Por: Stefano Gennarini
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 08.09.2022).- En un momento público, pero no vigilado, el viernes 2 de septiembre en la ONU, el embajador de Estados Unidos, Jeffrey DeLaurentis, se acercó a los grupos de presión abortistas y LGBT sentados en la tribuna de la ONU y les dijo que el documento que estaba a punto de aprobar la Asamblea General añadiría un «derecho internacional consuetudinario» al aborto, la homosexualidad y la transexualidad.
Momentos después, subió al podio ante los Estados miembros de la ONU reunidos y dijo lo contrario. Dijo que la resolución que se estaba debatiendo no tenía implicaciones legales.
Tal es la frecuente falta de honestidad en el debate de la ONU, especialmente entre las potencias occidentales que pretenden impulsar políticas sociales radicales y que, por tanto, se ven obligadas a intentar engañar a los Estados miembros de la ONU más conservadores.
El documento que se está debatiendo es la primera resolución independiente sobre la justicia para los supervivientes de la violencia sexual que también incluye un lenguaje que promueve el aborto como un derecho humano y utiliza términos utilizados por las agencias de la ONU para promover la homosexualidad y la transexualidad.
«Al copatrocinar esta resolución, Estados Unidos no reconoce ningún cambio en el estado actual del derecho internacional convencional o consuetudinario», dijo DeLaurentis en la declaración oficial del gobierno estadounidense durante el debate de la resolución. Fue enfático e inequívoco.
Uno se pregunta si DeLaurentis estaba mintiendo a sus amigos pro-abortistas en la galería o a los Estados miembros de la ONU.
Siguió diciendo: «La resolución no crea derechos ni obligaciones en virtud del derecho internacional, ni tampoco interpretamos que los Estados deban adherirse o aplicar obligaciones en virtud de instrumentos internacionales de los que no son parte», repitiendo la posición que desde hace tiempo mantiene el gobierno de Estados Unidos en las reuniones de la ONU”.
Las observaciones de DeLaurentis en la tribuna de la Asamblea General reflejan la teoría jurídica seguida por la mayoría de los países occidentales, según la cual los acuerdos anteriores de la ONU con términos ambiguos relativos a políticas sociales controvertidas pueden llegar a ser vinculantes con el tiempo. Según esta teoría, las resoluciones de la ONU pasan a ser vinculantes como derecho internacional consuetudinario cuando la Asamblea General las adopta repetidamente por consenso, es decir, por unanimidad y sin votación. Esta opinión es la que prevalece en la práctica en las Naciones Unidas, a pesar de la posición oficial de Estados Unidos.
Los diplomáticos y funcionarios de los países occidentales suelen confundir si las resoluciones de la ONU son vinculantes, en ningún lugar más que cuando se trata de forzar la aceptación del aborto, la homosexualidad y las cuestiones transgénero.
Los diplomáticos occidentales suelen decir que las resoluciones de la ONU «no son vinculantes» a los diplomáticos de las sociedades tradicionales que se oponen a los elementos controvertidos de las políticas de la ONU, como para disipar su preocupación por aceptar un lenguaje que no pasaría el examen en sus países. Los mismos diplomáticos se dan la vuelta e insisten en que las frases y oraciones adoptadas en las resoluciones de la ONU se consideran «lenguaje acordado» y están grabadas en piedra para anular cualquier objeción que se haga en el futuro. Lo hacen precisamente para consagrar los acuerdos como parte del derecho internacional consuetudinario.
Estas tácticas son un esfuerzo por eludir los debates políticos nacionales y cualquier responsabilidad política. Se utilizan para promover nociones que son políticamente impopulares en la mayor parte del mundo, incluso en muchos países occidentales.
El acalorado debate sobre la resolución relativa al acceso a la justicia para los supervivientes de la violencia sexual que tuvo lugar en la Asamblea General el viernes pasado y el miércoles de esta semana puso de manifiesto lo confuso que puede ser establecer las implicaciones jurídicas de las resoluciones supuestamente no vinculantes de la Asamblea General y lo polémicas que siguen siendo a nivel internacional las cuestiones del aborto, la homosexualidad y la transexualidad.
El debate no sólo versó sobre si el aborto o las cuestiones relativas a la homosexualidad y la transexualidad son de hecho derechos humanos, sino también sobre si los acuerdos supuestamente no vinculantes con términos ambiguos relativos a políticas sociales controvertidas pueden llegar a ser vinculantes con el tiempo.
Los encendidos intercambios en la Asamblea General a lo largo de esta semana y de la anterior han recordado a los países occidentales que, aunque a veces consigan arrollar a las delegaciones más pequeñas que tienen más personal y recursos en las negociaciones de la ONU, en última instancia siempre tienen que enfrentarse a Estados soberanos que ejercen su plena prerrogativa de representar a sus países y pueblos.
Traducción del original en lengua inglesa realizada por el director editorial de ZENIT.
