(ZENIT Noticias – Ayuda a la Iglesia Necesitada / Managua, 30.05.2023).- En Nicaragua se ha iniciado una cacería humana, o más bien sacerdotal. El martes 23 de mayo, la policía detuvo al Padre Jaime Iván Montesinos Sauceda, de la parroquia San Juan Pablo II de Sébaco, Matagalpa, uno de los departamentos más afectados por la represión del presidente Ortega contra la Iglesia católica.
El sacerdote está acusado de cometer actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación de la nación, según el artículo 1 de la Ley 1055, una acusación especialmente dirigida a opositores y críticos de la dictadura de Ortega. Como en otros casos de sacerdotes encarcelados, el comunicado de prensa de la policía afirma que el sacerdote estaba ebrio y acompañado por una mujer.
Se trata del tercer sacerdote detenido en los últimos días. La Diócesis de Estelí ha confirmado que el Padre Eugenio Rodríguez y el Padre Leonardo Guevara Gutiérrez también están siendo investigados por la policía.
Las detenciones se producen tras la condena de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, condenado a 26 años como «traidor a la Patria» y culpable de «conspiración para atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense».
Estamos asistiendo a un flagrante intento de silenciar a la Iglesia en Nicaragua. En una situación de grave deterioro político y social, el papel de la Iglesia como mediadora de la paz y promotora de la reconciliación se ha traducido en represión, falsas acusaciones, detenciones y penas de prisión injustificadas.
Tras la expulsión del Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, la expulsión de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta y de otros religiosos y sacerdotes, el cierre del canal de televisión de la Conferencia Episcopal y de otras emisoras de radio católicas, la nacionalización de la Universidad Católica de Trópico Seco, que pertenecía a la Diócesis de Estelí, la grave medida de detención tomada contra mons. Álvarez y la sucesión de detenciones injustificadas de sacerdotes constituyen una evidente persecución del régimen de Ortega contra la Iglesia, persecución que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones supranacionales.
