Por: Michael Cook
(ZENIT Noticias – MercatorNet / Sydney, 21.09.2022).- El 7 de abril de 2020, el cardenal George Pell salió de la prisión de Barwon, en Victoria, como un hombre libre. El Tribunal Superior de Australia, en una decisión unánime de 7 a 0, anuló una condena de abuso sexual a dos niños del coro en la década de 1990.
Uno de los primeros artículos académicos sobre la cuestión acaba de aparecer en el número inaugural de la revista Australian Journal of Law and Religion. El autor, Andrew Hemming, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Southern Queensland, se pregunta por qué tanto el jurado como el Tribunal de Apelación de Victoria se equivocaron.
Junto con el encarcelamiento de Lindy Chamberlain en la década de 1970 por matar a su bebé, el caso Pell puede ser el caso más conocido de condena errónea en la historia penal australiana. Un jurado lo declaró unánimemente culpable de un delito infame, completamente fuera de lugar, sin acusaciones fundadas antes o después de los hechos, sobre la base del testimonio de un testigo no corroborado, contra el testimonio de 23 testigos de la defensa, más de 20 años después.
¿Qué lecciones podemos aprender?
Los jurados pueden equivocarse. Entre el público existe una especie de mística del jurado, basada en la fe en la democracia y en decenas de películas, que dice que 12 hombres buenos y verdaderos tienen un carisma especial para discernir la culpabilidad y la inocencia. El caso Pell demuestra obviamente que esto no siempre es cierto, por varias razones. Obviamente, la publicidad previa al juicio puede perjudicar a los jurados. En estos casos, los demás estados australianos permiten que los juicios se celebren sólo con jueces, pero esta opción no está disponible en Victoria.
Otra cuestión es si los jurados son capaces de entender las instrucciones dadas por el juez que preside Virginia Bell, ya jubilada, una de las juezas del Tribunal Superior en el caso Pell, ha observado que «si bien las pruebas empíricas sugieren que los jurados son generalmente concienzudos en sus esfuerzos por seguir las instrucciones, que al parecer consideran útiles, las pruebas son menos positivas sobre el nivel de comprensión de las instrucciones por parte de los jurados».
El estándar de prueba penal es fácilmente malinterpretado por los jurados. Para condenar a alguien, la acusación debe probar su caso «más allá de toda duda razonable».
Pero los jurados pueden dejarse llevar por la emoción a la hora de emitir un veredicto, especialmente en los casos de agresión sexual. Un abogado de un hermano cristiano cuya condena fue anulada por el Tribunal Superior declaró a The Weekend Australian: «Mi opinión es que, en el clima actual, los acusados tienen muchas posibilidades de ser condenados en estos casos, sean culpables o no. Hace falta un fiscal valiente para decir: ‘Esto no tiene sentido’. La actitud predominante parece ser la de procesar y dejar que los tribunales lo resuelvan, pero muchos jurados están tomando decisiones basadas en la emoción y las ideas preconcebidas, no en las pruebas o los hechos».
Los «juicios basados en el comportamiento» no son fiables. El caso de la acusación se basó casi por completo en el testimonio de “A”, el escolar ya mayor de edad al que Pell supuestamente agredió, junto con su amigo “B”. Fue, en palabras de la decisión mayoritaria del Tribunal de Apelación, «un testigo muy convincente, [que] claramente no era un mentiroso, no era un fantasioso y era un testigo de la verdad».
El Tribunal Superior sugirió que las evaluaciones de la credibilidad de los testigos basadas en su franqueza y sinceridad son intrínsecamente traicioneras. «La división en el Tribunal de Apelación en la evaluación de la credibilidad de “A” puede pensarse que subraya la naturaleza altamente subjetiva de los juicios basados en el comportamiento», declararon. Hemming cita un libro de 2009 sobre la mentira: «la mayoría de los mentirosos pueden engañar a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo». Y otro abogado observa con sorna que el comportamiento sólo delata a los mentirosos incompetentes.
