Por: P. Jorge Enrique Mújica, L.C.
(Zenit 02.05.2021) Este 1 de mayo entraron en vigor nuevas regulaciones emanadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de la República Popular de China en febrero de este mismo 2021.
Las nuevas disposiciones afectan especialmente a los católicos y a los budistas. En el caso de los budistas, el artículo 15 de la nueva normativa estipula que es el gobierno quien aprueba la sucesión de budas y establece cómo debe gestionarse la reencarnación en el budismo tibetano (o en otras palabras, que el Dalai Lama no se puede reencarnar si China no lo autoriza). Un artículo después, el número 16, establece que los obispos católicos deben ser aprobados por la Conferencia de Obispos Católicos de China (controlada por el gobierno) para luego quedar sometidos al “nihil obstat” del gobierno.
Ambas cosas hacen depender de la decisión del Partido Comunista Chino la gestión de asuntos internos de las religiones. En el caso de la Iglesia Católica se deja fuera por ley al Papa Francisco y a la Santa Sede.
Pero no es todo. El artículo 27 prevé que los altos cargos sólo duren en funciones tres años. Al final de ese periodo deben ser revisados de nuevo por el Estado. Dos artículos antes, en el número 25, se estipula que si los líderes religiosos critican al gobierno pueden ser no renovados.
Las nuevas regulaciones, que han entrado en vigor el día internacional del trabajo, prevén también que el apoyo de los ministros de culto al Partido Comunista (artículo 3), que no se puede poner en riesgo la seguridad nacional o ser dominado por fuerzas extranjeras (artículo 12).
Todas estas medidas están siendo contestadas desde fuera de China como claros atentados a la libertad religiosa y a la sana división entre Iglesia-Estado. En el caso de la Iglesia católica no ha habido pronunciamientos oficiales.
En China conviven dos “iglesias católicas”: una escondida que a lo largo de la historia contemporánea de ese país ha convivido a escondidas del gobierno y en fidelidad al Papa y otra oficialmente reconocida por el gobierno en la que los obispos son puestos por el gobierno y no siempre están en comunión con Roma. En los últimos años la Santa Sede ha tratado de mediar en esta difícil situación. En fechas más recientes, concediendo la legitimidad a algunos de los obispos de la Iglesia oficialmente reconocida por el gobierno comunista pero en detrimento de las comunidades que siguen viviendo escondidas.
