(ZENIT Noticias / París, 17.07.2026).- Francia ha dado un paso decisivo hacia la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, pero el debate más trascendental del país sobre el final de la vida aún no ha concluido.
El 15 de julio, la Asamblea Nacional aprobó la legislación por 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones, tras más de dos años de conflicto parlamentario y cuatro votaciones separadas en la cámara baja. El Senado rechazó la medida en tres ocasiones, pero un mecanismo constitucional permitió a la Asamblea Nacional darle la aprobación final sin necesidad del acuerdo del Senado.
El primer ministro Sébastien Lecornu ha remitido ahora la legislación al Consejo Constitucional, que examinará varias de sus disposiciones más controvertidas antes de su promulgación.
La votación cumplió un importante compromiso político del presidente Emmanuel Macron, quien había prometido durante su campaña presidencial de 2022 abrir el camino a la muerte asistida. Macron declaró tras la votación que había cumplido esa promesa mediante un proceso democrático llevado a cabo con seriedad y respeto.
Sin embargo, la reducción de las mayorías parlamentarias revela otra parte de la historia. El proyecto de ley recibió 305 votos a favor y 199 en contra en mayo de 2025, 299 a favor y 226 en contra en febrero de 2026, y 295 a favor y 232 en contra en junio. Su aprobación final, con 291 votos a favor y 241 en contra, se produjo tras años de oposición por parte de senadores, médicos, profesionales sanitarios, grupos de la sociedad civil y líderes religiosos.
Esta legislación supone un cambio radical respecto al marco jurídico francés anterior.
Según la Ley Leonetti de 2005, los pacientes podían rechazar tratamientos considerados irrazonables y los médicos podían permitir que una persona con una enfermedad terminal muriera sin prolongar artificialmente el proceso de morir. Desde 2016, la legislación francesa también permite la sedación profunda continua en determinadas circunstancias para pacientes terminales.
La nueva legislación va aún más allá. Esta ley establece un marco jurídico que permite a un adulto solicitar asistencia para morir si es ciudadano francés o residente legal estable, padece una enfermedad grave e incurable, avanzada y potencialmente mortal, sufre un sufrimiento físico o psicológico insoportable o resistente al tratamiento, y es capaz de tomar una decisión libre e informada.
Se excluye el sufrimiento psicológico aislado.
El procedimiento habitual exige que el paciente se administre personalmente la sustancia letal. Si la persona no puede hacerlo físicamente, un médico o enfermero podrá administrársela. El médico solicitante debe tomar una decisión en un plazo de 15 días, y el paciente debe confirmar la solicitud tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.
La legislación evita deliberadamente los términos «eutanasia» y «suicidio asistido», optando en su lugar por la expresión más aceptable políticamente: «asistencia para morir». Quienes la apoyan argumentan que la terminología refleja un procedimiento médico cuidadosamente regulado, en lugar de una autorización ilimitada para matar.
Los críticos responden que la realidad jurídica es más importante que el vocabulario. Sostienen que, cuando un profesional sanitario puede administrar directamente una sustancia letal a un paciente, la ley entra en el terreno de la eutanasia, independientemente de la terminología elegida.
Los obispos franceses han manifestado su oposición con igual claridad.
La Conferencia Episcopal Francesa calificó la votación como un punto de inflexión crucial, argumentando que la ley rompe con una larga tradición de cuidados cuyo propósito ha sido aliviar el sufrimiento y acompañar a las personas hasta su muerte natural.
La preocupación de los obispos no se limita a la aplicación inmediata de la ley. Temen que sus consecuencias culturales puedan alterar gradualmente la percepción que la sociedad tiene de la vejez, la discapacidad, la enfermedad y la dependencia.
Advierten que los más vulnerables podrían ser, en última instancia, los menos libres. Una persona mayor que vive en la pobreza podría sentir la presión de morir antes que convertirse en una carga para sus hijos o nietos. La Iglesia también señala la posibilidad de que los criterios de elegibilidad se amplíen con el tiempo, mientras que la inversión en cuidados paliativos pierde urgencia política.
La Academia Pontificia para la Vida ha expresado una preocupación similar, haciendo especial hincapié en la respuesta humana al sufrimiento.
El padre Andrea Ciucci, secretario de la Academia, argumentó que se debe ayudar a todos a morir en el sentido de que nadie debe ser abandonado en el momento de la muerte. Pero, insistió, esto debe significar ayudar a las personas a vivir plenamente la etapa final de la vida, no provocar la muerte deliberadamente.