Incluso a los jueces les resulta difícil aplicar el criterio de «más allá de toda duda razonable». Los dos jueces del Tribunal de Apelación que confirmaron el veredicto de culpabilidad revisaron las pruebas de numerosos testigos que apoyaban la inverosimilitud de las acusaciones. El abogado de Pell, Robert Richter, calificó su visión de los hechos de «improbabilidades agravadas». Y en gran medida no fueron rebatidas. Sin embargo, las acusaciones se remontan a 1996 y 1997, lo que hace que estos testigos no tengan claros los detalles. Así que la estrategia del fiscal no era desacreditar su testimonio, sino preguntar si la versión de los hechos de A podría ser remotamente posible, a lo que tuvieron que responder que sí, que podrían haber sido posibles.
Así que parece que los dos jueces trataron a A como «testigo de la verdad» y descartaron el testimonio de los «testigos de oportunidad» por la posibilidad extremadamente remota de que todos y cada uno de ellos estuvieran equivocados.
Sin embargo, esto invirtió efectivamente la carga de la prueba de la acusación a la defensa. Pell tenía que demostrar más allá de toda duda razonable que no era culpable, en lugar de que la acusación tuviera que demostrar más allá de toda duda razonable que era culpable. Como dijo el Tribunal Superior: habían preguntado «si existía la posibilidad razonable de que el relato de A fuera correcto, en lugar de si la acusación había negado la posibilidad razonable de que no lo fuera».
Para los partidarios de Pell, la decisión del Tribunal Superior fue una reivindicación bienvenida de su inocencia. Sin embargo, es posible que el caso tenga consecuencias menos gratas. Como señala otro comentario publicado en la Adelaide Law Review, el éxito de la apelación de Pell podría socavar la confianza del público en los resultados de los juicios con jurado. «Los jurados son una parte vital del sistema judicial, y decisiones como ésta inevitablemente socavan su credibilidad», dicen Samuel Beer y Charlotte Butchart.
También podría dificultar la condena de criminales por abusos sexuales históricos. A menudo sólo hay un testigo: la víctima. Y a menudo las acusaciones parecen inverosímiles, especialmente si han pasado muchos años. Así que el precedente establecido en el caso Pell V Queen podría dificultar las condenas. Como observan Beer y Butchart «el enfoque del Alto Tribunal al impartir lo que percibió como justicia en el caso de Pell conlleva el riesgo de hacer que ese mismo objetivo sea más difícil de alcanzar en otros».
Si esto ocurre, ¿de quién será la culpa? Posiblemente de los jueces.
Una lección implícita en el análisis de Hemming es que los jueces a veces carecen de valor. Hemming sostiene que «cualquier evaluación objetiva de la solidez de la defensa en el caso Pell, basada en todas las pruebas admisibles y en los 23 testigos de la defensa, llevaría a la conclusión de que no había ninguna perspectiva razonable de condena».
Siendo así, Kerry Judd, el director de la fiscalía de Victoria, debería haberse negado a permitir que el caso llegara a juicio. Y, añade Hemming, «podría decirse que, dada la fuerza de la disidencia de Weinberg JA, que fue refrendada por 7-0 en el Tribunal Superior, el juez jefe Kidd debería haber ordenado al segundo jurado que emitiera un veredicto de no culpabilidad porque las pruebas tomadas en su máxima expresión no podían sostener un veredicto de culpabilidad más allá de toda duda razonable».
Pero tanto Judd como Kidd tomaron el camino más fácil. Como resultado, un hombre inocente pasó 406 días en prisión por un crimen que no cometió. Y, como resultado, también es posible que hombres culpables salgan libres por crímenes que sí cometieron.
El autor es editor de MercatorNet, web donde originalmente apareció publicado el artículo cuya traducción al castellano fue realizada por el director editorial de ZENIT.
