Papua Nueva Guinea tiene casi 9 millones de habitantes de los cuales el 95,2% son cristianos, un tercio católicos. Foto: Archivo

Quieren declarar constitucionalmente cristiano a un país y… los obispos católicos se oponen

«Nosotros atesoramos nuestra fe y la promovemos.»

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Por: Elizabeth Owens.

Papua Nueva Guinea es una de las islas más grandes de Oceanía. Ubicada al norte de Australia, se trata de un país de casi 9 millones de habitantes de los cuales el 95,2% son cristianos, un tercio católicos. Apenas un 3% está adherido a religiones nativas.

En fechas recientes, se ha impulsado una propuesta para modificar la Constitución del país de forma que quede recogido en la carta magna que Papua Nueva Guinea es una nación cristiana. El hecho se ha encontrado con la oposición de quien menos se podría esperar: los obispos católicos del país.

“No consideramos oportuno aportar modificaciones a la Constituciones para decir expresamente que Papua Nueva Guinea es una nación cristiana”, dicen en una comunicación de la Conferencia Episcopal a la agencia FIDES. Y añaden: “Nosotros atesoramos nuestra fe y la promovemos. Es impropio que el gobierno empuje a las personas, de modo directo o indirecto, a adoptar creencias, valores o prácticas religiosas”.

Según los obispos católicos de Papua el preámbulo de la Constitución contiene ya principios cristianos y por lo tanto el gobierno ya no debe interferir. Finalmente, desde la Conferencia Episcopal se pide retomar cualquier discusión al respecto después de las elecciones generales de 2022.

De acuerdo a datos del último informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el preámbulo de la Constitución se compromete a «preservar y transmitir a los que vengan detrás de nosotros nuestras nobles tradiciones y los principios cristianos que ahora son nuestros». Aunque esta referencia a los «principios cristianos» indicaría que el cristianismo goza de algún tipo de privilegio constitucional, el artículo 45 reconoce otras religiones y garantiza la libertad religiosa de los que las practican. Además, la Constitución no hace del cristianismo la religión de Estado de forma explícita, ni establece oficialmente ni subvenciona ninguna de las Iglesias cristianas del país. Asimismo, conforme al artículo 55, todos los ciudadanos tienen «los mismos derechos, privilegios, obligaciones y deberes» con independencia de su religión.

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Redacción Zenit

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