(ZENIT Noticias / Caracas, 11.12.2025).- Un alto prelado venezolano se ha visto nuevamente envuelto en la turbulencia política del país después de que las autoridades aeroportuarias bloquearan su salida de Caracas, declararan inválido su pasaporte y lo trataran de una manera más propia de un sospechoso de un delito que de un clérigo que se prepara para un compromiso en el extranjero.
El incidente que involucró al cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, ocurrió el 10 de diciembre en el aeropuerto internacional de la capital, interrumpiendo un viaje de varias etapas que lo llevaría primero a Bogotá y luego a España, donde debía asumir responsabilidades formales dentro de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Sus compañeros de viaje, entre ellos el Gran Prior de la Orden, José Antonio Rodríguez, y su esposa, pudieron embarcar. El cardenal no.
Los relatos de la Orden de San Lázaro y, posteriormente, del propio cardenal describen una escena marcada por la arbitrariedad y la humillación. Según sus declaraciones, los funcionarios de inmigración informaron al prelado de 81 años que la base de datos nacional lo incluía entre los fallecidos. Su pasaporte venezolano fue confiscado y anulado electrónicamente; su pasaporte vaticano, normalmente reconocido bajo los protocolos internacionales que rigen los privilegios diplomáticos, fue desestimado por insuficiente. Porras fue sometido a registros de su equipaje y ropa con perros detectores de drogas, y en un momento dado, fue seguido por personal armado incluso hasta un baño. Le confiscaron su teléfono móvil durante todo el calvario.
El cardenal, quien ya había sufrido diversas «fallas del sistema» a lo largo de los años que han interrumpido con frecuencia sus viajes, declaró a los obispos venezolanos que esta vez la intervención fue cualitativa: no se trató de una disfunción burocrática, sino de una operación dirigida. Señaló que los agentes se negaron a devolverle el pasaporte y le advirtieron que no lo fotografiara, añadiendo que cualquier intento de hacerlo conllevaría su arresto.
Dicho trato, argumentó la Orden de San Lázaro en su protesta formal ante la Santa Sede, constituye una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El grupo ha solicitado a la Secretaría de Estado del Vaticano que presente una queja oficial e insista en la libertad irrestricta del cardenal para viajar al extranjero. La imposibilidad del prelado de salir del país y la revocación de sus documentos han adquirido una resonancia diplomática más amplia, pues el episodio ocurrió en el Día Internacional de los Derechos Humanos y coincidió con la atención mundial sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada ese mismo día en Oslo con el Premio Nobel de la Paz.
Los observadores de las relaciones Iglesia-Estado en Venezuela señalan que Porras se ha convertido en una figura cada vez más incómoda para el gobierno de Maduro. En las semanas que rodearon la canonización de José Gregorio Hernández, el primer santo oficialmente reconocido del país, el cardenal se esforzó por evitar que el evento fuera instrumentalizado para la consolidación política. Sus declaraciones en Roma, poco antes de la canonización, describieron el colapso social e institucional de Venezuela como moralmente intolerable, citando el endurecimiento del control militar, el encarcelamiento de disidentes políticos y la creciente pobreza. Estos comentarios provocaron nuevas críticas por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y al ministro Diosdado Cabello.
Este ambiente tenso constituye el telón de fondo de la última interferencia en los movimientos del cardenal. Apenas unas semanas antes, se le había impedido viajar a Isnotú, cuna del nuevo santo, después de que las autoridades afirmaran que su vuelo nacional había sido cancelado; posteriormente descubrió que había salido según lo previsto. En ese momento, él y sus compañeros se encontraron rodeados por soldados fuertemente armados en un aeropuerto provincial.
La respuesta pública del cardenal a los acontecimientos de diciembre combinó realismo pastoral con una crítica aguda. Lamentó la erosión de los derechos cívicos y expresó su solidaridad con los venezolanos, quienes habitualmente enfrentan un trato mucho peor sin visibilidad pública. Inspirándose en el tono espiritual del Adviento, señaló que el mensaje cristiano se basa en el poder de la vulnerabilidad y en la lenta labor de construir la paz sin coerción. Estas reflexiones se hacen eco de las del Papa León XIV, quien ha alentado repetidamente a los líderes venezolanos a buscar una solución justa y estable a la prolongada crisis del país.
Las implicaciones diplomáticas siguen siendo inciertas. La Santa Sede no ha anunciado qué medidas tomará ante la queja formal de la Orden, pero las autoridades eclesiásticas en Venezuela ya han emitido declaraciones de solidaridad. La conferencia episcopal ha solicitado aclaraciones a las autoridades y ha ofrecido oraciones por su colega prelado, subrayando que el asunto plantea no solo preocupaciones eclesiásticas, sino también cuestiones fundamentales sobre el Estado de derecho.
Por ahora, el cardenal Porras permanece en Caracas, privado de sus documentos e incapaz de cumplir con sus obligaciones en el extranjero. Pero las consecuencias de su viaje interrumpido han resonado mucho más allá de la terminal del aeropuerto, ofreciendo otra visión de la incómoda coexistencia entre un gobierno decidido a controlar la disidencia y una Iglesia que sigue hablando abiertamente sobre el declive moral y humanitario de la nación.
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