(ZENIT Noticias / Managua, 05.12.2024).- El gobierno autoritario de Daniel Ortega está acelerando su ofensiva contra las comunidades religiosas en Nicaragua, emitiendo un ultimátum para que todas las monjas restantes abandonen el país antes de fin de año. Este hecho, destacado por la experta legal e investigadora Martha Patricia Molina, indica una intensificación de la campaña del régimen contra la Iglesia Católica y sus instituciones.
Se ordena a las monjas que salgan en diciembre
Según Molina, las monjas que quedan en Nicaragua ahora se están preparando para irse bajo presión. “En las próximas semanas, los puestos de control fronterizos y los aeropuertos verán una afluencia de mujeres religiosas que saldrán del país, ya que la dictadura ha ordenado su salida para diciembre”, escribió Molina en la plataforma de redes sociales X.
Se espera que muchas de estas monjas busquen refugio en países latinoamericanos donde sus congregaciones ya tienen comunidades establecidas. El régimen ha disuelto sistemáticamente las organizaciones sin fines de lucro afiliadas a la Iglesia, cortando así de hecho el marco legal de las monjas para operar dentro del país. Según se informa, el Estado ha confiscado propiedades vinculadas a estas congregaciones.
Aumento de la persecución de sacerdotes
A la par de la presión sobre las monjas, los sacerdotes siguen enfrentándose al acoso, el exilio y la denegación de la entrada a Nicaragua. Más recientemente, el 29 de noviembre, Molina informó de la expulsión forzada del padre Asdrúbal Zeledón Ruiz de la diócesis de Jinotega.
A principios de mes, el régimen de Ortega bloqueó el regreso de otros dos sacerdotes al país, exiliándolos de hecho. Mientras tanto, el padre Floriano Ceferino Vargas fue detenido por las autoridades tras una misa en la iglesia de San Martín en Nueva Guinea, solo para ser expulsado rápidamente a Panamá. Esto refleja una tendencia creciente: en lugar de una detención prolongada, ahora se arresta arbitrariamente a los sacerdotes y se los deporta rápidamente.
Años de represión sistemática
La persecución de figuras religiosas en Nicaragua no es nueva, pero se ha intensificado dramáticamente desde abril de 2018. La investigación de Molina indica que más de 250 miembros del clero y de órdenes religiosas han sido expulsados, exiliados o forzados a huir debido a restricciones de viaje y amenazas.
Esta represión se alinea con los esfuerzos más amplios de Ortega para silenciar las voces disidentes y consolidar el poder. La Iglesia Católica, defensora vocal de los derechos humanos y mediadora en crisis políticas, ha sido un objetivo particular.
Confiscación y borrado de la presencia religiosa
Más allá de las expulsiones, el régimen de Ortega ha despojado a las organizaciones religiosas de su estatus legal y ha confiscado propiedades de la Iglesia. Esta estrategia no solo elimina la oposición inmediata, sino que también busca borrar la influencia de larga data de la Iglesia en la sociedad nicaragüense.
Una crisis humanitaria en ciernes
El desplazamiento forzado de monjas, sacerdotes y otras figuras religiosas es un síntoma de una crisis humanitaria y de derechos humanos más profunda en Nicaragua. Mientras aumenta la condena internacional, el régimen de Ortega parece imperturbable y sigue aplicando medidas que aíslan al país de las normas globales y desmantelan la resistencia interna.
El destino de la Iglesia católica en Nicaragua sigue siendo incierto, pero su éxodo forzado deja un vacío en un país que ya enfrenta la represión política y las fracturas sociales.
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