(ZENIT Noticias / Tokyo, 09.12.2025).- Una sentencia dictada en la capital japonesa ha alterado el rumbo del debate nacional sobre las uniones entre personas del mismo sexo, restableciendo certezas jurídicas que muchos activistas creían que se estaban erosionando lentamente. En una decisión muy seguida, un tribunal de Tokio concluyó que la definición legal japonesa de matrimonio —basada en la unión de un hombre y una mujer— sigue siendo plenamente compatible con la Constitución de posguerra del país.
La jueza Ayumi Higashi argumentó que el texto legal actual, que describe el matrimonio como el consentimiento mutuo de «ambos sexos», no puede extenderse para incluir a las parejas del mismo sexo sin intervención legislativa. Hizo hincapié en que los legisladores consideran que el marco tradicional apoya la crianza de los hijos y la continuidad social, y que cualquier desviación de esta interpretación requiere un mandato político, no judicial.
Los demandantes, que buscaban tanto reconocimiento como indemnización, se preparan para impugnar la decisión, lo que podría sentar las bases para una audiencia en la Corte Suprema el próximo año. Su caso se suma a una compleja red de litigios que ha transformado gradualmente las expectativas públicas. En varios procedimientos recientes, tribunales superiores de todo Japón han sugerido que excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio legal podría entrar en conflicto con las garantías constitucionales, aun cuando dichos tribunales admitieron no tener la autoridad para anular las leyes vigentes. En consecuencia, esas sentencias tuvieron un peso principalmente simbólico.
Hasta ahora, solo el Tribunal de Distrito de Osaka había afirmado abiertamente la constitucionalidad de la prohibición japonesa. Con el fallo de Tokio, el poder judicial parece estar dividido entre los tribunales dispuestos a mostrar señales de cambio y los que insisten en que el asunto debe permanecer bajo la jurisdicción parlamentaria.
El clima político añade más tensión. La primera ministra Sanae Takaichi, conocida por sus opiniones conservadoras, se opone a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la opinión pública se inclina en la dirección opuesta: encuestas —como un estudio de Pew de 2023— indican que aproximadamente siete de cada diez ciudadanos japoneses están a favor del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, el nivel de apoyo más alto registrado en Asia.
A pesar de la ausencia de legislación nacional, los gobiernos locales han intentado llenar el vacío. Municipios y prefecturas han emitido certificados de unión que otorgan un reconocimiento limitado a las parejas del mismo sexo. El distrito de Shibuya en Tokio fue pionero en 2015 al crear un registro que permite que las parejas del mismo sexo reciban el mismo trato que los cónyuges casados en ciertos contextos administrativos. Sin embargo, estas iniciativas no llegan a otorgar un estatus legal completo.
Japón se encuentra ahora entre un grupo cada vez más reducido de países desarrollados —junto con Italia, Corea del Sur y la República Checa— que aún mantienen el matrimonio exclusivamente heterosexual en la ley. Para los activistas, el fallo de Tokio representa un revés. Para quienes se oponen a la reforma legislativa, indica que la interpretación constitucional sigue siendo favorable para ellos. Y para los legisladores, renueva la presión para aclarar si Japón seguirá manteniendo su definición tradicional de matrimonio o atenderá la creciente demanda de una revisión legal.
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