(ZENIT Noticias / Roma, 04.02.2025).- Una disputa legal se está desarrollando en el Vaticano, donde dos ex empleados del Instituto para las Obras Religiosas (IOR), comúnmente conocido como el Banco Vaticano, han llevado su caso a los tribunales. ¿Su presunto delito? Casarse.
Domenico Fabiani y Silvia Carlucci, ambos empleados de larga data del IOR, fueron despedidos el 1 de octubre de 2024, solo un mes después de su boda del 31 de agosto. El despido se basó en una reglamentación recién introducida que prohíbe a los empleados casarse entre sí, una regla laboral que la pareja afirma que se implementó después de que ya habían anunciado sus planes de casarse.
Ahora, están contraatacando. En una demanda legal, Fabiani y Carlucci exigen no solo su reincorporación, sino también una compensación económica por daños.
Una política controvertida y acusaciones de aplicación retroactiva
La disputa se centra en una norma introducida el 2 de mayo de 2024, que establece que si dos empleados del IOR se casan, sus contratos se rescindirán en un plazo de 30 días a menos que uno de ellos renuncie voluntariamente.
La política, destinada a prevenir conflictos de intereses dentro del Banco del Vaticano, es descrita por la institución como una práctica común del sector financiero. Sin embargo, Fabiani y Carlucci argumentan que la norma se aplicó injustamente de forma retroactiva a su caso, ya que habían hecho públicos sus planes de boda en febrero, meses antes de que se promulgara la normativa.
«Cuando informamos al instituto de que nos íbamos a casar, cumplimos plenamente con las normas existentes», dijo Fabiani al periódico italiano La Repubblica.
La pareja afirma que el IOR les notificó la nueva norma por correo electrónico solo después de que habían compartido públicamente sus planes de boda, lo que los obligó a enfrentarse a un dilema en el que uno de ellos tenía que renunciar o ambos serían despedidos.
Se desarrolla una batalla legal en medio de tensiones laborales en el Vaticano
El caso fue llevado ante el tribunal civil del Vaticano. La abogada de Fabiani y Carlucci, Laura Sgrò, una conocida abogada del Vaticano, describió el trato que recibieron por parte del IOR como «acoso», argumentando que fueron suspendidos y se enfrentaron a reducciones salariales por razones fuera de su control, incluidos informes de los medios sobre su caso de los que ni siquiera estaban al tanto.
Sgrò afirmó además que la pareja fue penalizada por discutir su situación con miembros de la familia y con un representante de la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV), incluso fuera del horario laboral.
“Su error, según el IOR, fue hablar con sus propios familiares sobre una política que impactaba directamente en su boda y sus medios de vida”, argumentó Sgrò.
Carlucci enfatizó el costo humano y económico de su repentino despido, en particular porque mantienen a hijos de matrimonios anteriores que fueron anulados.
“El instituto sabía perfectamente que decidir dos meses antes de nuestra boda cuál de nosotros debía ser despedido era inhumano y económicamente devastador”, dijo.
IOR: La política fue planeada desde hace mucho tiempo, no estaba dirigida a la pareja
El Banco del Vaticano sostiene que la regulación había estado en desarrollo durante algún tiempo y solo se promulgó después de que se jubilara el último caso de una pareja de empleados casados.
El abogado del IOR Roberto Lipari argumentó que la institución había hecho esfuerzos para complacer a Fabiani y Carlucci y que hubo «múltiples momentos» en los que se podría haber llegado a una resolución diferente.
Sin embargo, Lipari rechazó firmemente la idea de una mayor mediación, afirmando: «El IOR cree que ya no hay espacio para la reconciliación».
También desestimó las acusaciones de que la política interfiere en la vida personal, insistiendo en que se introdujo únicamente por integridad institucional.
“El IOR no es un juez moral de la vida privada. Intervino porque las decisiones personales de sus empleados tienen consecuencias directas en el funcionamiento de la institución”, dijo Lipari.
La apelación al Papa Francisco plantea preguntas sobre la coherencia del Vaticano
Como parte de su apelación legal, Fabiani y Carlucci han solicitado que los documentos del caso se presenten directamente al Papa Francisco, citando la contradicción entre su defensa de los valores familiares y el tratamiento que reciben de ellos por parte de una institución del Vaticano.
“El Santo Padre habla de apoyar a las familias y construir una cultura que las valore”, dijo Fabiani. “Sin embargo, aquí estamos, una familia con dos adultos de repente desempleados. Esto contradice completamente el mensaje del Papa”.
Lipari, sin embargo, desestimó la solicitud como «totalmente inadmisible”, argumentando que las políticas del Banco Vaticano son distintas de la doctrina general de la Iglesia sobre la vida familiar.
Irónicamente, el año pasado, el Papa Francisco felicitó públicamente a dos empleados de comunicaciones del Vaticano por su boda, a pesar de que en su lugar de trabajo no había una política similar de no confraternización. Sin embargo, la intervención en el caso del IOR sigue siendo poco probable, ya que el propio Papa aprobó los recientes esfuerzos del banco para combatir el nepotismo y los posibles conflictos de intereses.
Mayor descontento entre los empleados del Vaticano
Más allá de este caso individual, el juicio destaca el creciente descontento entre los empleados del Vaticano por las políticas financieras y las condiciones laborales.
En los últimos meses, la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) ha expresado su frustración por el impacto de las reformas financieras en los salarios y beneficios, así como por la falta de diálogo entre el personal y las autoridades del Vaticano.
El contraste entre la postura oficial del Vaticano en favor de la familia y la dura realidad que viven algunos de sus empleados, como Fabiani y Carlucci, ha alimentado aún más las preocupaciones sobre la transparencia y la equidad de las políticas internas.
Por ahora, el destino del empleo de la pareja sigue en manos de los tribunales del Vaticano. Su caso podría sentar un precedente para futuras disputas laborales dentro de la Santa Sede, planteando preguntas urgentes sobre el equilibrio entre las políticas institucionales y los compromisos éticos de la Iglesia con la justicia y la vida familiar.
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