Valentina di Giorgio y Elizabeth Owens
(ZENIT Noticias / Londres, 18.07.2024).- El juicio civil en la Alta Corte de Justicia del Reino Unido sobre la venta del edificio en Sloane Avenue de Londres llegó a su conclusión el jueves 18 de julio, tras casi un mes de audiencias. Este caso, que enfrenta a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y al financiero Raffaele Mincione, ha captado la atención por las declaraciones contradictorias de ambas partes sobre la legitimidad de la transacción.
Una parte del proceso reitera que «no hay buena fe» en las acciones del otro, mientras que Mincione sostiene que «no hubo fraude» en la operación. Este litigio comenzó en 2020 cuando Mincione presentó una demanda buscando validaciones legales que probaran su «buena fe» en la venta del edificio a finales de 2018. Durante el juicio, uno de los testigos clave fue el monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, quien brindó detalles sobre el complejo negocio.
Los abogados de ambas partes presentaron sus memorandos finales. El equipo jurídico de Mincione, encabezado por Charles Samek, presentó un documento de 115 páginas en el que defienden la legitimidad de su cliente. Admiten que Mincione tiene un estilo peculiar, describiéndolo como «un tipo bucanero», pero refutan las acusaciones de fraude, argumentando que la Secretaría de Estado solo se dio cuenta de posibles irregularidades después de revisar documentos judiciales suizos.
Samek y su equipo también critican la implicación de monseñor Peña Parra en las negociaciones finales, sugiriendo que estaba directamente involucrado en el pago de 15 millones de euros a Gianluigi Torzi para resolver las relaciones contractuales. Aseguran que las facturas emitidas a Credit Suisse por servicios no prestados fueron consideradas «falsas» por ellos, mientras que Peña Parra las justificó como resultado de una extorsión.
Por otro lado, el abogado de la Secretaría de Estado, Charles Hollander, presentó un memorando de 109 páginas centrado en la alegación de que el edificio fue comprado a un precio inflado. Hollander describe cómo la propiedad, adquirida por Mincione en 2012 por 129 millones de libras, fue ofrecida a la Santa Sede a un valor mucho mayor, lo que sugieren fue una sobrevaloración engañosa.
El documento detalla cómo los intereses financieros de Mincione y Torzi estaban «estrechamente entrelazados» y que ambos necesitaban dinero urgentemente debido a acuerdos relacionados con Banca Carige. Los abogados de la Secretaría de Estado califican las críticas a Peña Parra como «infundadas» y señalan que la verdadera intención de Mincione al iniciar este procedimiento legal era contrarrestar la presión mediática y judicial derivada de las investigaciones vaticanas.
El inicio de la demanda de Mincione coincidió con la detención de Torzi en el Vaticano, sugiriendo que los implicados buscaron presionar al Promotor de Justicia del Vaticano. Mincione fue condenado en primera instancia por malversación y otros delitos, pero absuelto de estafa agravada y malversación en relación con la venta del edificio. La sentencia aún no se ha publicado, pero el Promotor de Justicia ya ha indicado su intención de apelar.
La Alta Corte de Justicia del Reino Unido emitirá su veredicto en otoño.
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