(ZENIT Noticias / Luxemburgo, 09.09.2026).- Una disputa sobre un único registro bautismal en Bélgica podría obligar pronto al máximo tribunal europeo a abordar una cuestión con consecuencias que van mucho más allá de un ex católico: ¿puede la legislación de protección de datos exigir a la Iglesia que elimine el registro histórico de un sacramento?
El caso, que actualmente se encuentra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, ha llevado a los obispos europeos a advertir que la cuestión afecta no solo al derecho a la privacidad, sino también a la libertad institucional de las comunidades religiosas para autogobernarse y preservar la expresión visible y legal de sus creencias.
La disputa comenzó cuando una persona que deseaba abandonar la Iglesia Católica solicitó a la Diócesis de Gante que eliminara toda su información personal de los archivos de la Iglesia, incluido el registro bautismal. La solicitud, realizada el 25 de marzo de 2021, invocó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y su llamado derecho de supresión.
La diócesis se negó a destruir la inscripción bautismal. En cambio, el 2 de abril de 2021, se añadió una anotación indicando que la persona había abandonado la Iglesia, marcando la entrada original con dos líneas diagonales. Para la diócesis, esto preservaba un hecho histórico a la vez que registraba la decisión del individuo de romper su vínculo con la Iglesia.
La persona no quedó satisfecha y apeló ante la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica. El 19 de diciembre de 2023, la autoridad ordenó a la Diócesis de Gante que eliminara los datos, aceptando que la Iglesia tenía motivos para conservar los registros bautismales, pero concluyendo que, en este caso, los intereses del individuo tenían prioridad.
La diócesis apeló. En diciembre de 2024, el Tribunal de Apelación de Bruselas remitió cinco cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, preguntando, entre otras cosas, cómo debe conciliarse la legislación europea de protección de datos con la libertad religiosa y si una anotación que indique que alguien ha abandonado la Iglesia puede equivaler a la eliminación de datos personales.
El caso, registrado como C-12/25, se ha convertido en una prueba de la relación entre dos principios fundamentales del derecho europeo: la protección de datos personales y la autonomía de las instituciones religiosas.
Para la Iglesia Católica, la principal dificultad reside en que un registro bautismal no es simplemente una base de datos de miembros. Esta distinción es el eje central de un documento de posición de 15 páginas publicado por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea a principios de septiembre.
Los obispos argumentan que los registros bautismales son constancias de hechos históricos e instrumentos esenciales de prueba dentro del ordenamiento jurídico de la Iglesia. No se limitan a indicar si una persona se considera actualmente católica practicante.
Una persona puede dejar de practicar la fe o abandonar formalmente la Iglesia, pero la Iglesia no puede alterar el hecho de que fue bautizada. La doctrina católica sostiene que el bautismo deja una huella espiritual indeleble y no puede repetirse ni anularse.
Esta convicción también tiene consecuencias prácticas. Los registros bautismales se utilizan en numerosos asuntos relacionados con la vida sacramental de los católicos, incluyendo la confirmación, el matrimonio y la profesión religiosa. Eliminar una entrada podría, por lo tanto, generar serias dificultades para establecer hechos que sigan siendo legalmente relevantes dentro de la Iglesia.
La COMECE advierte que obligar a la Iglesia a borrar dichos registros equivaldría a más que regular la gestión de una base de datos. Podría obligar a una comunidad religiosa a cambiar la forma en que entiende y registra uno de sus sacramentos centrales.
Los obispos europeos argumentan que «exigir a la Iglesia Católica que elimine los datos contenidos en los registros bautismales constituiría una grave injerencia en la autonomía de la Iglesia y en su libertad religiosa institucional».
Los obispos también rechazan la sugerencia de que los registros bautismales deban considerarse listas de miembros activos. Durante una audiencia ante el Tribunal Europeo el 30 de junio, surgieron dudas sobre si la anotación de Gante que describe a una persona como exmiembro de la Iglesia podría implicar que los registros bautismales funcionan como listas de miembros.
La COMECE insiste en que tal conclusión sería errónea. El propósito del registro, afirma, es documentar la administración de un sacramento, no medir el compromiso religioso actual de una persona.
Esta distinción es importante porque aceptar la interpretación opuesta podría generar una comprensión errónea del bautismo. La Iglesia teme que borrar las anotaciones bautismales pueda sugerir que el sacramento es opcional, repetible o reversible según cambios posteriores en la convicción personal.
Existe otra complicación: los registros bautismales no solo conciernen a la persona bautizada. También pueden contener información sobre los padres, los padrinos y el ministro que administró el sacramento. La COMECE argumenta que cada una de estas personas puede tener un interés independiente y legalmente protegido en preservar la integridad del registro histórico.
Las consecuencias pueden extenderse más allá de la administración eclesiástica. Los obispos señalan situaciones en las que los registros bautismales han servido como prueba en asuntos civiles. En Irlanda, por ejemplo, los certificados de bautismo pueden aceptarse como prueba de nacimiento cuando los registros civiles han sido destruidos. En Chipre, dichos registros se han utilizado en disputas familiares relacionadas con la propiedad.
Su conservación también puede ser importante en los procedimientos matrimoniales. La COMECE cita casos en los que la ausencia de un registro bautismal podría destruir pruebas relevantes para determinar los derechos de una persona en los procedimientos eclesiásticos relativos al matrimonio.
Los obispos europeos reconocen que la notación específica utilizada por la Diócesis de Gante «no era la ideal» y no representaba las prácticas seguidas en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, insisten en que las deficiencias de una fórmula en particular no deben llevar a los tribunales a redefinir por completo la naturaleza de los registros bautismales.
El panorama jurídico general no siempre ha sido uniforme. Las autoridades nacionales y los tribunales de Europa han llegado a conclusiones diferentes sobre la conservación de los registros religiosos, lo que hace que el caso de Luxemburgo sea potencialmente significativo para las diócesis de toda la Unión Europea.
Se espera que el Abogado General emita un dictamen formal el 1 de octubre de 2026. Si bien dicho dictamen no será vinculante, podría influir en la sentencia final del tribunal, prevista para finales de 2026 o principios de 2027.
Para la COMECE, la cuestión trasciende el lenguaje técnico de la protección de datos.
El caso plantea hasta qué punto un ordenamiento jurídico laico puede exigir a una comunidad religiosa que modifique los registros mediante los cuales conserva y expresa su propia comprensión de la fe.
Nadie discute que las personas son libres de abandonar la Iglesia Católica o rechazar sus creencias. Esa libertad es, en sí misma, un aspecto esencial de la libertad religiosa. Pero la libertad de abandonar una comunidad religiosa plantea una cuestión distinta a la de si se puede obligar a dicha comunidad a borrar las pruebas históricas de que tuvo lugar un acto sacramental. Ese es el límite que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá ahora definir.
Su fallo podría determinar no solo qué sucede con una partida de bautismo en Gante, sino también cómo Europa equilibra la protección de datos personales con el derecho de las iglesias y otras comunidades religiosas a preservar su historia, gobernar su vida interna y permanecer fieles a las creencias sobre las que se fundamentan sus instituciones.
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