Mujer india embarazada. Foto: biobiochile

Corte Suprema de la India legaliza los abortos para mujeres solteras (y hombres)

India había modificado previamente su ley de aborto para ampliar los motivos por los que las mujeres casadas podían abortar, ampliando el límite de gestación de 20 a 24 semanas, pero las mujeres solteras seguían estando limitadas a 20 semanas hasta la nueva sentencia, anunciada el 29 de septiembre.

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Rebacca Oas

(ZENIT Noticias – Center for Family adn Human Rights / Roma, 06.10.2022).- El más alto tribunal de la India citó a los comités de derechos humanos de la ONU en una reciente sentencia que legaliza el aborto para las mujeres solteras hasta las 24 semanas de gestación. La decisión estipula que el término «mujeres» incluye a «personas distintas de las mujeres cisgénero que puedan necesitar acceso a una interrupción médica segura de su embarazo».

India había modificado previamente su ley de aborto para ampliar los motivos por los que las mujeres casadas podían abortar, ampliando el límite de gestación de 20 a 24 semanas, pero las mujeres solteras seguían estando limitadas a 20 semanas hasta la nueva sentencia, anunciada el 29 de septiembre.

Los defensores del aborto celebraron la decisión porque reduce el estigma asociado a las mujeres solteras que se quedan embarazadas.  La mujer que presentó el caso ante el tribunal mantenía una relación consentida con un hombre que «se negó a casarse con ella en el último momento», a pesar de su embarazo de 22 semanas.

Al modificar las leyes sobre el aborto en India, el Tribunal Supremo citó las opiniones de varios órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, entre ellas la observación general del Comité de Derechos Humanos de que «los Estados Partes tienen la responsabilidad de proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto».

La sentencia también cita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Todos estos comités vigilan el cumplimiento de los tratados, en ninguno de los cuales se menciona el aborto, y mucho menos como un derecho. Es más, las opiniones y recomendaciones de estos expertos no son vinculantes en ningún caso.

Los órganos de tratados de la ONU y otros titulares de mandatos de derechos humanos también han desempeñado un papel en la presión ejercida recientemente sobre Argentina para que liberalice su legislación sobre el aborto. El texto de la ley argentina menciona varios tratados de derechos humanos de la ONU y también enmarca la cuestión del aborto en términos de «mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar».

Los mismos organismos de la ONU se apresuraron a denunciar la sentencia Dobbs del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios de este año, que anuló la decisión de 1973 que convertía el aborto en la ley del país durante casi cincuenta años.

Esta reciente sentencia no es la primera vez que el alto tribunal indio cita a los organismos de la ONU –y a otras fuentes lejanas– en sentencias sobre cuestiones sociales controvertidas. En 2018, el tribunal anuló las leyes de sodomía de la India, argumentando que la criminalización de la sodomía violaba las normas internacionales de derechos humanos. Al igual que con el aborto, nunca ha habido un consenso internacional sobre este punto, pero los órganos de vigilancia de los tratados y otros expertos y organismos de la ONU han presionado repetidamente a los países para que deroguen esas leyes.

La sentencia india de 2018 sobre la sodomía citó varios casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos con la autoría del juez Anthony Kennedy, incluidos los que anularon las prohibiciones de la sodomía a nivel estatal en Estados Unidos y establecieron el «matrimonio» entre personas del mismo sexo a nivel nacional.

Los expertos en derechos humanos de la ONU no tienen poder para crear un derecho humano al aborto o redefinir la familia.  Sin embargo, los grupos de activistas que hacen campaña en favor de estas cosas a menudo señalan los casos en los que los tribunales o las legislaturas nacionales citan los escritos de los expertos como una forma de elevar la legitimidad de los expertos y la legitimidad de sus afirmaciones sobre el aborto como un derecho.

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Redacción Zenit

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