Venezuela un mes después del terremoto: la dimensión del desastre y el papel de la Iglesia

(ZENIT Noticias / Caracas, 23.07.2026).- Un mes después del devastador doble terremoto que azotó Venezuela, el país se enfrenta a un segundo desastre: la inmensa y compleja tarea de la reconstrucción.

Los temblores del 24 de junio dejaron al menos 4.118 muertos, dañaron cientos de edificios y evidenciaron la profunda vulnerabilidad de una nación cuya capacidad económica e institucional ya se encontraba bajo una fuerte presión. Los daños se estiman ahora en casi 40.000 millones de dólares, según una evaluación citada por el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

Las primeras cifras oficiales registraron 855 edificios dañados en todo el país, incluyendo 189 que colapsaron por completo. Aproximadamente ocho de cada diez derrumbes se concentraron en el estado costero de La Guaira.

Pero la magnitud real de la destrucción probablemente sea mayor.

 

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Un análisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó los daños directos en aproximadamente 24.000 millones de dólares en edificios públicos y privados, y otros 13.000 millones de dólares en infraestructura. Estas cifras cubren únicamente la destrucción física y no incluyen las pérdidas económicas indirectas causadas por el desastre.

La catástrofe fue particularmente grave a lo largo del corredor costero entre Catia La Mar y Caraballeda. Un estudio de Anova Policy Research, realizado en colaboración con el Laboratorio de Investigación de IA para el Bien Social de Microsoft, utilizó imágenes satelitales de alta resolución e inteligencia artificial para examinar edificios individuales. De las 38.798 estructuras residenciales analizadas, 4.958 (el 12,8 %) presentaban daños visibles. Unas 2.654 (el 6,8 % del total) fueron clasificadas como gravemente dañadas o destruidas.

El estudio estima que aproximadamente 73.500 personas vivían en edificios con algún grado de daño, mientras que alrededor de 37.600 residían en estructuras con graves daños estructurales o colapso.

La destrucción no puede explicarse simplemente por la distancia del terremoto al epicentro. Según especialistas en ingeniería, el segundo terremoto, de magnitud 7,5 en la falla de San Sebastián, produjo una ruptura inusualmente extensa y una fuerte directividad de oeste a este a lo largo de la costa. La geología de la zona incrementó el peligro: grandes áreas urbanas se construyeron sobre profundos depósitos aluviales, en algunos lugares de entre 50 y más de 100 metros de espesor, capaces de intensificar la actividad sísmica y de sufrir licuefacción.

La antigüedad y el estado de los edificios añadieron otro grado de vulnerabilidad. Gran parte del parque de viviendas costeras se construyó entre las décadas de 1950 y 1980, mientras que años de mantenimiento insuficiente, la aplicación inconsistente de las normas sísmicas y la densificación urbana descontrolada aumentaron los riesgos.

La lección es contundente. Un desastre natural puede desencadenar la destrucción, pero la magnitud de la tragedia humana también está determinada por decisiones tomadas mucho antes de que comience el sismo.

Por eso, la reconstrucción que enfrenta Venezuela no puede consistir simplemente en reemplazar lo que se derrumbó en los mismos lugares y con los mismos estándares. Los expertos en ingeniería consultados identifican cuatro prioridades esenciales: reasentamiento planificado y selectivo, refuerzo de los edificios que sobrevivieron, actualización de las normas de construcción y un sistema de financiamiento y gobernanza creíble.

El desafío financiero por sí solo es enorme. Se estima que reconstruir la infraestructura de vivienda dañada a lo largo del corredor costero costará aproximadamente 2370 millones de dólares, lo que equivale a entre el 2 y el 3 por ciento del producto interno bruto nominal de Venezuela. Esta estimación no incluye la infraestructura pública, los servicios básicos, las pérdidas económicas, la demolición ni la remoción de escombros.

Los expertos advierten que la magnitud de la destrucción supera la capacidad fiscal interna del país. Por lo tanto, el financiamiento multilateral, los fondos específicos para la reconstrucción y los mecanismos de cofinanciamiento público-privado serán indispensables.

La Iglesia, por su parte, afronta el desastre no solo como proveedora de consuelo espiritual, sino también como una comunidad cuyos propios edificios e instituciones han sufrido daños.

