(ZENIT Noticias / Managua, 11.12.2023).- Martha Candelaria Rivas fue condenada por el régimen de Daniel Ortega al no aceptar la presión para acusar a un sacerdote de violencia física contra ella.
Martha tiene 45 años y es madre de dos adolescentes. Lleva año y medio en la cárcel. Mujer humilde, ajena a la política de su país, es una de las 17 mujeres que el régimen de Daniel Ortega mantiene en prisión por razones políticas. Recibió condena a cinco años de prisión por “falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua”, al negarse a acusar al sacerdote Manuel García Rodríguez de “violencia física contra una mujer”.
Todo comenzó en una visita de Martha junto a sus hijos al sacerdote Manuel García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, con quien mantenía amistad, en Nandaime, al sureste de Nicaragua, el 30 de mayo de 2022. Durante la visita, según Martha, comieron, tomaron unos tragos de ron y discutieron cuando la mujer revisó unos mensajes del teléfono celular del sacerdote. Al retirarse del lugar, según el testimonio de la mujer, el sacerdote la golpeó con un candado al girarse atrás.
Su testimonio fue claro en un video grabado por medios oficialistas: “Cuando ya nos íbamos, él venía adelante, yo atrás, él llevaba el candado en la mano izquierda, me iba criticando, que llegué solo a reclamarle y tiró el brazo sin recordar que iba atrás y me dio”.
La hija de Martha fue a buscar ayuda y un grupo de simpatizantes del régimen rodeó la iglesia con gritos de “¡Asesino! ¡Asesino!”, reclamo grabado en video y divulgado por el grupo de manifestantes, donde el sacerdote Manuel García blande un machete contra la turba que amenazaba con la entrada a la iglesia.
Martha Candelaria Rivas nunca acusó al sacerdote. La Policía, la Fiscalía y los medios de comunicación afines al gobierno la presentaron como víctima y la presionaron para que formalizara la acusación.
El caso tuvo lugar durante el encarcelamiento de sacerdotes por el régimen de Ortega. Hay 14 sacerdotes en prisión por el gobierno nicaragüense, entre ellos el obispo Monseñor Rolando Álvarez.
“Para la dictadura, era muy importante llevar a la cárcel a los primeros sacerdotes bajo cargos de delitos comunes, sobre todo con aquellos delitos que lesionan la honra, como violación o la agresión a mujeres, y así despojarlos de ese halo de intocables que tienen ante la sociedad. Luego sería más fácil acusar a los siguientes con los delitos políticos tradicionales, como efectivamente ocurrió”, explicó un sociólogo nicaragüense a Infobae.
Los medios afines al régimen divulgaron un video con la entrevista a Martha, en junio de 2022, donde contesta nerviosa a las preguntas de los periodistas oficialistas.
La fiscal solicitó a la jueza que la víctima diera testimonio por vivir lejos del término judicial de Granada y podía ser coaccionada antes del proceso penal. La primera audiencia tuvo lugar el 17 de junio, pero con un giro inesperado.
Martha se negó a firmar la denuncia y dijo que todo fue un “accidente”. De todos modos, el sacerdote Manuel García Rodríguez fue condenado el 22 de junio a dos años de cárcel por amenazas con arma blanca contra los manifestantes que le llamaron asesino y una multa de 14,116 córdobas, 400 dólares, delito basado en el testimonio de 5 personas que rodeaban la iglesia, todos reconocidos militantes del partido de gobierno.
La jueza del juzgado Segundo Local Penal de Granada, María José Zapata, condenó a la mujer a cinco años de cárcel por cometer “falso testimonio, al deformar hechos que había declarado como verdaderos ante la Policía”. En la presentación de pruebas, la mujer negó tener “una relación íntima sentimental” con el sacerdote y expresó que recibió un golpe no intencional.
El sociólogo consultado comentó: “La dictadura nunca buscó justicia para la mujer: solo quería usarla en su plan contra la Iglesia Católica. Podemos tener dudas de lo que ocurrió esa noche en la parroquia de Nandaime, pero lo que quedó claro es que ya había una sentencia contra el sacerdote, a quien acusan de apoyar las protestas de 2018 y, cuando Martha candelaria se niega a acusarlos, se les cae el plan inicial, se enfurecen, y deciden castigarla por contradecirlos”.
Finalmente, el sacerdote Manuel García Rodríguez fue desterrado en octubre de 2022 con otros 11 sacerdotes. Martha Candelaria Rivas continua en la Cárcel de Mujeres de Granada, a unos 40 kilómetros de Managua.
Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense en el exilio declaró: “La ciudadana Martha Candelaria es una víctima más de las injusticias que se cometen en el país. No dudo que la hayan obligado a declarar en contra del sacerdote, pero después se retractó y decidió no hacerlo, y mejor pagar las consecuencias. Como ella se negó a acatar las ordenes, entonces la sentenciaron a una condena injusta”.
La abogada señala que el delito por el cual la condenaron “nunca existió”: la prueba es que el sacerdote quedó en libertad. “Legalmente no tiene por qué estar encarcelada por un delito inexistente”.
