(ZENIT Noticias / Madrid, 27.01.2022).- El miércoles 26 de enero tres partidos políticos españoles registraron en el Congreso de los Diputados una solicitud para crear una Comisión que investigue los abusos sexuales a menores en la iglesia católica española. Valoran como insuficientes las acciones que ha tomado la iglesia del país en este campo y acusan a los obispos de obstruir las investigaciones. Todo esto se da en el contexto de la conclusión de la visita ad limina que realizaron los obispos de España al Papa, al inicio de 2022.
La presión que ahora llega al ámbito de la política comenzó, sin embargo, en el ámbito mediático. El 2 de diciembre el periódico progresista El País entregó al Papa un informe de facturación propia de 385 páginas en el que dice recoger 251 casos de personas que habrían sufrido un abuso por parte de un clérigo o personas vinculadas a la Iglesia. Según sus propias proyecciones, las víctimas serían más de mil. Al final de la segunda semana de diciembre de 2021 entregó otra copia del mismo informe al presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Un mes después, y en el mismo contexto de la visita de todo el episcopado español al Papa, el cardenal Omella afirmó que no está previsto crear una comisión independiente que investigue lo que El País exige que se haga. Es así que el periódico insignia del progresismo español, el mismo que tergiversó que la iglesia se había apropiado de bienes, ha logrado avanzar a una nueva fase, ahora de la mano de la política.
En los últimos años el periódico El País ha documentado algunos testimonios sobre personas que han sufrido abusos con base a sentencias y noticias. También alimenta su propia base de testimonio recibidos por vía del correo electrónico, sin publicar los nombres de los denunciantes, los cuales de hecho no dicen si los tienen. La perseverante presión mediática ha logrado encontrar portavoces en tres partidos que sintonizan con la ideología del periódico: por una parte está Bildu (5 diputados de un total de 350), un partido cuyas cartas de presentación es ser el heredero político de la banda terrorista ETA. Por otra parte está Esquerra Republicana de Cataluña (13 diputados de un total de 350), un partido que en su historial lleva impregnado el racismo (baste recordar que uno de los presidente de este partido, Heribert Barera, llegó a decir: “En América los negros tienen un coeficiente inferior a los blancos”) y finalmente Podemos (35 diputados de un total de 350), un partido político cuyos dirigentes han estado vinculados a las dictaduras cubana y chavista -que han matado miles de personas- a las cuales, de hecho, nunca han condenado.
La justicia que merecen las víctimas de abusos es una realidad que en cada caso, les corresponde. Sin embargo, El País, y ahora una banda de diputados de izquierdas, a la que muy posiblemente se una el Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno, apuestan con sus calificativos a condenar antes de que siquiera haya comenzado la investigación.
En el caso de El País, parece aplicar aquel principio del “divide y vencerás” pues por una parte exalta la labor del Papa y por otra minimiza y considera insuficiente lo que en efecto han hecho los obispos españoles. De hecho, en la web dispuesta para esta “investigación”, el periódico coloca ya veredictos de culpabilidad para personas llamándolas encubridoras, entre otros peores calificativos, incluso cuando todavía no hay juicios de por medio. A no se que como en investigaciones con “comisiones independientes”, se sea a la vez investigador y juez -sin intervención jurídica de órganos civiles competentes-, como ha sucedido recientemente en Alemania.
Es de notar que la Iglesia española dispone en su web institucional de un apartado para el tema de los abusos. Para este momento, todas las diócesis españolas tienen protocolos de acción y oficinas para las denuncias de abuso. En sus webs diocesanas es donde se explica el proceso para realizar una denuncia o se informa acerca de las acciones que se han tomado en los diferentes territorios diocesanos. Que la Iglesia haya decidido gestionar de este modo los casos, y no cómo El País quiere que lo haga, es una opción completamente legítima. ¿Por qué es mejor del modo que quiere el periódico y por qué está mal la gestión como lo está haciendo la Iglesia en cada diócesis?
Que ahora los diputados de partidos tradicionalmente beligerantes con la Iglesia se sumen a una causa -noble ciertamente, pero en este caso instrumental por parte de los mismos- no parece más que el reflejo de apuntar la atención a un ámbito con el que de cualquier manera buscan conflicto y distraer la atención. Es de hace pocos años el caso -como se puede ver en ABC- de prostitución de niñas en las Islas Baleares de España que uno de los partidos que ahora apuntan el dedo contra la Iglesia, no quiso investigar.
