera del Cóndor, una reserva de biodiversidad de 150 Km2 de superficie. En ella se localizan 16 ecosistemas reguladores de los regímenes de agua en la zona y en el bosque protector se han registrado 227 fuentes de agua.
Desalojo violento de familias
La empresa ECSA ha desalojado de forma violenta a 32 familias de la región, un total de 116 personas. Entre ellas, se encuentran 52 niños y adolescentes, 12 personas de 65 años o más años y 58 adultos, de la parroquia Tundayme y El Güismi.
Según la cronología expuesta en el comunicado, el 12 de mayo de 2014, unos 50 policías destruyeron una escuela y una iglesia, propiedades donadas a la comunidad, en el barrio de San Marcos.
El 30 de septiembre de 2015, 16 familias de las zonas Vía Cóndor Mirador y San Marcos fueron expulsadas de sus viviendas por 135 policías y sus cultivos fueron destruidos y enterrados.
El 16 de diciembre del mismo año, con presencia policial, de funcionarios de la comisaría, de fiscales, y de trabajadores de la empresa, se produjeron nuevamente desalojos y destrucción de casas por parte de la maquinaria pesada de ECSA. La policía usó la fuerza para evitar la resistencia y facilitar el desarme de los hogares por parte de dichas máquinas.
El 4 de febrero de 2016, por último, se forzó a la anciana Shuar Rosario Wari, de 95 años, a abandonar su vivienda, intentando justificarlo como una falsa “intervención social».
Ante todos estos hechos, el caso judicial, presentado por la comunidad de CASCOMI, se encuentra ya en la Corte Constitucional del Ecuador y se espera la resolución de la Acción Extraordinaria de Protección para reclamar la reparación total de los derechos violados.
