(ZENIT Noticias / Managua, 30.03.2025).- El pasado mes de febrero de 2025, el obispo nicaragüense exiliado Rolando Álvarez concedió una entrevista desde Roma al medio de noticias EWTN. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua reaccionó denunciando al Vaticano de «depravado» y «pedófilo».
La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó: «Nos pronunciamos sobre declaraciones que, a nombre del Estado Vaticano, se realizan desde páginas y plataformas que les son propias, declaraciones que constituyen un agravio y un insulto a la soberanía y dignidad del Estado nicaragüense». Es obvio que la entrevista de mons. Rolando Álvarez no fue una declaración a nombre del Vaticano, aunque la nota del Ministerio lo repite: «Además, sin ninguna autoridad política supranacional, el Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan, en Nicaragua, a personas que dejaron de ser nicaragüenses, por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes, políticamente instigados, así como constantes llamados a romper la paz, con todo tipo de violencia, falsedades y planificadas calumnias, infringiendo angustias, sufrimiento y dolor, a las familias de nuestro país».
Semanas antes, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado el 29 de enero con el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, donde expresa que el “Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas”.
El presidente del grupo de expertos, Jan Simon, declaró: “El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo [esposa del presidente, ndr] y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
El comunicado expresó también: “El informe señala que la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
En la entrevista referida al inicio, monseñor Álvarez confirmó ser obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí por mandato del Papa Francisco. El gobierno interpretó esta declaración como injerencia del Vaticano, señalando «con el mayor vigor contra la promoción de personas apátridas, destructivas, ambiciosas e incorregibles, así como contra la supuesta instalación de personas tan despreciables como autoridades a las que nadie reconoce».
Jan Simon añadió: «Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución a toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Además, el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”.
El documento de la ONU señala: “Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del Gobierno sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas violaciones por extensión son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas. Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero”.
El Parlamento Europeo ha condenado en repetidas ocasiones el desarrollo autoritario en Nicaragua. En junio de 2023, los eurodiputados pidieron a los Estados de la Unión Europea (UE) que activaran mecanismos para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. En octubre de 2024, la UE prorrogó sus sanciones contra 21 funcionarios y tres instituciones del régimen hasta 2025. Estas sanciones incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos.
La enmienda a la Constitución nicaragüense, que ya ha entrado en vigor, fue rechazada por los eurodiputados. Criticaron que Ortega y Murillo se hubieran asegurado así el control absoluto. La enmienda constitucional es una restricción más de la democracia y el estado de derecho. Particularmente polémica es la abolición de las instituciones independientes y la agrupación central del poder.
La persecución contra la Iglesia católica se mostró en el allanamiento por agentes policiales a la clínica médica Nazareth, propiedad de los franciscanos, el 26 de enero de 2025, ubicada en el municipio de San Rafael del Norte, en el departamento de Jinotega. La clínica formaba parte de las obras sociales promovidas por Fray Odorico D´Andrea, que brindaba atención médica con especialidades de odontología, ginecología, laboratorio, farmacia, optometría, medicina interna, psicología y medicina general.
Además, 30 monjas clarisas de la Orden de Santa Clara fueron expulsadas de Nicaragua la noche del martes 28 de enero, según fuentes de la Iglesia Católica y medios locales. Las religiosas fueron obligadas a salir de tres monasterios, ubicados en Managua, Matagalpa y Chinandega.
Aciprensa informó el 16 de marzo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo persigue a la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas con mucha vigilancia a los sacerdotes, revisando sus celulares, exigiéndoles informes semanales de sus actividades y restringiendo su libertad de movimiento.
El diario nicaragüense Mosaico CSI denunció que se exige a “los sacerdotes que quedan Nicaragua, las homilías deben ser totalmente teológicas. No pueden hablar de temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia o críticas sociales”. Además, detalla que “reciben visitas frecuentes de policías que les revisan los celulares para ver si se comunican con los obispos y sacerdotes que están fuera del país o con periodistas”.
Fueron 11.763 las procesiones prohibidas o reprimidas por el régimen de Daniel Ortega a partir de 2019 en Nicaragua. Desde entonces, los acosos y frenos a la libertad religiosa impiden manifestaciones religiosas públicas como las procesiones o el Vía Crucis al aire libre en Semana Santa. En 2024 se cancelaron 4.800 procesiones. Las parroquias buscan otras soluciones con procesiones y rezos de rosarios al interior de las iglesias.
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