(ZENIT Noticias / Washington, 19.05.2024).- La administración Biden ha intensificado las acciones legales contra activistas provida, encarcelando recientemente a Herb Geraghty por participar en una protesta pacífica contra el aborto. Geraghty, sentenciado a 34 meses de prisión bajo la Ley FACE, es el último en una serie de activistas arrestados y procesados por el Departamento de Justicia de Joe Biden.
El caso de Geraghty no es aislado. Junto a él, otros activistas como Lauren Handy y Jonathan Darnel han enfrentado cargos similares. Darnel, quien se describió como honrado de ser arrestado por «salvar bebés de abortos», argumentó que la Ley FACE criminaliza injustamente sus esfuerzos. En una entrevista con la Agencia Católica de Noticias (CNA), Darnel declaró que vive en una nación que «asesina a niños» y vinculó su activismo a su fervorosa fe cristiana.
La controversia surgió cuando estos activistas, incluyendo a Handy y Geraghty, llevaron a cabo un «rescate» en la Washington Surgi-Clinic, dirigida por el notorio abortista Cesare Santangelo. El grupo se encadenó a la entrada del centro para impedir la realización de abortos. Este acto de desobediencia civil fue una respuesta directa a videos en los que Santangelo admitía que no ayudaría a un bebé que sobreviviera a un aborto tardío.
El caso adquirió mayor relevancia cuando un conductor de una camioneta de desechos médicos entregó a los activistas 115 fetos abortados, muchos de ellos en avanzado estado de desarrollo. Los restos de estos fetos se encuentran actualmente en la oficina del médico forense de DC.
En octubre de 2020, Geraghty, Handy y otros activistas bloquearon la entrada de la clínica en una protesta filmada por Darnel. Sin embargo, durante el juicio, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, nominada por Clinton, prohibió el uso del video como evidencia y no permitió que los acusados argumentaran la protección de la Primera Enmienda o la defensa de terceros, es decir, los niños no nacidos.
Geraghty criticó duramente esta decisión, acusando a la administración Biden de utilizar la Ley FACE para atacar políticamente a los activistas provida. «Este es un claro abuso de poder y una señal de que la administración Biden está utilizando al Departamento de Justicia para atacar objetivos políticos», declaró al medio The Daily Signal.
El 14 de mayo, otro activista, John Hinshaw, recibió una sentencia de 21 meses, mientras que Will Goodman fue condenado a 27 meses de prisión por su participación en la protesta de 2020. Handy, también sentenciada, expresó su resiliencia y esperanza a pesar de su encarcelamiento. «La vida continúa… incluso en la cárcel», afirmó, destacando que su espíritu no será quebrantado.
La respuesta a estas sentencias ha sido contundente. Caroline Smith, directora ejecutiva del Levantamiento Progresista Antiaborto, afirmó que la opresión de la administración Biden resultará contraproducente, ya que «el aborto es un asesinato y los fetos son personas». Terrisa Bukovinac, fundadora de PAAU, calificó la situación como un nuevo nivel de tiranía por parte del Departamento de Justicia de Merrick Garland.
El caso de los activistas provida ha suscitado una ola de condena internacional y promesas de apoyo futuro. El expresidente Donald Trump se comprometió a revisar los casos de los llamados «presos políticos» si es reelegido, prometiendo formar un grupo de trabajo especial para liberar a aquellos que, según él, han sido perseguidos injustamente.
La utilización de la Ley FACE, que prohíbe obstruir el acceso a servicios de salud reproductiva mediante fuerza o intimidación, ha sido criticada por muchos como una herramienta para silenciar a los activistas provida. Los nueve activistas que enfrentan cargos podrían recibir hasta 11 años de prisión, lo que ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la justicia social en Estados Unidos.
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