(ZENIT Noticias / Washington, 24.12.2025).- El gobierno federal de EE. UU. se prepara para redefinir los límites de la medicina pediátrica en una de las áreas más controvertidas de la atención médica contemporánea. El 18 de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., anunció próximas medidas regulatorias destinadas a poner fin a los procedimientos médicos destinados a alterar el sexo de un niño. La justificación ofrecida por el departamento es inequívoca: dichas intervenciones exponen a los menores a daños irreversibles.
El eje central de la iniciativa es un cambio en la forma en que los programas federales de salud definirán los estándares aceptables de atención. El HHS pretende condicionar la participación en Medicare y Medicaid a que los hospitales se abstengan de proporcionar tratamientos relacionados con el cambio de sexo a menores. En la práctica, esta condición afectaría a la gran mayoría de los hospitales estadounidenses, dada su dependencia de la financiación pública. Los centros que deseen permanecer dentro de estos programas no podrán administrar bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas ni procedimientos quirúrgicos diseñados para modificar el cuerpo de un niño para que se alinee con una identidad de género declarada distinta a su sexo biológico.
El anuncio del departamento no plantea el problema como una cuestión política o de identidad, sino como una cuestión de protección infantil y responsabilidad médica. Según el esquema de la política, el gobierno federal busca evitar la complicidad, directa o indirecta, en prácticas que puedan comprometer permanentemente el desarrollo físico de un joven. Los riesgos citados incluyen infertilidad, deterioro de la función sexual, reducción de la densidad ósea y posibles efectos en el desarrollo neurológico, resultados que el departamento caracteriza como graves e irreversibles.
La implementación de la política se llevaría a cabo a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que planean emitir normas adicionales que prohíban la financiación de Medicaid para estos procedimientos en menores de 18 años. Una restricción paralela se aplicaría al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), ampliando el umbral de edad a los 19 años. En conjunto, estas medidas cerrarían efectivamente las vías de financiación federal para los tratamientos pediátricos de transición de género.
Kennedy describió la iniciativa como una obligación moral y gubernamental. Afirmó que la administración, bajo la dirección del presidente Donald Trump, pretende utilizar todos los recursos disponibles para detener lo que denominó prácticas peligrosas e irreversibles que afectan a los niños. El objetivo declarado de la administración es proteger a los más vulnerables, afirmando que los menores merecen protección en lugar de intervenciones médicas experimentales.
El Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS, reforzó este mensaje, argumentando que las normas propuestas aclaran las responsabilidades de larga data dentro de los programas federales de salud. En su opinión, los hospitales que participan en Medicare y Medicaid deben adherirse a estándares de atención basados en la evidencia y evitar procedimientos no comprobados que conllevan riesgos que alteran la vida de los niños. Las regulaciones propuestas, afirmó, alinean la política federal con el deber de priorizar la seguridad y los resultados de salud a largo plazo.
El anuncio se produce poco después de la publicación de una revisión patrocinada por el HHS titulada «Tratamiento para la disforia de género pediátrica: Revisión de la evidencia y las mejores prácticas». Dicho informe examina la literatura médica existente y los datos de reclamaciones de seguros, y concluye que la evidencia que respalda los tratamientos pediátricos de transición de género es débil, mientras que los riesgos asociados son considerables. Según los datos de reclamaciones mencionados en el informe, casi 14.000 menores se sometieron a dichos procedimientos entre 2019 y 2023.
Christine, asesora general adjunta del departamento, subrayó las implicaciones éticas de estos hallazgos. Afirmó que los profesionales médicos tienen la obligación de basarse en pruebas sólidas y abstenerse de intervenciones que puedan causar consecuencias de por vida a los pacientes jóvenes. Desde la perspectiva del departamento, la pubertad es un proceso natural de desarrollo, no una patología que requiera corrección farmacéutica o quirúrgica.
Más allá de la atención hospitalaria, el HHS también anunció medidas de cumplimiento a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La FDA está enviando cartas de advertencia a una docena de fabricantes y minoristas acusados de comercializar ilegalmente fajas pectorales a menores como tratamientos para la disforia de género. Si bien estas prendas de compresión se clasifican como dispositivos médicos de bajo riesgo cuando se utilizan para la recuperación posmastectomía, los reguladores federales argumentan que promocionarlas a menores sanas con fines relacionados con el género viola las regulaciones vigentes.
El HHS también está trabajando para revisar las regulaciones de derechos civiles, aclarando la definición de discapacidad. El cambio propuesto excluiría la disforia de género no arraigada en una discapacidad física, una medida que el departamento considera necesaria para evitar que las leyes antidiscriminación se interpreten como mandatos para procedimientos de transición de género.
El enfoque de la administración ha recibido apoyo de varias organizaciones de defensa y ética. Stanley Goldfarb, presidente de Do No Harm, describió las regulaciones hospitalarias propuestas como una salvaguardia crucial contra lo que denominó una ideología de género perjudicial. Argumentó que los fondos públicos no deberían financiar prácticas médicas que alteren permanentemente el cuerpo de los niños, señalando que varias de las llamadas clínicas de género ya han cerrado a medida que la preocupación por los riesgos a largo plazo ha atraído la atención pública.
Mary Rice Hasson, directora del Proyecto de Persona e Identidad del Centro de Ética y Políticas Públicas, también elogió la iniciativa. Afirmó que las normas propuestas envían una clara señal a los estados y a los profesionales de la salud de que tales intervenciones son poco éticas y peligrosas. En su opinión, las afirmaciones médicas que prometen a un niño escapar de la realidad biológica son fundamentalmente engañosas, ofreciendo solo la ilusión de cambio mientras dañan cuerpos por lo demás sanos.
Los líderes religiosos se han hecho eco de estas preocupaciones, especialmente dentro de la Iglesia Católica. A principios de este año, el obispo Robert Barron, presidente del comité de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos sobre laicado, matrimonio, vida familiar y juventud, celebró la orden ejecutiva del presidente Trump que aborda estos procedimientos. Advirtió que los intentos de cambiar el sexo de un niño se basan en una comprensión errónea de la naturaleza humana y ya han dejado a muchos jóvenes con arrepentimientos duraderos, como la infertilidad y la dependencia de por vida a las terapias hormonales.
Barron argumentó que es inaceptable someter a los niños a intervenciones médicas invasivas en lugar de brindarles una atención que reafirme su dignidad e integre su bienestar físico y psicológico. Sus comentarios reflejan una crítica religiosa más amplia que considera el tema no solo como un debate médico, sino como una cuestión de antropología y responsabilidad moral.
El anuncio del gobierno señala un cambio decisivo en la política sanitaria federal, que prioriza la financiación pública y la autoridad reguladora en una postura clara: en lo que respecta a los niños, el gobierno pretende ser moderado, precavido y ofrecer protección a largo plazo.
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