De las más de 100 iglesias de la Arquidiócesis de Caracas, al menos 25 sufrieron daños de diversa gravedad. En la mayoría de ellas, las misas se han trasladado al exterior por motivos de seguridad. La prioridad, según ha recalcado el vicario general de la arquidiócesis, es no exponer a los feligreses a peligros innecesarios.

Entre los edificios más afectados se encuentran la Iglesia de San José de Ñaraulí, donde se derrumbó un lateral completo de la nave, y la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Pagüita, junto con su escuela parroquial contigua. La Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia y la Catedral de Caracas también sufrieron daños significativos. De las 25 iglesias afectadas, se estima que entre ocho y diez presentan daños graves.

El problema no es meramente religioso. Varios de estos edificios son monumentos nacionales o sitios de patrimonio histórico. Por lo tanto, su reconstrucción requerirá un equilibrio entre la seguridad, la ingeniería estructural y la preservación de la memoria arquitectónica y cultural de Venezuela.

Un mes después del desastre, los obispos venezolanos han enmarcado la reconstrucción del país dentro de un contexto moral más amplio. En su mensaje, titulado “Samaritanos, Testigos de Esperanza”, hacen un llamado a una reconstrucción rápida y profunda que brinde a los desplazados viviendas dignas y trabajo, así como apoyo espiritual y psicológico.

Pero los obispos también lanzan una advertencia: la reconstrucción no debe convertirse en una oportunidad para la corrupción, la manipulación política ni la repetición de la negligencia que contribuyó a dejar desamparadas a las poblaciones vulnerables.

Los desastres naturales no se pueden prevenir, argumentan, pero las instituciones públicas tienen el deber de prepararse para ellos. Por lo tanto, el proceso de reconstrucción debe corregir los errores del pasado en lugar de reproducirlos.

A Catholic priest comforts Carlos Berroterán beside the body of his niece, Manuela Solórzano, 17, recovered from the rubble of their home three weeks after it collapsed during the earthquakes that struck La Guaira, Venezuela, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Este llamado es especialmente significativo en un país ya agobiado por profundas dificultades sociales y económicas. Los obispos afirman que la reconstrucción no debe olvidar a otros grupos que sufren pobreza y exclusión, incluidos los presos políticos, los trabajadores y pensionistas con ingresos extremadamente bajos, los enfermos y los migrantes.

Su mensaje se basa en la parábola del Buen Samaritano, pero no es un llamado a la caridad pasiva. Ser un «samaritano» tras el terremoto significa compartir el sufrimiento ajeno y asumir la responsabilidad de aliviarlo.

Los obispos han elogiado la solidaridad mostrada por los venezolanos de a pie, en particular por los pobres, a quienes describen como algunos de los primeros y más generosos rescatadores. También han honrado a quienes arriesgaron sus vidas buscando supervivientes entre las ruinas, así como a los rescatistas y voluntarios, tanto nacionales como extranjeros, que cruzaron fronteras para ayudar.

Esa solidaridad se ha convertido en uno de los pocos destellos de esperanza en una catástrofe que ha puesto al descubierto tantas debilidades institucionales.

Los obispos también han rechazado los intentos de presentar los terremotos como un castigo divino. En un país que se pregunta dónde encontrar a Dios en medio de tanta angustia, su respuesta es que Dios está presente con las víctimas y en quienes acuden en su ayuda.

La pregunta ahora es si Venezuela podrá transformar ese espíritu de solidaridad en una reconstrucción capaz de proteger vidas en el futuro.

El desafío de ingeniería es inmenso. Los obstáculos financieros son formidables. Las condiciones institucionales son frágiles. Pero la alternativa es clara: reconstruir rápidamente sin corregir las deficiencias que hicieron que el desastre fuera tan devastador solo preservaría las condiciones para otra tragedia.

El terremoto ha destruido hogares, iglesias e infraestructura. La respuesta de Venezuela determinará si también marca el inicio de un enfoque más responsable en materia de planificación urbana, normas de construcción y seguridad pública.

Para la Iglesia Católica, la tarea es tanto práctica como espiritual: preservar sus lugares de culto históricos en la medida de lo posible, seguir acompañando a los heridos y a los deudos, y permanecer al lado de una población que debe reconstruir no solo sus ciudades, sino también su confianza.

La verdadera prueba de la reconstrucción, por lo tanto, no será la rapidez con que desaparezcan las ruinas, sino si las personas que regresen a las ciudades reconstruidas estarán más seguras que quienes vivían allí antes del 24 de junio.

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