Por: P. Jorge Enrique Mújica, L.C.
(ZENIT News Agency, 01.07.2021).- Fue en mayo de 2020 que la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, se posicionó por la prioridad que, según ella, debe tener el gobierno sobre la educación de los niños, incluso por encima del derecho de los propios padres de los infantes. Las declaraciones de la ministra del interior y antigua juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación se daban en el contexto de una iniciativa de ley en el estado norteño de Nuevo León que miraba a proteger el derecho de los padres a que sus hijos no recibieran educación que fuera contra sus valores y creencias (en concreto buscaba blindar contra la ideología de género en los colegios). La iniciativa de ley no pasó y en esa pugna local la secretaría de gobernación declaró en comunicado oficial que la iniciativa “afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica”.
En vísperas del inicio del mes del así llamado “orgullo gay”, el día de la jornada contra la homofobia, la sra. Sánchez Cordero participó en el foro Divergencia Sexual y abogó por el reconocimiento de la identidad de género, incluyendo a niños y adolescentes: “Si una niña, niño o adolescente es trans, es importante que pueda ser reconocida en la sociedad y por el Estado con el nombre y el género que ella o él indique, sin tener que esperar a que cumpla la mayoría de edad”. Y añadió: “Esto debe ser posible, además, por la vía administrativa, sin necesidad de que haya dictámenes médicos o psicológicos ni juicios de por medio. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en noviembre del último año que la vía administrativa es la vía idónea para realizar el trámite, lo cual es consistente con los estándares dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC 24/17”.
Estas imposiciones van en la línea de lo que el Papa Francisco ha llamado “colonización ideológica” y contrastan con las prohibiciones selectivas que se dan a los menores de edad en otros campos y que apuntan a protegerles debido a que no han alcanzado su propio proceso de maduración. Según estas medidas propuestas por la ministra del interior, incluso los padres no podrían oponerse a lo que sus hijos digan sobre sí mismos, no importa si no hubieran alcanzado la mayoría de edad. Se avanza así incluso en un verdadero sometimiento pleno de ciudadano al estado, incluso en sus convicciones interiores.
