(zenit – 22 dic. 2020)-. La Comisión Justicia y Paz de Ecuador publicó el pasado 6 de diciembre de 2020 la carta número 57 de la publicación “Con los ojos fijos en Él en la realidad y la fe”, bajo el título “Delincuencia desbordada, institucionalidad anulada”.
El escrito denuncia la grave situación que atraviesa una población ecuatoriana que se siente “indefensa y desprotegida” por su evidente “desconfianza en el Sistema de Seguridad Estatal” que le deja “en estado de shok, dominada por el miedo, sin saber qué hacer”.
Problema actual
La carta comienza describiendo una “delincuencia desbordada” que va desde los que atracan en la calle cometiendo “delitos de poco valor” hasta las “bandas organizadas de sicarios que matan por un precio”.
Del mismo modo, incluye a los “delincuentes de cuello blanco que en forma orgánica y articulada desvalijan las arcas nacionales a través de métodos sofisticados de corrupción e impunidad”.
Respuesta incorrecta
La Comisión Justicia y Paz comenta que ante este desolador panorama surgen “voces” que invitan a responder “a la violencia con más violencia”, promoviendo el uso libre de armas, el endurecimiento de las penas o la recuperación de la pena de muerte.
Estas respuestas, indica, provienen de “dolor, indignación, miedo” de presentes o futuras víctimas y también de “politiqueros populistas” que con sus propuestas buscan ganarse a la ciudadanía.
Responsabilidad estatal
La organización laical explica que esta realidad es un síntoma de la falta de responsabilidad de las autoridades: “Si el Estado es incapaz de cuidar el orden y el bienestar de la población, ¿cuál es su razón de existir?”. La institución de laicos también rememora algunos “hechos bochornosos” ocurridos recientemente de corrupción e injusticia.
Por tanto, insiste, el Estado goza de la “potestad de administrar y garantizar la seguridad y la paz ciudadana, para lo que debe canalizar, a través de sus instituciones, las herramientas legales, los protocolos y mecanismos operativos para que la ciudadanía se sienta segura y viva en paz”.
“La Justicia debe estar en el centro del ejercicio del poder para responder eficaz y diligentemente en la seguridad al pueblo. Justicia que a más de sancionar con todo su peso también debe reparar al afectado”, añade.
Para concluir, apunta a que “un Estado con instituciones solventes, éticamente incorruptibles, confiables a toda costa, respetables por sus acciones apegadas a la Constitución y las leyes, como dice el Papa Francisco, sembrará ‘un sistema social que procure generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social’”.
