(zenit – 31 agosto 2020).- Los obispos de Costa Rica enviaron a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una serie de indicaciones sobre moral bioética y cristiana y derechos y deberes constitucionales para orientar la asistencia a los pacientes de COVID-19, el pasado 28 de agosto.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) dio a conocer dichos criterios éticos sobre el cuidado de los enfermos, ante la intención del seguro social de emitir un protocolo que contrasta las normas deontológicas y la moral bioética y cristiana.
Bajo el título, “Toda vida humana merece ser cuidada y salvada”, el episcopado cuestiona la aplicación de reglas en una materia tan delicada y compleja desde el punto de vista moral y deontológico. Las vidas de estas personas se ven amenazadas ante la posible introducción de un “Protocolo de acatamiento obligatorio” que delimitaría la atención médica a ciertos casos.
Centralidad de la persona
“Para algunos, la atención a enfermos graves y críticos en situaciones extremas de limitación de recursos, pasaría por la selección de los pacientes a los que se atenderá antes que a los demás, a pesar de que no sean los más gravemente afectados, sino los más recuperables”, expone el texto.
No obstante, los prelados consideran que este criterio es “absolutamente extraordinario y excepcional”, que solo puede utilizarse en situaciones en las que existe una clara “desproporción entre las necesidades sanitarias y los recursos disponibles”, aunque la moral cristiana y la bioética personalista, “apelarán siempre al cuidado médico de toda persona y en cualquier circunstancia”.
En definitiva, indican que “hay que aplicar todos los medios disponibles que sean proporcionados a la situación del enfermo” y teniendo en cuenta de que “lo que en cierto momento es un medio ordinario, puede después resultar extraordinario”, no obligatorio, pero quedando claramente señalado que “el primer principio fundamental es salvaguardar la centralidad de la persona en la atención clínica”.
Segunda ola
Costa Rica vive una segunda ola de la pandemia del coronavirus que amenaza a la población, con el potencial peligro del colapso de los sistemas de salud, sobre todo, por la escasez de ofertas de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, la falta de ventiladores, equipos de protección personal y medicamentos.
Según las autoridades son cerca de 39.700 los casos positivos confirmados desde el comienzo de la pandemia, más 15.000 personas recuperadas y 418 las personas fallecidas. Actualmente, hay 413 personas hospitalizadas de forma simultánea, de las cuales unas 133 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.
14 criterios
En este contexto y bajo la primera premisa de que “el centro de toda la atención y ética médica es y será siempre la persona, el ser humano, creado en dignidad a imagen y semejanza de Dios”, la CECR ofrece en 14 puntos algunos criterios necesarios para la toma decisiones que comprometan la vida de los pacientes.
Así, el documento apunta que “no se puede abandonar a ningún paciente que necesite cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia” y recuerda que el sistema sanitario costarricense fue creado y mantenido para brindar una atención médica necesaria, generalizada y no excluyente.
La CECR aclara que el criterio para la atención médica debe estar basado en las probabilidades objetivas de supervivencia de cada paciente y en el mayor y mejor consenso científico disponible, pero no sobre la base de diferenciaciones o en detrimento del paciente según las posibilidades de atención sanitarias disponibles o por su estado de salud “sea cual sea”.
En este sentido, se remarca que “no pueden ser criterios de priorización, ni el orden de llegada a los servicios de urgencias hospitalarias, ni la edad de los pacientes, ni su sexo, ni su status social o económico, ni su grupo étnico, ni su credo, ni el costo del tratamiento, ni el estado en que se encuentre”.
Nadie puede ser excluido
El documento reconoce que no en todas las situaciones clínicas de gravedad avanzada y con carácter irreversible se debe proceder al ingreso hospitalario, pero insiste en que siempre se debe considerar la atención humanitaria paliativa.
“El establecimiento de expectativas de vida a corto plazo es aceptable, incluso para no caer en el encarnizamiento terapéutico, aunque es claro que definir límites a mediano plazo constituye una toma de decisión muy arriesgada que se debe realizar con carácter extremadamente excepcional”, clarifican los obispos.
El episcopado recuerda los criterios constitucionales que exigen que ninguna persona quede excluida bajo, ninguna circunstancia, de la atención médica y que prevalezca siempre el bien y el valor supremo de la persona y de su vida. También se suman a la declaración de la Sala Constitucional de Costa Rica según la cual “nada ni nadie puede autorizar la muerte de ningún ser humano”, tanto por acción como por omisión.
Asimismo, consideran que “ninguna autoridad puede legítimamente imponer la eutanasia ni activa ni pasiva, ni permitirla, pues sería una ofensa a la dignidad del ser humano, un crimen contra la vida y un atentado contra toda la humanidad”.
