(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 15.01.2026).- En un país marcado por años de violencia generalizada, la Iglesia católica mexicana se prepara para convocar una de las iniciativas civiles y morales más ambiciosas de su historia reciente. Del 30 de enero al 1 de febrero, más de 1300 líderes de toda la sociedad mexicana se reunirán en Guadalajara para la segunda edición del Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa que los obispos describen no como una conferencia, sino como el inicio de una década decisiva para la nación.
El encuentro tendrá lugar en el ITESO, la universidad jesuita de Guadalajara, y se espera que reúna a 1370 participantes, según un comunicado publicado el 12 de enero por la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). La lista refleja la intención de la Iglesia de trascender los límites eclesiásticos: obispos, sacerdotes y laicos católicos se sentarán junto a víctimas de la violencia, estudiantes universitarios, líderes empresariales, funcionarios públicos, intelectuales, expertos en seguridad y representantes de otras tradiciones religiosas.
La iniciativa es impulsada conjuntamente por la Conferencia Episcopal, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Compañía de Jesús de México. Juntos, buscan algo poco común en la historia moderna del país: un diálogo sostenido y estructurado sobre la paz que vincula la autoridad moral, el análisis social y los compromisos públicos concretos.
El Diálogo Nacional por la Paz tiene sus raíces en un momento de trauma nacional. En junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en Cerocahui, Chihuahua, tras intentar proteger a Pedro Palma, un guía turístico local, de un atacante armado. Los asesinatos conmocionaron al país y expusieron, una vez más, hasta qué punto la violencia criminal había penetrado la vida cotidiana, incluso dentro de los muros de las iglesias.
Según la declaración de los obispos, ese crimen, sumado a «cientos de miles de asesinatos y desapariciones» en todo el país, desencadenó lo que describen como el mayor proceso de escucha en la historia reciente de México. Se realizaron más de 1.000 foros a nivel nacional, recogiendo más de 20.000 testimonios de víctimas, comunidades indígenas, jóvenes, empresarios, académicos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.
De ese proceso surgió la Agenda Nacional de Paz, que los organizadores califican como el diagnóstico más completo y participativo jamás elaborado sobre la crisis de violencia en México. El documento presenta un panorama desolador de vastas regiones donde el Estado ha perdido el control y donde la violencia se ha convertido en la única fuerza gobernante. También insiste en que cualquier estrategia de paz creíble debe partir de la verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas.
“Sin verdad ni justicia para las víctimas, no hay paz para nadie”, han enfatizado repetidamente los participantes durante las etapas preparatorias del diálogo.
El lenguaje de la Iglesia es deliberadamente esperanzador, pero no ingenuo. “México no está condenado a la violencia”, insisten los organizadores. “La paz es posible, se puede medir y debe comenzar hoy”. La próxima reunión en Guadalajara busca traducir esa convicción en compromisos a largo plazo, propuestas políticas y alianzas sociales capaces de sobrevivir a los ciclos electorales y a los cambios de gobierno.
El contexto político sigue siendo complejo. En marzo de 2024, la actual presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Compromiso de la Iglesia por la Paz en la sede del episcopado mexicano. Si bien el gesto fue simbólicamente significativo, Sheinbaum también dejó claro que no estaba de acuerdo con varios puntos del pacto, en particular los relacionados con las evaluaciones de la seguridad pública, la debilidad institucional y lo que la Iglesia ha descrito como la militarización del país. En su opinión, México no estaba experimentando el nivel de crisis que implicaba el documento.
Esta tensión subraya uno de los desafíos centrales que enfrenta el Diálogo Nacional por la Paz: cerrar la brecha entre la experiencia vivida por las comunidades azotadas por la violencia y las narrativas oficiales de las políticas de seguridad. Al reunir a actores que rara vez comparten la misma mesa, la Iglesia se posiciona como mediadora y convocante en un momento en que la confianza en las instituciones sigue siendo frágil.
Sigue siendo incierto si el diálogo logrará influir en las políticas públicas o el comportamiento social durante la próxima década. Lo que está claro es que la Iglesia católica en México está apostando un importante capital moral en la creencia de que la paz no puede decretarse desde arriba ni lograrse sólo con la fuerza, sino que debe construirse con paciencia, a través de la escucha, la rendición de cuentas y la responsabilidad compartida.
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