(zenit – 31 julio 2020).- En plena crisis de la COVID-19, migrantes nicaragüenses claman que los dejen entrar a su país. En la frontera de Peñas Blancas, al sur de Nicaragua, más de 500 migrantes claman que los dejen entrar a su país. De momento, se encuentran cercados por una barrera naranja que les impide regresar a Nicaragua.
Una situación de hacinamiento, durmiendo a la intemperie, bajo el sol, sin acceso a agua potable y comiendo gracias a la solidaridad de otros, constituye el drama de quienes salieron de Costa Rica rumbo a sus casas, tras haber perdido sus empleos producto de la pandemia de coronavirus.
A medida que pasan los días aumenta la desesperación y el clamor es cada vez más fuerte. “Yo soy madre soltera y mi hijo me espera en Nicaragua. Nadie de mi familia allá en Nueva Segovia (al norte del país) sabe que yo estoy aquí. Lo único que hacemos es trabajar para mantener a nuestros hijos, nuestras familias nos esperan, por favor, abran las fronteras”, clama María, con la voz quebrada a periodistas independientes exiliados que se encuentran cubriendo la situación en el lugar.
Empresa privada pide resolver situación
El sector privado nicaragüense pidió al Gobierno de la República para que resuelva la situación que viven centenares de migrantes nicaragüenses, que están varados en la frontera con Costa Rica desde, al menos, el 18 de julio pasado.
“Con lo que está sucediendo en la frontera, estaremos en dos listados: el del Índice de Basilea, que mide el riesgo de lavado de dinero en el mundo -y Nicaragua es el que tiene mayor riesgo en la región- y de uno de los pocos, o el único, que no permite la entrada de sus connacionales”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
“No hay país que no entienda que tiene el derecho humano de ayudar a sus connacionales”, dijo en una conferencia de prensa. El “COSEP está demandando que se les permita entrar. Hacerles la prueba para detectar la COVID-19, y luego proceder a su aislamiento, o a un rastreo, hasta que se conozcan los resultados”, añadió.
“Hacemos un llamado a la Organización Panamericana de la Salud a que pueda hacer una donación de 400 a 500 pruebas para estas personas que están en las fronteras”, de modo que se pueda “hacerles los exámenes y se resuelva esta nueva crisis migratoria de Derechos Humanos, para ayudarles a ellos, y evitar más xenofobia contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica”, advirtió el líder empresarial.
Obispos abogan por cambios en política
El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, dijo en su cuenta de Twitter que “cuando el poder público y privado, es tan solo un medio para servir, se convierte en un instrumento de gestiones casi infinitas para favorecer una sociedad más justa y equitativa, donde los pobres ocupan el lugar central de la mesa, en la cual todos debemos de alcanzar”.
En otra publicación expresó que se necesita “construir un nuevo país, donde se respete la dignidad de la persona, la familia, la libertad, la institucionalidad, la supremacía de la ley; con funcionarios que no se dejen corromper por la ambición”, subrayó.
Reflexión de monseñor Báez
Mientras tanto, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, señaló el 26 de julio que “en estos meses de pandemia, hemos visto asombrados a algunos gobernantes necios, que se han resistido a aceptar la opinión de los científicos y han afrontado esta crisis sanitaria con insensatez, haciendo prevalecer sus ideas personales o sus intereses políticos. Otros han puesto la economía por encima de las personas. En América Latina muchos de nuestros países sufren por gobernantes necios, faltos de sabiduría”.
Báez en su espacio “Conectados con el Evangelio” que transmite a través de sus redes sociales los domingos, dijo que la situación de Nicaragua “es doblemente dramática” porque se trata de una nación que, desde hace muchísimos años, está viviendo en una situación de vulnerabilidad extrema en lo social, económica y política.
Un luz en medio de la oscuridad
La Fundación Arias, organizaciones civiles en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, pondrán fin al drama humanitario que viven centenares de nicaragüenses varados desde el pasado 18 de julio en la frontera de Peñas Blancas bajo sol y lluvia.
Lina Barrantes, directora de Fundación Arias, dijo que llegó a un acuerdo con un laboratorio de Costa Rica, aprobado por el Gobierno, para aplicar 500 pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses varados en la frontera.
El Hospital Clínica Bíblica, de mayor capacidad en el país, empezaría a aplicar las pruebas este viernes, 31 de julio, a un precio reducido de 60 dólares estadounidenses (50,45 euros). Este es un esfuerzo en conjunto entre organizaciones de sociedad civil y el Gobierno de Costa Rica, indicó la Fundación Arias para la Paz. Los resultados estarían disponibles 48 horas después de la toma.
La Fundación Arias criticó la indolencia del régimen de Ortega para con sus connacionales, a los que ha tenido a la intemperie rodeados de antimotines sin proveerles agua, alimentación, ni servicios de salud. “Es un dolor como todo lo que hace Ortega, para los costarricenses es incomprensible que un nacional no pueda entrar. Nosotros hicimos vuelos de rescate que la Cancillería de Costa Rica coordinó”, dijo Barrantes.
Este viernes 31 de julio, más de 500 nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de peñas blancas serán sometidos a la prueba del coronavirus para que el Gobierno de Nicaragua autorice el ingreso de los ciudadanos al país.
