Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 12.07.2026).- El debate sobre cuestiones de género que ha obstaculizado el consenso en otras partes del sistema de la ONU se hizo presente recientemente en el Consejo de Seguridad cuando este organismo debatió sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS).
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia denunció que los gobiernos restringen los derechos sexuales y reproductivos, excluyen a las mujeres de los espacios de toma de decisiones y legitiman el discurso de odio. En los foros multilaterales, no quieren hablar de género ni de nuestra diversidad.
Las delegaciones coincidieron en que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de la paz y se enfrentan a amenazas y perjuicios únicos en situaciones de conflicto. Sin embargo, los grupos feministas se han valido activamente del derecho humanitario para impulsar el aborto y han utilizado la plataforma Mujeres, Paz y Seguridad, lanzada en 2020 mediante la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, para infiltrar el Consejo de Seguridad con su agenda feminista.
Este esfuerzo se ha visto favorecido por varios informes del Secretario General de la ONU que promueven el aborto como un derecho humanitario.
Sin embargo, como advirtió Kaavya Asoka, directora del Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz y Seguridad, al consejo, existe «una reacción global cada vez más intensa, organizada y bien financiada contra la justicia de género y los derechos de las mujeres».
“Normas internacionales bien establecidas sobre igualdad de género, prevención de la violencia de género, participación de las mujeres y salud y derechos sexuales y reproductivos [SDSR], entre otras cuestiones, fueron cuestionadas repetidamente, revertidas y eliminadas activamente de las decisiones del Consejo”, dijo Asoka, acusando a “varios miembros de este Consejo” de impedirle cumplir con su función.
Aunque Asoka no mencionó nombres, probablemente se refería principalmente a Estados Unidos y Rusia por oponerse a la «salud y los derechos sexuales y reproductivos», ya que esta frase se utiliza para promover el aborto y la ideología de género.
La declaración de Estados Unidos recordó al consejo que, “bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos fue el primer país con una ley integral sobre mujeres, paz y seguridad”, firmada en 2017. La delegada señaló que Estados Unidos sigue siendo “el mayor donante individual al sistema humanitario” y aseguró al consejo que Estados Unidos comprende “la imperiosa necesidad de brindar asistencia para la protección de mujeres y niñas en contextos de conflicto y desastre, en particular aquellas que son víctimas de violencia sexual”.
Varias delegaciones hicieron referencia a sus propios enfoques feministas en política exterior, entre ellas Luxemburgo, que habló en nombre de los «19 miembros del grupo Feminist Foreign Policy Plus». Este grupo ha emitido declaraciones expresando su apoyo al «acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos [SDSR]», a pesar de contar entre sus miembros con países que tienen leyes provida, como Ruanda, Marruecos y Liberia.
A pesar de que solo una fracción de las mujeres se identifica como feminista, se ha convertido en una táctica progresista común en la ONU equiparar a los grupos de mujeres con los grupos feministas.
La declaración de Asoka pedía la inclusión de «los movimientos feministas en todos los niveles de toma de decisiones» e insistía en que «deben establecerse y hacerse cumplir cuotas para la participación de las mujeres».
El grupo de trabajo de ONG representado por Asoka incluye a miembros que se manifiestan abiertamente a favor del aborto, como el Global Justice Center, Amnistía Internacional y la Comisión de Mujeres Refugiadas. También incluye a Outright International, cuya misión es promover los derechos LGBTQ+. Todos sus miembros operan por consenso, lo que significa que apoyan la postura del grupo sobre estos temas controvertidos, independientemente de sus áreas de especialización.
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