Esta distinción es fundamental para la postura católica. La Iglesia no niega la realidad del sufrimiento insoportable, ni considera que una petición de morir sea algo que pueda simplemente desestimarse. Ciucci argumentó que tal petición debe tomarse en serio. Pero la respuesta, sostuvo, debe comenzar por la soledad, el miedo, el dolor y las circunstancias sociales de la persona, en lugar de tratar la muerte como la solución.
Por lo tanto, los obispos franceses han vuelto a hacer hincapié en los cuidados paliativos y el acompañamiento personal. Su argumento es que la medicina debe aliviar el dolor sin convertir la muerte voluntaria de un paciente en un servicio médico.
El tratamiento que la legislación da a la objeción de conciencia se ha convertido en otro punto importante de controversia.
Los profesionales sanitarios pueden negarse a participar. Sin embargo, los críticos argumentan que la protección es incompleta. Los farmacéuticos aún pueden tener obligaciones relacionadas con la muerte asistida, mientras que las instituciones cuya identidad religiosa rechaza la eutanasia podrían no estar autorizadas a negarse a participar como instituciones.
Esta cuestión es particularmente significativa para las organizaciones sanitarias católicas y las fundaciones religiosas cuya misión se basa en el cuidado de los enfermos y moribundos, rechazando explícitamente la privación deliberada de la vida.
El obispo Mathieu Rougé de Nanterre, portavoz de los obispos franceses en temas relacionados con el final de la vida, ha argumentado que una institución debe poder preservar su identidad ética. Una cláusula de objeción de conciencia personal, sostiene, no protege adecuadamente a un hospital o centro de atención cuya misión se fundamenta en un compromiso moral contrario.
El Consejo Constitucional examinará ahora varias de estas cuestiones, incluyendo el período de reflexión de dos días, el trato a los adultos bajo protección legal y la obligación impuesta a las instituciones de salud y asistencia social. El Consejo puede ratificar la ley, anular disposiciones específicas o imponer condiciones interpretativas.
Para la Iglesia en Francia, sin embargo, la batalla legal es solo una parte de la respuesta.
Los obispos han hecho un llamado a un compromiso renovado con las personas aisladas, pobres, discapacitadas, ancianas o gravemente enfermas. Su argumento es que una ley no puede, por sí sola, determinar la cultura moral de una nación. Si las personas solicitan la muerte porque se sienten abandonadas, la respuesta debe incluir una sociedad dispuesta a acompañarlas.
Por eso, los obispos han instado a los católicos a responder no solo con la condena, sino con una fraternidad concreta que involucre a familias, profesionales de la salud, voluntarios, parientes, asociaciones y capellanes.
El debate también ha planteado interrogantes sobre el papel de los políticos católicos. Algunos obispos franceses han advertido a los legisladores católicos que votar a favor de una ley que autorice la eutanasia intencional crea una grave contradicción con la doctrina católica fundamental. La cuestión ha generado tensiones incluso en las comunidades locales, donde sacerdotes y políticos han manifestado públicamente su desacuerdo con la legislación.
La controversia adquirirá una nueva dimensión a finales de este año, cuando se espera la visita del Papa León XIV a Francia. Es probable que los católicos franceses que se oponen a la ley busquen en el Papa una defensa clara del derecho a la vida y un estímulo para acompañar a las personas vulnerables.
La nueva ley francesa, si supera el control constitucional, situará al país entre un número creciente de naciones que permiten alguna forma de muerte asistida, como Bélgica, los Países Bajos, España, Suiza, Canadá y Uruguay.
Pero la decisión de Francia también revela la cuestión sin resolver que subyace a la legislación: si la mejor respuesta al sufrimiento se expresa ofreciendo la muerte como una opción legalmente reconocida, o construyendo una sociedad en la que nadie concluya que la muerte es preferible porque la atención médica, la familia o la comunidad han fallado.
Los obispos han elegido su respuesta. Insisten en que la fraternidad debe estar al servicio de la vida, no de la muerte.
La decisión final corresponde ahora al Consejo Constitucional. Sin embargo, la cuestión cultural más profunda seguirá vigente mucho después de que los jueces hayan dictado sentencia: cuando una sociedad legaliza el poder de acabar con una vida en respuesta al sufrimiento, ¿puede garantizar que la elección siempre será totalmente libre, o los más débiles acabarán descubriendo que lo que la ley presenta como un derecho puede empezar a sentirse como una obligación?
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