(ZENIT Noticias / Washington, 17.10.2026).- El presidente Donald Trump ha dado marcha atrás en los planes de su administración de transmitir la ejecución de Nidal Malik Hasan, el ex psiquiatra del ejército responsable de la masacre de Fort Hood en 2009, tras las fuertes objeciones de obispos católicos y las críticas de legisladores de ambos partidos. En una publicación de Truth Social el 15 de octubre, Trump confirmó que la ejecución se llevaría a cabo por fusilamiento el 3 de diciembre, pero aclaró que no se transmitiría en directo, reconociendo que muchos estadounidenses preferirían no presenciar la muerte de un condenado.
Esta decisión supone un retroceso respecto a una propuesta que había provocado una respuesta inusualmente contundente de la Iglesia Católica, que cuestionó no solo el espectáculo público propuesto, sino también las implicaciones morales de la pena capital.
Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, Trump había aprobado la ejecución de Hasan el 5 de octubre. Tres días después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una entrevista con Real America’s Voice que la ejecución se transmitiría en directo desde Fort Hood, en Killeen, Texas, donde Hasan perpetró el ataque. El tiroteo dejó 14 muertos, entre ellos un feto, y 32 heridos.
Inicialmente, Trump defendió la transmisión como un posible elemento disuasorio, argumentando que permitiría al mundo presenciar el trato que Estados Unidos da a los terroristas condenados. Sin embargo, el 15 de octubre reconoció que muchas personas de buena voluntad no querrían ver morir a Hasan, ni en persona ni a través de una pantalla. También afirmó que se permitiría la presencia de los familiares directos de las víctimas en la ejecución.
La decisión de no transmitir la ejecución públicamente no modifica la fecha anunciada, pero sí elimina una medida que había generado condena tanto por parte de líderes religiosos como de políticos.
Obispos católicos cuestionan el espectáculo de la ejecución
La oposición de los líderes católicos se basaba en la distinción entre buscar justicia para las víctimas y convertir la muerte de un condenado en un espectáculo público.
El arzobispo Timothy Broglio, jefe de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de EE. UU., se unió a los obispos católicos de Texas en una declaración el 12 de octubre instando a Trump a reconsiderar la propuesta de transmisión en vivo. Broglio describió la posibilidad como un “asesinato bárbaro de nuestros adversarios” y enfatizó la dignidad de toda persona, incluyendo a quienes han sido condenados por crímenes atroces.
También instó al personal militar católico asignado al pelotón de fusilamiento a solicitar la exención de participar, argumentando que llevar a cabo la ejecución entraría en conflicto con la doctrina de la Iglesia.
El obispo Daniel García de Austin, cuya diócesis incluye Fort Hood, advirtió que la transmisión pública de la muerte de Hasan la convertiría en un espectáculo. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., también expresó su “conmoción y profunda tristeza” por el plan original del gobierno en una declaración emitida el 9 de octubre.
El Vaticano también intervino. El 9 de octubre, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, calificó de inaceptable la transmisión en directo propuesta y cuestionó por qué alguien recurriría a tal método en la era moderna.
Al día siguiente, en la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el papa León XIV reiteró la postura de la Iglesia en un mensaje en redes sociales: «La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona».
La declaración del Papa refleja la doctrina revisada de la Iglesia Católica sobre la pena capital, expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica en 2018. La Iglesia sostiene que la dignidad humana no desaparece ni siquiera después de que una persona comete un delito grave, y que los sistemas penales modernos pueden proporcionar medios eficaces para proteger a la sociedad sin ejecutar a los delincuentes.
Esta postura no niega la gravedad de los crímenes de Hasan ni el sufrimiento infligido a las víctimas y sus familias. Más bien, rechaza la idea de que la justicia requiera quitar deliberadamente la vida a otra persona cuando la sociedad puede protegerse por otros medios.
Críticas bipartidistas a la transmisión propuesta
La propuesta de transmisión en vivo también recibió críticas fuera de los círculos católicos, lo que puso de manifiesto un raro punto de acuerdo entre oponentes políticos.
El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte condenó la idea, argumentando que las ejecuciones públicas están asociadas con dictaduras opresivas como las de Irán y Afganistán. Calificó la propuesta de profundamente repugnante.
El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, también denunció el plan, calificándolo de «repugnante» y «medieval». Sus objeciones reflejaban la preocupación de que la transmisión en directo de una ejecución socavaría la dignidad del proceso judicial en lugar de fortalecer la confianza pública en la justicia.
La decisión de Trump de abandonar la transmisión en directo elimina el elemento más controvertido del plan, pero no resuelve la disputa más amplia sobre la pena capital.
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